Drogas, pobreza y derechos humanos: El impacto social del narcotráfico

Abstract

Es una creencia extendida en el país atribuir a la pobreza la incursión de muchos peruanos en la cadena de la droga. Se afirma que quienes ingresan a trabajar para el narcotráfico lo hacen porque son pobres y no tienen otra alternativa productiva posible. Así, los campesinos sembrarían coca para subsistir, los mochileros y burriers la transportarían por la misma razón, y los microcomercializadores habrían encontrado el camino para salir de la pobreza encargándose de poner la droga en manos del consumidor final.1 La retórica de la coca ha sido tan eficaz en el Perú que no son pocas las autoridades y líderes de opinión que asumen sus premisas como ciertas. De acuerdo con este discurso, la pobreza sería la razón fundamental por la cual los pobres deciden participar en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Se infiere de esta premisa que el narcotráfico estaría ayudando a los pobres a paliar sus necesidades y eventualmente a salir de su condición de carencia material.2 El propósito de este documento es mostrar cómo, si bien la industria de la droga aprovecha la pobreza campesina y la precariedad del Estado para instalarse y avanzar en sus objetivos criminales, el narcotráfico no resuelve el problema de la pobreza. Por el contrario, crea condiciones que impiden el acceso de los pobres a mercados lícitos, la única vía de lograr el desarrollo sostenible. Es más, al emplear a niños y jóvenes dentro de la cadena de la droga, el narcotráfico vulnera derechos humanos fundamentales y construye una base social de respaldo político a la industria delictiva, que trastoca los valores democráticos, degrada la vida social y distorsiona los fundamentos republicanos. La primera parte de este documento examina la expansión territorial del narcotráfico en el país y la situación de pobreza de los principales distritos productores de coca, y pone en evidencia que la producción ilícita no los ha ayudado a salir de la pobreza. Lo contrario ocurre en la región San Martín, la cual muestra avances significativos en la reducción de la pobreza gracias a la combinación de herramientas como la reducción de cultivos ilícitos, la restauración de la legalidad y el desarrollo de programas de desarrollo sostenible. La segunda parte se concentra en la ocupación de niños y jóvenes en actividades vinculadas a la cadena de la droga, en tanto la tercera examina cómo el narcotráfico constituye una actividad abiertamente violatoria de los derechos humanos.