Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    En defensa del derecho a un plazo razonable: postulación de contenidos a criterios jurisprudenciales utilizados para el otorgamiento de un plazo suplementario de investigación
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-25) Orrillo Moreno, Ana Vanessa; Rodríguez Castro, Carolina Soledad
    El plazo suplementario de la investigación en el proceso penal, permite que, ante una oposición al requerimiento de sobreseimiento, el Juez amplié dicho plazo de forma excepcional; y ello debería ser otorgado previa evaluación de los criterios jurisprudenciales para determinar si se ha vulnerado o no el derecho a un plazo razonable. Sin embargo, advirtiéndose que el criterio denominado “evaluación de la gravedad del daño”, no se encuentra debidamente delimitado es que la presente investigación busca precisar el tipo de daño a tomar en cuenta; así también, incorporar el criterio “conducta de los representantes del Ministerio Público” por cuanto no es posible que se limite solo a la conducta de las autoridades judiciales, cuando el plazo de investigación en el proceso penal, está dirigido por el representante del Ministerio Público.
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    El desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de residencia como causales de inadmisión de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz”
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-17) Vera Valle, Manuel Steven; Rodríguez Castro, Carolina Soledad
    La lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” es un procedimiento excepcional del juicio oral sujeto a las causales previstas en los literales c) y d) del numeral 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal. Al respecto, en esta investigación sostengo que el desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de residencia, pese a estar contempladas en el precepto procesal antes citado, son inaplicables sobre el “testigo-colaborador eficaz”, ya que afectan los derechos a contrainterrogar y la regla de prueba plenaria de los delatados. Por lo anterior, considero inadmisible la lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” amparada en dichas circunstancias. Adicionalmente, estimo inaplicable la sentencia Al Khawaja y Tahery vs. Reino Unido en esta discusión. Finalmente, expongo las consecuencias prácticas de la postura defendida.
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    La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoria
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-20) Cueva Morales, Carlos; Padilla Alegre, Vladimir Katherniak
    El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú), excepcionalmente, cuando estime, de manera muy preliminar, que determinados activos provienen de o están vinculados a actividades de lavado de activos. Se trata de una disposición en la que, sin mandato judicial, pero de manera sustentada, una autoridad administrativa ordena a las entidades financieras y otros sujetos obligados congelar los fondos de una persona natural o jurídica incluida en una investigación de la UIF Perú o del Ministerio Público. Esta medida está sujeta a convalidación judicial, en el brevísimo plazo de 24 horas. La finalidad del CAF es detener el flujo de los fondos que puedan estar vinculados a actos de lavado de activos, así como preservar los elementos de prueba para el correspondiente proceso de investigación y dar la oportunidad al Ministerio Público para que solicite al Poder Judicial la imposición de medidas de coerción sustitutorias. En el presente trabajo se sostiene que, si bien el CAF supone la afectación al derecho de propiedad, dicha afectación es parcial y se justifica en el marco del esfuerzo que debe desarrollar el Estado para la investigación y represión del del delito de lavado de activos. Por otro lado, existen justificadas razones para que el procedimiento de emisión del congelamiento de fondos y su convalidación judicial se lleve a cabo inaudita pars respecto de las personas afectadas con dicha medida. Finalmente, al amparo de tratados internacionales, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal y demás normativa aplicable, las personas afectadas con una medida de CAF tienen el derecho a tomar conocimiento de dicha medida y a ejercer su derecho de defensa, a través del recurso de apelación de la resolución judicial que dispone la convalidación del congelamiento. En tal supuesto, dicha apelación no debe sino revisar los aspectos específicamente señalados en la ley que regula el CAF, como condición necesaria para su emisión, sin entrar a un debate probatorio. Por otro lado, en caso de denegatoria de la convalidación judicial del CAF, la UIF Perú tiene legitimidad para apelar dicha decisión.
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    Características del procedimiento de revisión de sentencias para condenar al absuelto en primera instancia, sin vulnerar el principio de la pluralidad de instancias
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-05-08) Huarco Ccama, Rosa Maria; Rojas Rodríguez, Héctor Fidel
    Resulta necesario establecer las características del procedimiento de revisión de sentencias para condenar al absuelto en Primera Instancia, sin vulnerar el principio de la pluralidad de instancias; ya que, a la fecha existe una dicotomía entre lo señalado en el Código Procesal Penal de 2004 y el Código de Procedimientos Penal de 1940. Por un lado, el Código Procesal vigente, en su artículo 409° y 425° inciso 3) literal b) refiere que la Sala Penal Superior, conoce el recurso de apelación de una sentencia absolutoria propuesta por el representante del Ministerio Público, declarando la nulidad, confirmando, revocando, y dictando una sentencia condenatoria imponiendo sanciones y la respectiva reparación civil que resultare razonable. Por otro lado, el Código de Procedimientos Penales, en su vetusto cuerpo normativo establecía que, si la sentencia absolutoria era contraria a los intereses del Estado, se elevaba de oficio a la Corte Suprema, al margen de que el condenado interpusiese o no recurso de nulidad, donde la Corte Suprema, incluso podía tener la facultad de elevar la pena impuesta en su primer juzgamiento. De modo que, de ambas normas procesales se advierte que persiste vicios procesales, al vulnerar el derecho fundamental a la doble instancia, ya que no se garantiza que un tribunal diferente al primigenio revise la imposición de una condena o sanción punitiva, a fin de hacer efectiva la concretización del principio de la pluralidad de instancia, o doble conformidad. Por ello, es indispensable que se concreticen determinadas características en la revisión de sentencias para condenar al absuelto en primera instancia, sin llegar a vulnerar el principio fundamental de la pluralidad de instancias; lo cual implicara que se establezca un escenario de juicio estelar, con la concretización de los principios que rigen en juicio oral de primera instancia.
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    El delito de colusión: La prueba por indicios de la concertación y el estándar probatorio
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-09) Maldonado Mallqui, Lesly Mattof; Díaz Castillo, Ingrid Romina
    El presente artículo busca analizar la concertación, uno de los elementos estructurales del delito de colusión, desde sus aspectos teóricos, probatorios y valorativos, lo cual nos permitirá conocer y abordar la problemática y dificultad de persecución de este delito; considerando además que, es un delito contra la administración pública, los cuales se caracterizan por su clandestinidad y gran complejidad probatoria. En esa línea de ideas, la prueba indiciaria se presenta como un recurso idóneo para enfrentar tal complejidad. No obstante, su uso requiere de estricta observancia; puesto que, de lo contrario no podrá consolidarse la fuerza probatoria necesaria para acreditar la concertación. En ese sentido, este artículo busca brindar una somera orientación a las partes procesales sobre cómo entender, recopilar y ofrecer la prueba indiciaria suficiente para consolidar un argumento probatorio respecto de la concertación. Comenzaremos sentando las bases y requerimientos de probanza con respecto a la concertación para luego proceder conociendo el estándar probatorio establecido en Perú, con respecto a este elemento estructural. Asimismo, procuraremos presentar al lector un estándar probatorio basado en requisitos metodológicos que puedan brindar a la judicatura herramientas para considerar que han alcanzado un estándar probatorio que permita enervar la presunción de inocencia o; por el contrario, concluir que el acervo probatorio no ha sido suficiente para acreditar la concertación en el delito de colusión.
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    Afianzamiento del rol del personal policial en la Investigación Preliminar para fortalecer la Metodología de Investigación de la PNP, en el marco del nuevo modelo procesal penal
    (Pontificia Universidad Católica del Perú., 2022-09-28) Bustamante Baca, Roger Arturo; Peirano Torriani, Giofianni Diglio
    Los efectivos policiales no pueden realizar análisis ni conclusiones en el actual modelo de Informe Policial, por lo cual no pueden concluir con su ciclo metodológico de investigación; esta situación ha propiciado una serie de discrepancias funcionales con los fiscales, sobre todo en lo relacionado con la interoperatividad funcional, por cuanto los fiscales prescinden en muchos del personal policial en la labor de investigación criminal; contexto que se ha agudizado aún más por la deficiente capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en la investigación preliminar. Se presenta como problema de investigación: “La deficiente capacitación del personal policial, en torno al rol que le corresponde en la Investigación Preliminar, menoscaba la Metodología de Investigación Policial, en el contexto del nuevo proceso penal”. Una eficiente y adecuada capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en esta etapa, afianzará la función constitucional de investigar y la capacidad operativa de la PNP, generando un impacto positivo en la lucha contra la criminalidad. Se han considerado cuatro dimensiones en la arquitectura del problema: sobre la labor policial; sobre el proceso de capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar; sobre la metodología de investigación policial en el marco de la investigación preliminar y; sobre la interoperatividad entre fiscales y policías en la investigación preliminar. De igual forma, se establecieron tres causas principales sobre el problema de investigación: la abstención de la PNP, en el nuevo Código Procesal Penal, para calificar jurídicamente los hechos que investiga; las incapacidades técnicas del recurso humano policial para el ejercicio de su rol en la investigación preliminar; la inadecuada interoperatividad funcional entre la PNP y el Ministerio Público en torno a la investigación preliminar. El problema de investigación fue reformulado en el siguiente contexto: “Los efectivos policiales requieren mejorar sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, porque actualmente tienen problemas en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal”; asimismo, al reflexionar sobre el problema reformulado se estableció el siguiente desafío de innovación: ¿Cómo podemos mejorar las capacidades técnicas del iii personal policial en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, para fortalecer la metodología de investigación policial, en el contexto del nuevo proceso penal, a través de un proceso tecnológico, educativo, inteligente y dinámico? Se indagó sobre tres experiencias internacionales relacionadas que permitieron concentrar ideas de cómo dar viabilidad al proyecto innovador, con miras a mejorar la capacitación del personal policial en cuanto a sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, con la finalidad de fortalecer la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal. El prototipo innovador fue testeado, culminándose la versión final en alta resolución. Este prototipo será desplegado en la nube de Amazon, usando AWS, a través de una multiplataforma adaptable a cualquier dispositivo móvil y un acceso URL. El personal podrá aprovechar las bondades de este prototipo con un simple acceso desde su celular, tablet, laptop o cualquier otro dispositivo móvil de comunicación. Este nuevo proceso educativo también permitirá elevar la imagen y prestigio de la PNP, y recuperar la confianza de la población. Como conclusión, se establecerá que el presente proyecto de innovación contribuirá en la mejora del desempeño del personal policial en la investigación preliminar y en el contexto de la lucha contra la criminalidad, en torno a sus capacidades, habilidades y conocimientos especializados. Por último, se anexa al presente trabajo de investigación el “Manual para capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar, en el contexto del nuevo proceso penal”, como un aporte y contribución personal a la institución policial, en aras de superar los problemas suscitados en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal, y poder brindar a los efectivos policiales un instrumento formal que les sirva para el debido cumplimiento de su misión.
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    El control del juez de los acuerdos arribados en el marco de la conclusión anticipada
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-05) Lopez Lopez, Renzo Saul; Quispe Meza, Daniel Simón
    Este artículo tiene como objetivo analizar los límites del control judicial sobre los acuerdos arribados por las partes dentro de la conclusión anticipada, específicamente, en el supuesto en que el juez rechaza la pena consensuada para establecer una superior, para ello, en base a una metodología dogmática, se ha hecho una revisión de la doctrina, legislación y jurisprudencia vinculada con dicha institución procesal. En esa línea, este trabajo académico se divide en tres partes. En primer lugar, se analizará la figura de la conclusión anticipada para entender sus principales características dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que ahondaremos en su naturaleza jurídica, tipología, regulación y diferencias y similitudes que tengan con otras figuras procesales. En segundo lugar, se hace una revisión del control judicial que se ejercer sobre los acuerdos generados en este contexto, centrándonos en el control del quatum de la pena consensuada. Finalmente, a partir de la facultad que tiene el juez de imponer una pena superior a la acordada por las partes, se analiza los límites de dicha potestad que se vinculan con los principios de legalidad, de proporcionalidad, acusatorio y de congruencia. Esto con el fin de que el juez no emplea dicha facultad de forma arbitraria.
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    La prueba científica en el proceso judicial desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad procesal
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-05) Jáuregui Flores, Gustavo Rafael; Glave Mavila, Carlos
    El objetivo del trabajo es analizar si existe o no una sobrevaloración de la prueba científica por parte de los jueces y con ello establecer si se ha creado un mito de cientificidad procesal en la búsqueda de la verdad. Desde un enfoque cualitativo, el estudio aplica el método de análisis de fuente documental, principalmente de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y comparada, la misma que permite contrastar los hallazgos y resultados. En ese sentido, se concluye que el juez peruano con una limitada formación científica, integral, holística y argumentativa, depende y confía casi exclusivamente de los resultados de los peritajes que se le ofrecen en los casos, sin realizar una valoración o motivación al respecto, lo que podría significar una renuncia al concepto de que el juez es perito de peritos, y dejando que los peritos o expertos sean quienes, en la práctica, decidan y resuelvan el caso, poniendo en riesgo el derecho fundamental al debido proceso y la búsqueda de la verdad objetiva y material.
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    Informe de la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N°00655-2010-PHC/TC
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-02-10) Mamani Quispe, Rosmery Janeth; Quispe Meza, Daniel Simón
    El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas jurídicos encontrados en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00655- 2010PHC/TC, la cual establece que las interceptaciones telefónicas realizadas a Alberto Quimper constituían prueba prohibida y que los medios de comunicación se encontraban prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, sin autorización previa. En ese sentido, para comprender los problemas planteados y resolver los mismos, el informe jurídico desarrolla dos apartados. En el primero, se analiza la admisión de la prueba prohibida frente al derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y al principio de buena administración y la lucha contra la corrupción para concluir que las intercepciones telefónicas obtenidas con vulneración del derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones debieron ser admitidas, basándonos en la excepción de ponderación de intereses. En el segundo, se analiza el rol de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, para concluir que el Tribunal no podía establecer una suerte de censura previa ni sanción penal por la divulgación o difusión de las conversaciones interceptadas y grabadas. Por último, la metodología empleada para realizar el análisis de la resolución fue la revisión de los principios constitucionales, la normativa nacional e internacional y los conceptos dogmáticos y jurisprudenciales sobre prueba prohibida.
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    Bases constitucionales para la aplicación de la colaboración eficaz en el Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-25) Pereda Rodríguez, Deily Arlene; Rojas Rodríguez, Héctor Fidel
    La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.