La consolidación de la participación ciudadana a través de los órganos jurisdiccionales. El caso de la política pública de salud
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Revista de Ciencia Política y Gobierno; Vol. 6, Núm. 11 (2019): Participación ciudadanaAbstract
El Estado peruano no ha sabido ser suficientemente efectivo en los ámbitos administrativo, jurídico ni financiero para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Así, las distintas amenazas o vulneraciones a estos están permitiendo crear un canal —inicialmente no contemplado ni regulado en nuestra legislación y práctica jurídica— para que la población pueda erigirse como actor promotor o inductor del cambio social mediante los tribunales o cortes de justicia. De esta forma, junto con los jueces, los diversos activistas civiles participan más dinámicamente al tomar la iniciativa e intentar lograr esa «transformación» que tanto exigen los distintos grupos que configuran nuestra plural sociedad, con lo cual se adelantan a las figuras tradicionales de participación democrática. Esto es claramente observado en el actuar del Tribunal Constitucional Peruano y en las cortes o juzgados de justicia especializados, pero en el presente artículo el análisis se centrará en la política pública de salud esgrimida por el máximo órgano constitucional. The Peruvian State has not managed to guarantee effectively the fundamental rights of individuals, either administratively, legally or financially. Thus, the different threats to or violations of human rights, has led to the formation of a channel —initially not contemplated or regulated in our legislation and legal practice— that allows the population to become a promoter or inducer of social change through the courts of Justice. In this way, together with the judges, various civil society activists participate more actively in leading initiatives to try to achieve that «transformation» that the different groups that make up our plural society so much demand, thus advancing the traditional means of democratic participation. This is clearly observed in the actions of both the Peruvian Constitutional Court and the specialized Courts of Justice, but in this article we focus on the analysis of the public health policy wielded by Peru’s highest constitutional body.