Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Ítem Texto completo enlazado El sistema de subsanación voluntaria de infracciones en la supervisión bancaria peruana(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-10-30) Castillo Pautrat, Santiago Gabriel; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl sistema de subsanación voluntaria de infracciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) es un mecanismo de remediación de infracciones administrativas, que otorga el beneficio de eximir de responsabilidad u otorgar una reducción de la multa al presunto infractor. Este trabajo analiza la naturaleza jurídica del sistema y sus elementos; así como, si constituye una condición menos favorable que las establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General de la República del Perú.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 10-2004/CLC y 12/2004/CLC, E- 1243, procedimiento iniciado de oficio y a instancia de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (FERSIMSAC)(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-28) Chire Palacios, Moises Aaron; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente trabajo de investigación está motivado en la presunta existencia de una conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante en la modalidad de negativa injustificada de trato llevada a cabo por Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA) en relación con el servicio de arrendamiento del material tractivo y rodante concesionado. El presente informe tiene como objetivos determinar (i) si FETRANSA tenía posición de dominio en el mercado relevante correctamente definido; (ii) si la Sala de Defensa de la Competencia (Sala) interpretó el contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur-Oriente atribuyéndose facultades que no tiene; (iii) si el uso efectivo de la totalidad del material arrendado era una justificación válida para la negativa de arrendar el material tractivo a Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu (FERSIMSAC); y (iv) si la Sala podía ordenar como medida correctiva que FETRANSA cumpla la cláusula 7.6 de su contrato de concesión. Para ello, se evaluarán los criterios generales para definir el mercado relevante y determinar la existencia de posición de dominio de un agente, los métodos y la facultad para interpretar los contratos, los elementos a considerar para evaluar la conducta de negativa injustificada, así como los alcances de la facultad de imponer medidas correctivas que tenía la Sala. Las principales conclusiones extraídas son que la Sala habría determinado incorrectamente el mercado relevante; asimismo, habría excedido sus facultades al interpretar el contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur-Oriente, y al no estar facultado para ordenar el cumplimiento de la cláusula 7.6 del contrato de concesión. Finalmente, la Sala debió admitir como válida la justificación de FETRANSA de que la totalidad del material tractivo y rodante concesionado estaba siendo utilizado efectivamente.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre Resolución de Consejo Directivo NRO.131-2010-OS/CD(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Choque Ramos, Luis Fernando; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente caso abarca el análisis de la sanción impuesta por el Consejo Directivo del Osinergmin mediante la Resolución N°131-2010-OS/CD en el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Southern sucursal Perú por incumplimiento de normas ambientales y de dos programas de manejo y adecuación ambiental en la Fundición y Refinería de Cobre – Ilo. Para ello, el presente trabajo busca analizar si los argumentos con los cuales se impuso la sanción siguieron la logica conforme a los límites y parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico peruano, la jurisprudencia y la doctrina. A partir del análisis, se concluye que la ejecución del procedimiento sancionador vulneró los principios de legalidad, tipicidad, non bis idem, el principio de veracidad y licitud. Ello, debido a que Osinergmin desconoció los alcances y límites de los principios antes mencionados, y porque valoró inadecuadamente las actas de fiscalización que se obtuvieron sobre Southern, las cuales fueron el sustento principal para imponer la sanción.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Resolución Directoral N° 138- 2014-EM/DGE(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Podesta Gutarra, Alejandra Michelle; Sánchez Povis, Lucio AndrésEste trabajo analiza la controversia por la superposición de concesiones de distribución de energía en la zona de Olmos entre la empresa Electronorte S.A. (ENSA) y la empresa Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (COELVISAC). COELVISAC obtuvo una concesión de distribución sobre esta zona el 22 de enero de 2014 que le fue otorgada por la Dirección Regional de Energía y Minas de Lambayeque a través de la Resolución Gerencial Regional N° 004-2014- GR/LAMB/GRDP. Sin perjuicio de ello, con fecha 07 de abril de 2014 ENSA obtiene una ampliación de la concesión de distribución por la misma zona a través de la Resolución Suprema N° 019-2014-EM emitida por la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM. Es así que COELVISAC presentó un recurso de reconsideración ante la DGE con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N° 019-2014-EM. Al revisar este recurso, identificamos los siguientes problemas que analizaremos para determinar si la concesión fue otorgada correctamente: i) si el MINEM tenía competencia para emitir dicha Resolución, ii) si alguna de las partes tenía un mejor derecho para recibir la concesión, iii) si el procedimiento de ampliación se realizó adecuadamente y iv) si se vulneró el principio de subsidiariedad. Se concluirá que no existen razones para sostener la nulidad de la Resolución N° 019-2014-EM, ya que fue emitida por la entidad competente, el MINEM. Asimismo, ENSA tenía un mejor derecho, el procedimiento seguido fue conforme a Derecho y el principio de subsidiariedad no se ha vulnerado.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre la Resolución 0794-2011/SC1- INDECOPI(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-05) Marchand Rivera, Adrián Emilio; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente informe jurídico analiza la operación realizada por Enel S.P.A. consistente en la adquisición de la totalidad de acciones de Endesa S.A., ejecutada en territorio extranjero, así como los razonamientos realizados por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia No.1 de INDECOPI para justificar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción al Artículo 6 de la Ley 26876. Se proporcionará una respuesta frente a los tres problemas jurídicos principales identificados, vinculados a la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración empresarial perfeccionada en territorio extranjero, la determinación correcta de la sanción administrativa impuesta en virtud de los criterios que concretizan el principio de razonabilidad en materia sancionadora, y la correcta adecuación de la actuación administrativa en el presente caso frente a los principios de debido procedimiento y de tipicidad que fundamentan el procedimiento administrativo sancionador. Las conclusiones del análisis establecen la utilidad de la effects doctrine para identificar el elemento que habilita la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración perfeccionada en el extranjero, la fundamentación insuficiente de la cuantía de la sanción establecida en base a los criterios de graduación vigentes, y la adecuación por parte de la Comisión y la Sala a los principios de debido procedimiento y tipicidad.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Resolución N° 0081-2019/SDCINDECOPI(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-02) Cautivo Padilla, Nadia Flor; Sánchez Povis, Lucio AndrésEn el presente informe jurídico se analiza la problemática sobre si los servicios veterinarios que son brindados por Veterinarias Municipales configuran desarrollo de actividad empresarial del Estado y si, de ser el caso, cumple con los requisitos que la norma constitucional establece para ello. Para ello, se precisará en el caso materia de la resolución N° 0081-2019/SDC-INDECOPI, la cual pretende determinar los criterios para definir los supuestos de actividad empresarial en materia de servicios veterinarios. Siendo el caso que, la discusión se centrará en la línea divisoria entre aquello que configura actividad empresarial y aquello que no, desde la perspectiva de los servicios veterinarios y su relación con la salud. En esa línea, el presente informe hará una revisión de la normativa, la doctrina y, especialmente, de la jurisprudencia tanto de la autoridad administrativa como del supremo intérprete de la Constitución. Adicionalmente, otra arista de la discusión se centrará en las funciones que son asignadas por la normativa a los gobiernos locales y, específicamente, a la Municipalidad Distrital denunciada en el presente caso, a fin de determinar si contaba con las facultades para brindar los servicios veterinarios materia de imputación. En ese sentido, si bien la resolución materia de análisis resulta acertada en determinados aspectos, el presente informe planteará algunas críticas sobre los temas a abordar.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica N°497-2012-TC, E- 2488, procedimiento administrativo sancionador seguido por el Tribunal de Contrataciones del OSCE contra Tesacom Peru SAC(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-07-09) Palomino Chipana, Alexis Miguel; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente trabajo trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la denuncia de un tercero ante el Tribunal de Contratación del Estado contra la empresa Tesacom Perú S.A.C, por la presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta en el proceso de selección de menor cuantía N°016-2010-MGP/DIRTEL, convocada por la Marina de Guerra del Perú. La investigación se justifica en el problema persistente que atraviesan los postores, proveedores y contratistas por el supuesto de hecho relacionada a la presentación de información falsa y/o inexacta, toda vez que se encuentra impedimento para contratar con el Estado. Para el presente Expediente E-2488, en la redacción final del literal d) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones, Decreto Legislativo N°1017, establece que están impedidos de contratar “...los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia”, supuesto de hecho al parecer aplicable al oficial en situación de disponibilidad señor Jorge Adrián Dorrego Arias. El objetivo del trabajo es mostrar la existencia de una falta de motivación de la Sala del Tribunal de Contrataciones, así como la vulneración al principio de tipicidad del procedimiento administrativo. Del mismo modo, analizar respecto de la vinculatoriedad de las opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, y la naturaleza jurídica del militar en situación de disponibilidad. Con todo ello, abarcamos tres ramas del derecho: derecho administrativo, derecho constitucional y derecho laboral. Así, con este trabajo concluimos que no se le debió sancionador a la Empresa TESACOM PERU S.AC., pues el supuesto de hecho no calza realmente con el administrado, pero notamos que esta falta de redacción puede ser perverso con miras la transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado.Ítem Texto completo enlazado Apuntes sobre una correcta interpretación del principio de adecuación social, en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales mediante publicidad(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-03-27) Rojas Aliaga, Enzo Andre Martin; Sánchez Povis, Lucio AndrésMediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. Para ello evaluaremos los pronunciamientos emitidos en virtud de las normas que han existido sobre la materia a lo largo de estos años, tanto por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, así como por parte del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. En base a ello, junto a lo desarrollado por parte de la doctrina, buscamos resaltar y diferenciar los aciertos y desaciertos contenidos en dichos pronunciamientos. De esta manera, buscamos establecer que, a nuestro criterio, dicho principio debe ser interpretado considerando los siguientes parámetros interpretativos: i) “inducir”, debe ser considerado como convencer y determinar la comisión del acto ilegal, de manera objetiva y fácticamente comprobable; ii) “acto ilegal” es solo norma de rango de ley; iii) para acreditar una inducción a cometer un acto ilegal, se deben presentar pruebas suficientes que constaten una relación causal entre la visualización de la publicidad y un aumento en la comisión del acto ilegal, y; iv) una modalidad de inducción a cometer actos ilegales sería convencer al destinatario que dicha conducta no es ilegal y que, en base a ello, este la replique.Ítem Texto completo enlazado Alcances y límites de la prohibición de reforma peyorativa en la impugnación de actos administrativos(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-03-07) Del Risco Ramírez, José Antonio; Sánchez Povis, Lucio AndrésEn la presente investigación se abordará una problemática en torno una de las figuras jurídicas más importantes relacionada a la impugnación de actos administrativos. Nos estamos refiriendo a la interdicción o prohibición de reforma peyorativa. A lo largo del trabajo, sostendremos que la aplicación de esta garantía, creada precisamente para favorecer al recurrente, no debería estar limitada únicamente a los procedimientos administrativos sancionadores. Si bien dicho planteamiento contradice a la literalidad del artículo 258.3 del TUO de la Ley N° 27444, así como a la práctica administrativa peruana que se ha venido llevando a cabo a lo largo de los años, consideramos que existen fundamentos doctrinarios, constitucionales y jurisprudenciales para sustentar una interpretación amplia y extensiva de la llamada “non reformatio in peius”. En realidad, dicha figura jurídica también debería poder ser alegada cuando se recurren actos administrativos en cualquier tipo de procedimiento, a excepción del trilateral, al cual se aplican principios y garantías especiales.Ítem Texto completo enlazado Informe de expediente E-2499, N° 005-2011-CCO-ST/LC sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por la presunta conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificiada en el artículo 10.2 del Decreto Legislativo No. 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-23) Garces Garcia, Diana Adriana; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente informe tiene por objetivo analizar tres (3) problemas jurídicos identificados en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por parte de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCCO) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por haber incurrido en la conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificada en el literal 10.2.h) del Decreto Legislativo 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA), por el condicionamiento de la prestación del servicio de Internet ADSL a la contratación del servicio de telefonía fija. Así, partiendo de los pronunciamientos de primera y segunda instancia, examinamos tres (3) puntos controvertidos durante el procedimiento: (i) la aplicabilidad de la referida norma a la conducta imputada, considerando que esta se encontraría cubierta por el principio de supletoriedad; (ii) la variación de la imputación durante el transcurso del procedimiento, en perjuicio de Telefónica; y, (iii) el cumplimiento del estándar de prueba relativo a la generación de efectos negativos actuales y potenciales en el mercado de telefonía fija. En base al desarrollo doctrinario y jurisprudencial que se expone en el informe, concluimos que (i) procede la aplicación de la LRCA a la conducta bajo análisis, ya que las excepciones a esta deben establecerse a través de una norma con rango legal; (ii) la STCCO varió la imputación al momento de la expedición del Informe Instructivo, al incluir un elemento adicional típico de una conducta distinta a la imputada; y, (iii) el pronunciamiento de segunda instancia no alcanzó el estándar de prueba necesario para la acreditación de la relación de causalidad entre la conducta imputada y los efectos que se le atribuyeron.