Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Ítem Texto completo enlazado Análisis del régimen de responsabilidad objetiva en el procedimiento administrativo sancionador en materia de contrataciones del Estado: ¿Es viable plantear la responsabilidad subjetiva en todos los tipos infractores?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-11-10) Villavicencio Benites, Luis Fernando; Morón Urbina, Juan CarlosEn el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la necesidad de adoptar el criterio de responsabilidad subjetiva en el régimen sancionador de las contrataciones del Estado. Como se verá en el desarrollo del referido análisis, el criterio de responsabilidad subjetiva es mucho más garantista de los derechos de los administrados, en comparación con su contrapartida, la responsabilidad objetiva. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no aspiramos a sugerir que la responsabilidad subjetiva prime en todos los tipos infractores establecidos en la normativa en materia de contrataciones del Estado; sino, a través del estudio de las tendencias adoptadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus resoluciones emitidas durante el primer trimestre del año 2020, establecer, qué tipo de régimen es el más conveniente para cada infracción, desde una perspectiva de eficiencia. Ello debido a que, si bien el criterio de responsabilidad subjetiva es el más garantista de derechos, importa también tener claro si conviene o no aplicarlo a ciertos tipos infractores o si es que su empleo es irrelevante para la determinación de responsabilidad de los administrados.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica S/N, Consorcio Neshuya contra Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-20) Castro Escate, Jesús Antonio; Morón Urbina, Juan CarlosEl presente informe jurídico tiene por objeto revisar los principales problemas jurídicos que plantea el laudo derivado del tercer proceso arbitral seguido por el Consorcio Neshuya contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, el cual resolvió las divergencias surgidas entre dichas partes por la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Tingo María – Pucallpa, sector Aguaytía – Pucallpa, Tramo III: Neshuya – Pucallpa”. En ese orden de ideas, el informe aborda el marco normativo vigente al momento de surgidas las controversias y, a partir de ello, analiza si el pronunciamiento recogido en el laudo resulta adecuado. Cabe señalar que este expediente, a pesar de su relativa antigüedad, nos permite analizar, entre otros aspectos, el tratamiento de las materias arbitrables, especialmente lo referido a la potestad de la Contraloría General de la República para aprobar adicionales y el enriquecimiento sin causa; así como también, la ejecución de mayores metrados. Es así que la importancia del presente informe reside, precisamente, en que tales tópicos mantienen plena vigencia en la actualidad y, a pesar de las sucesivas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su aplicación todavía resulta compleja y continúa siendo causa de controversias entre contratistas y el Estado. Finalmente, realizado el análisis correspondiente, se concluye que la decisión emitida por el Tribunal Arbitral fue correcta a la luz de la normativa aplicable.Ítem Texto completo enlazado La subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad bajo el amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo General: primacía de la ley(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-18) Zumaeta Arévalo, Ivan; Morón Urbina, Juan CarlosLa subsanación voluntaria de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador constituye un eximente de responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1272, el cual trajo esta modificación a la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, a través del mencionado Decreto Legislativo, se dispone que la Ley del Procedimiento Administrativo General pasa a tener la condición de Ley común, estableciendo para tal efecto la pauta normativa que debe regir toda actuación administrativa. Sin embargo, como se puede apreciar en el presente trabajo, organismos reguladores como el OSINERGMIN han señalado a través de Resoluciones de Consejo Directivo, Reglamentos; entre otros, disposiciones que proponen un régimen diferente y menos beneficioso para el administrado, adaptando la institución de la subsanación voluntaria de una forma que vulneraría lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, afectado de esta forma su carácter de Ley común, bajo un supuesto precepto de especialidad. Sobre el particular, se propone que tanto los organismos reguladores como las demás instituciones y entidades de carácter administrativo establezcan una regla de carácter común respecto a la figura de la subsanación voluntaria, ello con el objetivo de buscar la uniformidad e integración del sistema jurídico, sin que ello vulnere las pautas básicas dispuestas por Ley.Ítem Texto completo enlazado Regulación de la adquisición de inmuebles por trato directo en el marco del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-22) Villarreal Neyra, Katherine Milagros; Morón Urbina, Juan CarlosLa creciente ejecución de obras de infraestructura, entre ellas, las de infraestructura vial, requiere por parte del Estado peruano, una acción eficiente y eficaz a fin de poder llevar a cabo dichas obras. En ese sentido, y como paso previo a la ejecución de la obra, se requiere la adquisición de aquellos inmuebles que se encuentren dentro del trazo de la obra de infraestructura vial, por lo que, para efectuar dicha adquisición, el Estado peruano ha venido promulgando diversas normas que contienen los principios y procedimientos propios de esta forma de adquisición. Así, desde hace unos cinco (05) años aproximadamente, se ha promulgado de manera continua diversas leyes, con el fin de dotar a la administración de todos los mecanismos necesarios para hacer posible que la adquisición de inmuebles se lleve a cabo dentro del marco constitucional. De esta manera, el presente trabajo busca profundizar en el conocimiento y difusión del marco normativo dentro del cual la administración lleva a cabo dicha labor, a fin de coadyuvar en la protección de los derechos que le asisten a la población, así como establecer bases para futuras reformas, tomando como referencia los mecanismos y procedimientos existentes en la experiencia comparada.Ítem Texto completo enlazado Régimen de las entidades sin TUPA vigente: El caso del procedimiento administrativo de licenciamiento institucional de las universidades del Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-13) Castañeda Torrejón, Nataly Mishell; Morón Urbina, Juan CarlosEl presente trabajo de investigación partió de la constatación de una gran incoherencia en cuanto a la regulación concerniente al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) dentro de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La incoherencia a la que hacemos referencia surgió a partir de la modificación a la mencionada Ley mediante el Decreto Legislativo N° 1452 en el año 2018, puesto que con esta modificación varían las consecuencias, de manera negativa, que se podrían generar en el régimen de una entidad pública que no tenga su TUPA vigente. Se afirma ello debido a que aquellas entidades ya no tendrían un incentivo para mantener actualizado su TUPA, específicamente cuando se tratan de procedimientos administrativos de aprobación automática sujetas a silencio administrativo negativo, puesto que, a pesar de no haber compendiado dichos procedimientos en su TUPA, de todas formas, podrán exigir el cumplimiento del determinado procedimiento regulado, así como sus requisitos; lo cual ocasionaría, en última instancia, una vulneración al principio de predictibilidad y seguridad jurídica que debe garantizar la Administración Pública. Además, otra de las consecuencias que se ocasiona con la referida modificación normativa es que los administrados ya no podrían acudir ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI para denunciar la presencia de una barrera burocrática ilegal (al no estar el procedimiento de evaluación previa sujeta a silencio negativo recogido en el TUPA), puesto que la propia Ley N° 27444 señalaría que, de todas maneras, se debe seguir el régimen establecido en la norma de creación o modificación del procedimiento del que se trate. En tal sentido, se analiza el caso del procedimiento de licenciamiento institucional a cargo de SUNEDU con la finalidad de evidenciar que dicha entidad tenía un régimen sin TUPA vigente y, además, se exponen las consecuencias que genera ello.Ítem Texto completo enlazado Las autorizaciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en bienes de dominio público de los gobiernos locales: ¿una petición administrativa que vulnera los derechos al medio ambiente sano y a la salud?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-11) Ramírez Carhuachin, Alessandra Sthefany; Morón Urbina, Juan CarlosEl artículo académico tiene como finalidad demostrar si se presenta una afectación a los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas que presuntamente son generadas por la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea que estos hayan sido instalados en bienes de dominio público o en bienes de dominio privado de los gobiernos locales por parte de los operadores de telecomunicaciones. En el mismo sentido, se busca determinar si los referidos gobiernos locales pueden emitir disposiciones normativas y/o adoptar decisiones administrativas que limiten la aprobación de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, argumentando la referida afectación de derechos. Para responder dichas interrogantes se ha recurrido a la identificación, revisión y análisis de la normativas, doctrina, jurisprudencia y el análisis de casos concretos referidos las autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, a la actuación de los gobiernos locales sobre la emisión de las mismas y los límites de su función normativa; así como a la presunta afectación de derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas a partir de la emisión de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.Ítem Texto completo enlazado Acciones para impulsar las compras públicas ambientalmente sostenibles en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-07-18) Revilla Vergara, Ana Teresa; Morón Urbina, Juan CarlosLa compra pública es una importante herramienta para incidir en la sostenibilidad ambiental de la producción y consumo de bienes, servicios, así como de obras. Tanto por el alto volumen de recursos que moviliza como por su aplicación en todos los sectores y niveles de gobierno. Sus efectos positivos están siendo demostrados en varios países desarrollados y en desarrollo. En este trabajo se revisan las experiencias y se elaboran propuestas orientadas a expandir su aplicación en el Perú. A nivel internacional existen, por ejemplo, regulaciones y orientaciones de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. En países latinoamericanos se han incluido normativas, impulsados diversos proyectos e intercambiado experiencias exitosas. En el caso peruano, este proceso empezó con la Ley General del Ambiente, Ley 28611 del 2005 que introdujo el criterio de asignar mayor puntaje en la selección de proveedores del Estado que muestren condiciones ambientales adecuadas. La Ley de Contrataciones del Estado del 2008 incorporó el principio de sostenibilidad ambiental. También está considerada en varios tratados de libre comercio suscritos por el Perú. Con la nueva ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 del 2015, se creó la figura de la homologación de bienes y servicios; y el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales ha aprobado bases estándar. Es necesario, sin embargo, expandir las compras públicas ambientalmente sostenibles en el Perú, involucrando a todos los actores gubernamentales y privados, mejorando la conciencia social y empresarial respecto a las ventajas de la producción y consumo sostenibles. Para ello se propone, entre otros mecanismos, la realización de un Programa Nacional de Compras Públicas Ambientalmente sostenibles, que regule temas tales como los criterios y lineamientos, marco institucional, selección y priorización de bienes, servicios y obras, verificación y validación de bienes y servicios a adquirir, educación y sensibilización, medición y seguimiento e Informes Anuales.