Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Informe Jurídico sobre el Análisis de la sentencia de segunda instancia, contenida en la Resolución N° 30, del 4 de junio de 2019, emitida en el Expediente N° 028-2013, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-01) Céspedes Bolarte, Maricielo Yadmé; Limay Chavez, Raquel
    El presente informe buscará resolver, como incógnita principal, si fue adecuada la justificación brindada por la Sala Superior, para sustentar su decisión de declarar infundada la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta en el caso estudiado. Para estos efectos, este trabajo se sustentará en instrumentos normativos como la legislación nacional, doctrina y jurisprudencia. Concretamente, las principales fuentes que se emplearán se tratan del Código Civil, Código Procesal Civil, diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, doctrina, la Ley N° 29618, el Decreto Legislativo N° 1089, el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, entre otros. A lo largo de este informe, lo primero que advertiremos es que los errores en los que incurrió la Sala Superior, al emitir la sentencia de vista analizada, guardan relación con la indebida valoración de las constancias de posesión, que forman parte de las pruebas ofrecidas al proceso; así como la insuficiente motivación desarrollada en la sentencia expedida. Verificaremos, además, que el poco desarrollo jurisprudencial que existe sobre la materia en debate ha ejercido un rol importante en la formación de los criterios dispares de valoración probatoria que se ha presentado en el caso analizado, tanto en primera como en segunda instancia, respecto de las constancias de posesión ofrecidas como prueba posesoria. Finalmente, analizaremos también cómo es que el sentido del fallo expedido no solo se ha limitado a afectar los derechos a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones judiciales del prescribiente, sino que ha trascendido al plano material, generando que el demandante atraviese por la imposibilidad de recurrir a otras vías previstas en nuestro ordenamiento jurídico para poder formalizar y regularizar el derecho que ostentaría sobre el predio objeto de prescripción.
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    Prescripción adquisitiva de bienes estatales de dominio privado : enfoque hacia la defensa de la propiedad estatal
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-03-27) Sanchez Morales, Elizabeth Cristina; Lama More, Hector Enrique
    Durante los últimos años, las invasiones han dejado de ser un problema de formalización de la propiedad para convertirse en un fenómeno social con relevancia jurídica, que afecta no sólo bienes de particulares sino también bienes del Estado, en específico bienes de dominio privado, que lejos de tener un régimen especial de propiedad que los regule y proteja, a la luz de su singular naturaleza y finalidad, vienen siendo materia de litis en procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en los que se revelan problemas de posesión, inscripción registral, defensa judicial y extrajudicial y evidentemente de una carente política social de vivienda, que en conjunto forman parte del universo que la Ley 29168 pretende resolver. En ese sentido, podemos presentar dos justificaciones para la realización del presente trabajo: la primera, consiste en fomentar la adquisición de terrenos estatales de dominio privado a través de los mecanismos previstos por ley, evitando el uso de la vía judicial como canal de regularización de las invasiones; y la segunda, reside en desincentivar la invasión y el tráfico ilegal de terrenos, a través del tratamiento adecuado de la propiedad estatal frente a la prescripción adquisitiva, resulta entonces razonable postular si acaso ¿el tratamiento adecuado de la propiedad estatal y la coherencia normativa entre las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, respecto a los bienes estatales, constituyen la solución frente a la prescripción adquisitiva de los bienes estatales de dominio privado? y consecuentemente, contribuyen a la defensa del régimen jurídico de la propiedad estatal, en aras de evitar que, particulares se apropien indebidamente de bienes que pertenecen a todos, sin dejar de lado los problemas que subyacen en el tema y que en conjunto forman parte del universo que abordaremos en el presente trabajo.
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    El derecho fundamental a la propiedad frente a la extinción de dominio
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-11) Palomino Cavero, Juan; Sotomayor Trelles, José Enrique
    El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano, desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha falta hace en la lucha contra la criminalidad.