Penas para personas con discapacidad intelectual: un análisis basado en el modelo social de discapacidad

Abstract

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale al 15% de la población mundial (Organización Mundial de la Salud 2011: 7). A lo largo de la historia, estas personas han sido marginadas de los mecanismos de protección jurídica, pues eran vistas como víctimas de una desgracia individual que, en el mejor de los casos, era necesario erradicar. Esta perspectiva fue modificándose desde mediados del siglo XX. Un significativo logro se dio el 13 de diciembre de 2006, fecha en que las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho instrumento afirma el modelo social de discapacidad, el cual tiene como premisa ver a la discapacidad como un problema social. Este cambio de paradigma trae consigo una serie de ventajas, pero exige también una revisión del derecho en su conjunto, dado que los derechos de las personas con discapacidad han sido sistemáticamente vulnerados (Jiménez 2008: 8-9). La finalidad del presente trabajo es analizar dos consecuencias que van de la mano con dicho cambio de paradigma: la necesaria renovación del concepto hegemónico de imputabilidad; y la consiguiente necesidad de un sistema penitenciario acorde con los derechos de las personas con discapacidad intelectual que son imputables según el derecho penal.