Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Ítem Texto completo enlazado Expediente 00008-2022-PI/TC. Caso de la reforma de la Ley Universitaria(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-08) Vásquez Alvarez, Gilmer; Grández Castro, Pedro PaulinoEl derecho a una educación universitaria de calidad al igual que otros derechos fundamentales, pueden ser impactado negativamente por decisiones erróneas del Tribunal Constitucional. La educación como derecho fundamental intrínseco constituye uno de los medios para lograr el desarrollo pleno de las personas y con ello el de la sociedad, por lo que es necesario no solo su protección constitucional sino también una atención prioritaria del Estado en la implementación de políticas públicas adecuadas, de mecanismos eficientes de control y seguimiento en la gestión. Sin embargo, esta estructura está sujeta a los vaivenes coyunturales en los que muchas veces los grupos de poder a través de los legisladores consiguen no solo la emisión de normas legales que privilegian el interés particular sobre el colectivo, sino que también utilizan las instituciones para validar las normas valiéndose de artificios procesales y jueces condescendientes. En el presente informe se cuestiona el pronunciamiento del Tribunal Constitucional bajo una perspectiva sistemática con enfoque en Derechos Humanos, utilizando como parámetros de control, a la Constitución peruana, a los Acuerdos Internacionales vinculantes y la propia jurisprudencia constitucional. Producto del análisis metodológico se determina que el Tribunal Constitucional ha optado por un ejercicio laxo tanto en la parte procesal como en el análisis relativos a la vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, se concluye que la sentencia que convalida la Ley 31520 atenta contra el derecho fundamental a la educación universitaria de calidad.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la sentencia y auto del Tribunal Constitucional, en el marco del expediente N°04769-2017-PA/TC: Un caso de “retorno” de un antiguo propietario expropiado por la Reforma Agraria de 1969(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-04) Salinas Eduardo, Valerie Melanie; Fernández Salas, José CarlosEl caso que se analiza está relacionado con una expropiación realizada en 1972 en el marco del Decreto Ley N°17716 o también llamada Ley de Reforma Agraria. Este antiguo propietario y su hijo interponen una demanda de amparo que llega al Tribunal Constitucional, buscando restituir su derecho de propiedad. Asimismo, se realizó un enfoque no solo jurídico, sino también desde la perspectiva histórica y social más amplia del contexto de los años 50´s y 60´s en el Perú, en el cual se producen masivas recuperaciones de tierras de parte de comunidades y del campesinado. Finalmente, las principales normas utilizadas son la Constitución Política del Perú de 1933, así como el Decreto Ley N°17716 y sus diversos antecedentes normativos.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica: Acción de amparo contra Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT que establece disposiciones en materia de percepciones aplicable a la importación de bienes usados(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-02-17) Pachas Luna, Ernesto Rafael; Sotelo Castañeda, Eduardo JoséEl informe presenta un trabajo de investigación en materia de derecho tributario y derecho constitucional, que se justifica en la importancia de las acciones constitucionales que pueden ejercerse en el ámbito tributario, tal como sucede en los casos de creación de normas jurídicas de contenido tributario. El objetivo principal de este informe es identificar la aplicación de los principios tributarios en las obligaciones tributarias asociadas al Impuesto General a las Ventas (en adelante, “IGV”) - particularmente en el ámbito de las importaciones de bienes y el régimen de percepciones del IGV- de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario desarrollado en las controversias acontecidas a raíz de defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes o sujetos obligados al pago frente al ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. En atención a ello, la idea central que planteamos para la resolución del caso en concreto es la aplicación de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional frente a la regulación del Régimen de Percepciones del IGV (Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT) aplicable a las importaciones de bienes usados. En esa línea, tenemos que la posición desarrollada en esta informe resulta acorde a la resolución del Tribunal Constitucional, pues consideramos correcto el entendimiento sobre la validez del régimen de percepciones aplicable a las importaciones en materia de IGV, y además, la declaración de inconstitucionalidad por la vulneración a la reserva de Ley. Sin embargo, discrepamos sobre el extremo referido a la vulneración del derecho a la igualdad, ya que sostenemos que la norma en controversia carece de pronunciamiento al respecto, al no establecer una distinción clara entre los grupos sujetos a la percepción para la aplicación de la tasa respectiva (importadores de bienes nuevos e importadores de bienes usados), lo cual no fue debidamente advertido por el Tribunal Constitucional; y, a su vez, repercute en el análisis respecto a la aplicación del principio de no confiscatoriedad en los pagos adelantados en materia de IGV.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente Nº 2007-00919-0-1903-JR-CI, acción de amparo: afectación de derechos fundamentales de pueblos indígenas(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-11-28) Palomino Murgueytio, Jorge Martin; Peña Jumpa, Antonio AlfonsoEl presente trabajo desarrolla un esforzado análisis de tres problemas jurídicos inmersos en una controversia que tomó lugar entre los años 2007 y 2010 en nuestra nación, en relación a la alegación de afectación de derechos fundamentales de los Waorani (Tagaeri- Taromenane), Pananujuri (Arablea) y Aushiri -pueblos indígenas- como consecuencia de la operación de determinadas empresas del rubro petrolero en los Lotes No. 67 y 39. El caso gira en torno a una Acción de Amparo presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP ante el juez especializado en lo civil de la provincia de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Posteriormente, el caso es sometido -como consecuencia de la apelación del demandante- al juez superior. Finalmente, el Tribunal Constitucional se pronunciará respecto de la procedencia del recurso de agravio constitucional postulado por AIDESEP.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico de la sentencia recaída en el Expediente No 4386-2017-AA(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-16) Chunga Anton, Joselyn Maria; De las Casas de la Torre Ugarte, OrlandoLos medios de comunicación que se utilizan dentro de una relación laboral son diversos y constantemente actualizados, por lo que es usual que el empleador entregue a los trabajadores herramientas digitales de comunicación para el ejercicio de sus labores; sin embargo, algunas veces son utilizadas para fines diferentes a los que se otorgaron, generando conflictos en la relación laboral. El presente informe profesional tiene como finalidad realizar un análisis crítico a partir del recurso de agravio constitucional en el marco de un proceso de amparo, iniciado por un trabajador que fue despedido por la supuesta comisión de falta grave al compartir mediante el correo electrónico institucional información privada de un compañero de trabajo. La empresa habría accedido al contenido de dicho correo electrónico para corroborar la falta, por lo que el trabajador alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la libertad sindical; mientras que el empleador se amparó en su facultad de fiscalización y sanción. Sobre este tema, la jurisprudencia ha señalado que no es posible acceder a las comunicaciones del trabajador sin un mandato motivado del juez o autorización expresa de las partes, pero -hasta la fecha- no ha señalado claramente a quién pertenecen las herramientas digitales otorgadas y si estas pueden o no ser objeto de fiscalización. Los problemas jurídicos identificados serán desarrollados en el presente informe mediante legislación, jurisprudencia y doctrina. Asimismo, se pretende brindar una posición respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional y brindar algún acercamiento a lo que debería ser el procedimiento de fiscalización del correo electrónico institucional de los trabajadores.Ítem Texto completo enlazado La prohibición de reelección indefinida y su compatibilidad con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos: una justificación desde la teoría de la interpretación de Ronald Dworkin(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-31) Chambi Cárdenas, Andrey Fernando; Sotomayor Trelles, José EnriqueEn el presente trabajo académico se defenderá la tesis que la prohibición de reelección indefinida es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH). Para dicho fin acudiremos a la teoría interpretativa de Ronald Dworkin En ese marco, Dworkin propuso que el intérprete de una práctica social debe pasar por tres etapas interpretativas con la finalidad de determinar cuál de todas las interpretaciones que se desprenden de la norma sería la mejor posible. Estas etapas son (i) Etapa preinterpretativa, (ii) Etapa interpretativa y (iii) Etapa postinterpretativa. Terminado con ello, se llegará a las siguientes conclusiones: en principio, el artículo 23 de la CADH no contiene causales taxativas, por tanto es posible que se puedan agregar otras siempre que se respeten los principios y valores de la Convención Americana. Segundo, cualquier limitación que se prenda agregar deberán responder los exigentes filtros establecidos en el caso Castañeda Gutman v. México. Finalmente, los Estados tienen un amplio abanico de posibilidades de regular de mejor manera su democracia, tal como se ha venido resolviendo en la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH.Ítem Texto completo enlazado Tutela de los derechos sociales y justicia constitucional dialógica(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-26) Torres Altez, Dante Reynaldo; Sosa Sacio, Juan ManuelLa investigación que presento ha sido elegida por la creciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto de la tutela de los derechos sociales. En nuestro contexto latinoamericano, se está desarrollando un enfoque dialógico que busca, desde la democracia deliberativa, contribuir con la defensa de los derechos fundamentales. Para lograr ese propósito, parto desde el constitucionalismo dialógico para identificar sus características y afrontar mejor las nuevas perspectivas de la función jurisdiccional, y propongo el activismo judicial dialógico como un mecanismo de defensa de los derechos sociales. Asimismo, desarrollo en mi investigación los criterios normativos para un adecuado diálogo jurisdiccional en la defensa de estos derechos: establezco como punto inicial un diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional, posteriormente, enfoco el trabajo en el diálogo de la justicia constitucional y, finalmente, propongo su implementación a través de las llamadas sentencias estructurales. El enfoque metodológico que utilizo es el enfoque argumentativo, comparativo y de estudios jurisprudenciales. Analizo textos de doctrina nacional y comparada, casos jurisprudenciales relevantes de diferentes Cortes de Vértice y jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. También utilizo el método de análisis y síntesis, deductivo e inductivo. Por otro lado, arribo a la conclusión que, para proteger eficazmente los derechos sociales, éstos deben ser judicializados en tanto el poder político no cumpla su función; sin embargo, no se busca un gobierno de los jueces, sino que, desde de las altas cortes y con la participación de todos los actores involucrados en la defensa de estos derechos, se resuelvan los conflictos inter partes y se proyecte la tutela a más personas afectadas, y así evitar futuras demandas judiciales. Los efectos de las sentencias se proyectan a coadyuvar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas encargadas a las autoridades competentes, respetando el Estado Democrático de Derecho y con miras a obtener una justicia constitucional dialógica.Ítem Texto completo enlazado La edad como criterio válido, desde la perspectiva constitucional, para el otorgamiento de créditos hipotecarios(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-07-13) Ayon Aguirre, Gustavo Adolfo; Debenedetti Luján, Bruno EdoardoDe modo general, las entidades del sistema financiero tienen la obligación de evaluar las operaciones que conforman su cartera crediticia, tomando en cuenta varios factores, entre estos, la capacidad del pago del solicitante. No obstante, las particularidades de los créditos hipotecarios exigen analizar si la edad es o no un criterio compatible con la Constitución para efectos de decidir su otorgamiento, al amparo de la libertad de contratar y otras razones de índole constitucional; o si, por el contrario, estamos frente a un supuesto de discriminación o vulneración del derecho a la igualdad. Sobre la base de un enfoque jurisprudencial y argumentativo, la presente investigación tiene como objeto principal demostrar que, desde una perspectiva constitucional, resulta válido que las entidades del sistema financiero establezcan diferenciaciones por razón de la edad en el otorgamiento de créditos hipotecarios, ya que, los derechos en conflicto no solo se limitan a la libertad de contratar y al derecho a la igualdad, sino que, por la propia naturaleza de la actividad financiera, los recursos que se utilizan en este sector provienen de ahorros del público, cuya protección deriva de un mandato expreso de la Constitución, cuyo fin último apunta a prevenir el riesgo sistémico en el país, tomando como referencia la última crisis global de 2008 que precisamente surgió en el campo de los créditos hipotecarios; y, además, porque en el ordenamiento jurídico de nivel constitucional, el ejercicio de algunos derechos relacionados a la participación en la vida política del país está condicionado a tener una edad mínima o máxima, lo que permite asociar este concepto a la aptitud o capacidad de las personas para desenvolverse en ciertos ámbitos, siendo este un criterio aplicable válidamente en la evaluación de créditos hipotecarios, tomando en cuenta las particularidades de este producto financiero asociadas al factor riesgo.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Sentencia de Vista Constitucional N° 054-2019-SCP(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-02-24) Núñez Laos, Carlos Mauricio; Glave Mavila, CarlosEl presente informe analiza la Sentencia de Vista Constitucional N° 054-2019-SCP emitida dentro de un proceso de amparo contra resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso ordinario de mejor derecho de propiedad. La elección de esta resolución judicial se justifica en que realiza un análisis de diversas instituciones procesales y materiales implicadas dentro de un proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, además de la abierta discrepancia que presenta respecto de la sentencia de primera instancia, ya que esta última analizó el caso desde una perspectiva muy distinta para tutelar del derecho fundamental de propiedad del demandante César Alberto Vásquez Saavedra, incluso llegando a utilizar argumentos propios de la justicia ordinaria. El objetivo fundamental propuesto es determinar si, a efectos de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad, los órganos jurisdiccionales ordinarios del proceso de mejor derecho de propiedad deben o no tomar en consideración que la parte demandante perdió anteriormente un proceso de reivindicación. La hipótesis preliminar que se formula consiste en que la parte demandante sí puede demandar mejor derecho de propiedad luego de perder un proceso de reivindicación, ya que este último fue declarado únicamente improcedente, no teniendo entonces la calidad de cosa juzgada. En ese sentido, se realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales cuya vulneración alega el amparista, y se realiza una comparación entre los procesos ordinarios de reivindicación y de mejor derecho de propiedad. Luego de la investigación, se concluye que la Sentencia que declara improcedente una demanda de reivindicación no constituye cosa juzgada, por lo que la parte demandante puede iniciar válidamente un nuevo proceso judicial de mejor derecho de propiedad, y en caso fuera infundada la reivindicación, ya no podría iniciar válidamente este último proceso judicial.Ítem Texto completo enlazado Análisis crítico del SPOT desde la perspectiva de los principios constitucionales(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-02-04) Mendoza Bernal, Clotilde Victoria; Villagra Cayamana, Reneé AntonietaEl elevado índice de informalidad que nuestro país atraviesa pone en manifiesto la necesidad de implementar medidas temporales y excepcionales que permitan una permanente y sostenida recaudación fiscal. El Sistema de Detracciones del IGV de acuerdo con la exposición de motivos tiene como finalidad contribuir y contrarrestar esta problemática. El objetivo de esta investigación es analizar y dar respuesta a la problemática que atraviesan las empresas formales por la aplicación del Sistema de Detracción del IGV. La obligación que recae en las empresas en actuar como entes recaudadores y de ser asignadas por el propio sistema como responsables de depositar en el Banco de la Nación los importes detraídos. Los fondos depositados en el Banco de la Nación pueden ser sujetos a ingresos como recaudación por parte del fisco si se establece y detecta algún incumplimiento en lo establecido en esta norma administrativa. Así, tal obligación puede contener alguna vulneración y/o alcance con los principios constitucionales. Es así, que el objetivo planteado es determinar si el Sistema de Detracciones del IGV vulnera los principios constitucionales previstos en nuestra Constitución Política actual. Finalmente, la reformulación por parte del legislador y la propia Administración Tributaria es necesaria para que siempre se ajuste a los principios constitucionales dentro de un Estado de Derecho.