El impacto de las potestades urbanísticas del Estado en el sector inmobiliario y su repercusión sobre los derechos fundamentales

Abstract

In this article, the author studies the delay or slowness of the procedures for the granting of urban and building licenses, which is mainly due to the lack of knowledge of the applicable regulations and/or the arbitrary or deficient exercise of municipal officials, which in turn results in the demand for greater requirements than those contemplated in the national regulatory framework, the creation of new administrative procedures, among others.The delay of such procedures not only affects real estate projects, but also has an impact on the complementary activities and services necessary for their execution, such as the design, preparation and execution of the projects, the supervision of the works, the hiring and beginning of work by contractors, suppliers of inputs and services, administrators and workers, purchasers of real estate units, among other services and activities that contribute to the country’s economy; as well as affecting property freedoms and recognized fundamental rights.

En el presente artículo, el autor realiza un estudio sobre la demora o lentitud de los procedimientos para el otorgamiento de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones, que se debe, principalmente, al desconocimiento de la normativa aplicable y/o al ejercicio arbitrario o deficiente de los funcionarios de las municipalidades, que a su vez se traduce en la exigencia de mayores requisitos de los contemplados en el marco normativo nacional, creación de nuevos procedimientos administrativos, entre otros.La demora de dichos procedimientos no solo afecta a los proyectos inmobiliarios, sino también impacta en las actividades y servicios complementarios necesarios para su ejecución, tales como el diseño, elaboración y ejecución de los proyectos, la supervisión de las obras, la contratación y el inicio de labores de los contratistas, los proveedores de insumos y servicios, los administradores y trabajadores, los adquirentes de unidades inmobiliarias, entre otros servicios y actividades que contribuyen a la economía del país; así como la afectación a libertades patrimoniales y derechos fundamentales reconocidos.