Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal

Abstract

Compliance programs and systems of criminal or administrative liability are being increasingly adopted by different countries as measures meant to reduce the social cost of white collar criminality. However, the legal application of these measures does not always ponder correctly the impacts on common good, the levels of economic activity and the adequate functioning of markets of goods and services. Eventually, this situation can lead to undesired effects, such as the inefficiency of the criminal system, the reduction of economic activity or the arising of obstacles to competition. By taking these circumstances into account, in this paper we will utilize the Economic Analysis of Law to analyze the logic that inspires these legal institutes and the incentives they generate. Our objective is to delineate some parameters that allow legislators, judges, legal advisors and businessmen to evaluate different compliance systems in terms of economic efficiency, generation of wealth and the promotion of competition in markets.

Los programas de compliance y los sistemas de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas constituyen en la actualidad herramientas crecientemente adoptadas por las distintas legislaciones para intentar disminuir el costo social de la criminalidad económica. Sin embargo, la incorporación legislativa y la aplicación de estos instrumentos legales no siempre está acompañada de una adecuada ponderación respecto de sus efectos sobre el bienestar social, los niveles de actividad económica y el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.Ello puede conducir, eventualmente, a efectos indeseados como la ineficiencia del sistema penal, la disminución de la actividad económica o el surgimiento de obstáculos a la competencia. Teniendo en cuenta estas circunstancias, en el presente trabajo recurriremos a las herramientas que brinda el Análisis Económico del Derecho para analizar la lógica que inspira a estos institutos jurídicos y los incentivos que generan, con el propósito de delinear algunos parámetros que permitan a legisladores, funcionarios judiciales, asesores jurídicos y a los propios empresarios evaluar los distintos sistemas de compliance en términos de eficiencia económica, generación de riquezas y promoción de la competencia en los mercados.