Persecución penal del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual durante la pandemia de la COVID-19
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V Congreso Jurídico Internacional sobre formas contemporáneas de esclavitud: veinte años después del Protocolo de PalermoAbstract
Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y con posterioridad, se han sucedido una serie de medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia mundial, tanto económicas como de seguridad ciudadana, que afectan a todos los sectores. La criminalidad organizada no para y los tratantes encuentran vías para aprovecharse de las circunstancias de especial vulnerabilidad. Se teme que la COVID-19 esté haciendo que la tarea de identificar y dar asistencia a las víctimas de la trata de personas sea aún más difícil.
Las víctimas de trata están más expuestas a contraer el virus, los organismos están menos equipados para prevenirlo, y las víctimas tienen menos acceso a los servicios de apoyo y a la asistencia sanitaria. El ajuste de las prioridades por parte de los gobiernos durante la pandemia, los incrementos dramáticos en el desempleo y la reducción de ingresos, especialmente para salarios bajos, han supuesto que un número significativo de personas que ya eran vulnerables se encuentren en una situación aún más precaria.
Resulta por ello necesario sentar las líneas básicas de este delito para, después, cuestionarnos qué efectos está teniendo sobre él la situación excepcional provocada por la COVID-19 en las víctimas y qué medidas podrían adoptarse para mejorar su situación, así como para evitar que la pandemia afecte la incriminación del delito y quede impune la actuación del crimen organizado.
El efecto de la pandemia puede ser diverso: en el ámbito jurídico, procedimientos, inspecciones policiales y laborales, asistencia a las víctimas o, incluso, modus operandi de las organizaciones criminales pueden verse alterados a consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos. La paralización de determinados servicios puede y ha
podido repercutir en el delito. Cuestiones como ¿han aumentado los casos de trata de personas?, ¿se han paralizado actuaciones policiales y judiciales?, ¿han aprovechado las circunstancias los tratantes?, ¿las víctimas reciben el apoyo necesario?, ¿las ONG e instituciones han tenido problemas para llevar a cabo su labor?, ¿las consecuencias económicas
de la pandemia van a afectar a la lucha contra la trata?, son solo algunas de las que se plantean en estos momentos.
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