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Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Sentencia de Casación N°2398-ICA/2021(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Suárez Infante, Romina; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoEste trabajo examina si la Casación N°2398-2021/ICA que dicta sobre la aplicación del delito de feminicidio agravado y la no aplicación del de violación sexual estuvo acorde a los principios de buen gobierno. Para ello, se aborda como problema principal la relación entre los principios de buen gobierno y los delitos de la casación. Se busca relacionar el compromiso del Estado Social Democrático con la violencia basada en género y la calidad de las decisiones del Poder Judicial peruano. Para ello, utilizaré diferentes posturas de la doctrina penal para hacer notar la falta de desarrollo jurisprudencial en los casos de "elementos de contexto" de feminicidio e interpretación de los medios comisivos para el cumplimiento de la violación sexual en Perú. Debo hacer hincapié en la falta de aplicación de los principios de corrección, transparencia y eficacia en cuanto a los medios comisivos de la violación sexual y algunos comentarios de la Corte, pues se replican estereotipos contra las mujeres. Especialmente considerando que Perú tiene una pandemia de violencia contra las mujeres. La Corte y el sistema de administración de justicia tiene un deber constitucional, este se puede derivar en el derecho a vivir una vida libre de violencia, respaldado de manera nacional e internacional. Por ejemplo, enmarcado como objetivo N°5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 hacia el 2030.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la sentencia de Casación N° 526- 2022/CORTE SUPREMA(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Reluz Acuña, Mario Alonso; Torres Pachas, David RicardoEl presente informe jurídico aborda el análisis de la Sentencia de Casación N° 526-2022/CORTE SUPREMA, la cual fue emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En esta sentencia se discutió el recurso planteado por la defensa del abogado Juan Monroy Gálvez, a quien se le imputó la presunta comisión del delito de colusión agravada en contra del Estado. La decisión emitida por los Supremos Magistrados, y los argumentos que la sustentan, formarán parte de la discusión que se plantea en el presente informe, el cual aborda temas teóricos de derecho penal y procesal penal. El problema principal que se ha identificado, luego de analizar los fundamentos y la decisión emitida en la sentencia, es la siguiente: ¿Se puede calificar la conducta del abogado Juan Monroy como una conducta neutral que se realiza dentro de su rol como abogado? Para responder a esta pregunta, se analizarán aspectos teóricos tales como la imputación objetiva, las conductas neutrales y la participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Respecto a temas de derecho penal especial, se discutirá la naturaleza de la concertación en el delito de colusión, y finalmente se evaluará el medio técnico de defensa empleado en el proceso penal. El estudio del presente caso implicará revisar las posturas dogmáticas y doctrinales que se han desarrollado en los últimos años por destacados penalistas; y, sobre todo, comprender el sentido interpretativo que se ha plasmado en la jurisprudencia peruana sobre los temas en cuestión.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Casación Nº2097-2019-LIMA(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Pizarro Tafur, Maria Alexandra; Valcárcel Angulo, Mariella LenkizaEl presente informe jurídico, a partir del análisis de la Casación Nº 2097–2019- Lima, tiene por objetivo dar respuesta a dos problemáticas principales. Primero, respecto a qué debe evaluarse para deducir razonablemente que el incremento patrimonial es consecuencia del abuso del cargo en el delito de enriquecimiento ilícito. Y, segundo, respecto a cuál es el límite para la inversión de la carga de la prueba en este tipo penal. Para ello, la realización del presente informe se ha valido del análisis de distintos instrumentos jurídicos, como la normativa penal y procesal penal, la principal jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina. De esta manera, luego de la investigación llevada a cabo, se ha concluido, por un lado, que para deducir razonablemente que el incremento patrimonial es consecuencia del abuso del cargo, debe evaluarse si el marco competencial del funcionario o servidor público y la calidad de la posición o puesto que desempeña en la Administración Pública son susceptibles de generar las condiciones para un enriquecimiento ilícito. Y, por otro lado, que la inversión de la carga de la prueba al procesado tiene como límite el deber de la carga de la prueba del Ministerio Público, el cual consiste en acreditar, primero, el incremento patrimonial y, segundo, el vínculo funcionarial entre el mismo y el abuso del cargo.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Casación No. 904-2021/Ancash(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Herrera Cevasco, Fanny Augusta; Rodríguez Castro, Carolina SoledadEl informe tiene como finalidad analizar las herramientas jurídicas que permiten priorizar la evidencia psicológica de la agraviada y la prueba periférica frente al examen médico para acreditar si se ha cometido un acto de violación sexual en agravio de una menor de edad que tiene himen dilatable. Para ello, se debe considerar los criterios de valoración que existen en el ordenamiento peruano respecto de las pruebas psicológicas, físicas y periféricas. Además, se desarrolla sobre la valoración de las pruebas a nivel individual y conjunta que se debe realizar en cada una de ellas. Asimismo, se examina cómo se debe utilizar las máximas de la experiencia en este tipo de delitos. Por último, se evalúa el tipo de concurso presente cuando en un caso existen delitos como violación sexual de menor de edad, violación sexual y actos contra el pudor. Lo característico del caso analizado es que desarrolla que la ausencia de desfloración himeneal y de signos de actos contra natura son suficientes para descartar un delito en contra de la indemnidad y libertad sexual. Sin embargo, en el presente informe, se evidencia lo contrario utilizando diversa doctrina, normativa y jurisprudencia relacionada al tema que desvirtúa la postura que tomó tanto la primera instancia como segunda instancia que analizó en su oportunidad el presente caso. En ese sentido, el derecho de defensa de la menor agraviada no se vulnera.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre la Casación N° 1952-2018 Arequipa : criterios de valoración en la declaración testimonial de víctimas menores de 14 años en el delito de violación sexual(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Quispe Montalvo, Grissel Victoria; Limay Chávez, RaquelEl objetivo del trabajo es analizar la postura de las Salas Penales Permanentes de la Corte Suprema en relación al testimonio de las víctimas de violación sexual, menores de 14 años, y analizar, a su vez, cómo el Acuerdo Plenario N°02- 2005/CJ-116 regula la valoración probatoria; esto tiene como objeto de análisis la Casación N° 1952-2018 Arequipa. A este análisis se debe sumar dos aspectos relevantes que aclararán el problema principal; para lo cual, nos apoyamos en el Acuerdo Plenario N°02- 2005/CJ-116 como jurisprudencia, atendiendo a la generalidad con la que fue regulada; el mismo que establece limitaciones para valorar las sindicaciones de las víctimas, porque presenta dificultades en la valoración del criterio de la verosimilitud en menores de edad. Posteriormente, se realizará un análisis sobre la falta de metodología en la psicología forense a nivel nacional para evaluar la credibilidad en las declaraciones de las víctimas menores de edad abusados sexualmente; para luego referirnos a la metodología CBCA-SVA como una alternativa de apoyo para el juez al analizar la valoración sobre la declaración testimonial del menor. Como corolario, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece un análisis de valoración insuficiente y conservador sobre los criterios de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario actual. Razón por la cual es necesario la implementación de un nuevo acuerdo plenario y la aplicación de una metodología psicológica forense como el CBCA-SVA.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la sentencia del expediente 00573- 2020-0-1801-JR-DC-11(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-29) Yrribarren Agama, Jonathan Alexis; Grandez Castro, Pedro PaulinoEl informe tiene como fin el análisis de la sentencia del caso de Ana Estrada y la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, para permitir la eutanasia y la regulación de su ejecución. El tema abordado en la sentencia es trascendente porque expone como un artículo como el citado entra en conflicto acerca de los derechos fundamentales y las acciones que tiene el Estado al respeto. Al abordar un procedimiento como la eutanasia, se crean problemas legales y éticos que involucran derechos y deberes del Estado y sus instituciones con respecto a Ana Estrada . Para analizar el sustento de dicho pedido y lo resuelto por el juzgado, se evalúan las cuestiones procesales acerca del proceso de amparo y el ejercicio del control difuso para permitir la inaplicación de la norma. Esto nos lleva a examinar la Constitución, su Código Procesal, así como el resto de normativa pertinente nacional. Para abordar el análisis de fondo, focalizaré en las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana, destacando también los pronunciamientos del tribunal ecuatoriano y español. Asimismo, se incorporará una perspectiva nacional, con énfasis en las normativas y jurisprudencias peruanas. La conclusión a la que se arriba es que la inaplicación del artículo mencionado es válida, y, por tanto, que se permita la eutanasia; así como que la muerte digna es un derecho fundamental que avala el pedido de Ana Estrada.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica No. 6167- 2005-PHC/TC, E-1629, recurso de agravio constitucional promovido por Fernando Cantuarias Salaverry, a efectos que se declare fundada la demanda de hábeas corpus, contra el fiscal Silvio Máximo Crespo Holguín, Fiscal de la Trigésimo Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-16) Camargo Neyra, Andreina Tais Celenia; Rojas Rodríguez, Héctor FidelEl presente informe contiene un análisis jurídico de los alcances de la jurisdicción arbitral y tiene como principal insumo la emisión de la sentencia en el Expediente No. 6167-2005-PHC/TC. Dicho caso se origina en la contienda arbitral entre Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., y Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. La elección del expediente obedece a su riqueza y diversidad temática ya que encontramos en él distintas ramas del Derecho relacionadas con el proceso, como el arbitraje, el proceso penal y el proceso constitucional. Así, en cada una de estas materias se analiza los principales problemas que se presentan en el caso. Por consiguiente, el informe abarca relevantes materias referidas a estas especialidades, tales como la recusación de un árbitro, los recursos en el arbitraje, de la renuncia de un árbitro y si poseen la calidad de vocales de la Corte Suprema, del hábeas corpus y del recurso de agravio constitucional. Para dar respuesta a los problemas que surgen del expediente se acude a jurisprudencia y doctrina en materia arbitral, procesal y constitucional. El informe concluye que el arbitraje es una vía alternativa para la solución de conflictos de orden constitucional que, como vía jurisdiccional independiente, cuenta con las facultades que impiden la intromisión de cualquier tercero en esta jurisdicción, reconocida como tal por la Constitución. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en su labor como máximo intérprete de la Constitución, distingue y reconoce la competencia de los árbitros para tomar decisiones en el ámbito que se desarrollan.Ítem Texto completo enlazado De víctimas a ¿criminales?: Un análisis desde el derecho penal y los derechos humanos sobre la no punibilidad de las víctimas en el circuito de la trata de personas(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-05) Martinez Tarazona, Flavia Teresa; Montoya Vivanco, Yvan FidelLa presente tesis tiene como objetivo principal plantear cuatro casos-tipo en los que, usualmente, las víctimas delinquen en el circuito de la trata de personas. Y, demostrar que, en la mayoría de estas situaciones, las víctimas deben ser exoneradas de responsabilidad penal. Para ello, propondremos la aplicación de eximentes de responsabilidad penal, tomando en consideración los enfoques transversales (género, derechos humanos, interseccional, y victimocéntrico), los instrumentos internacionales de derechos humanos, y los marcos jurídicos comparados de derecho penal. Aunado a lo anterior, hay algunos casos en los que – para evitar problematizar la situación y la revictimización de las agraviadas – debe aplicarse una excusa absolutoria, cláusula que también hemos diseñado para la presente investigación. Finalmente, habrán casos de no aplicación como i) los de no sujeción de la víctima, y desligamiento en tiempo y espacio del contexto de trata, así como ii) las acciones ilícitas calificadas como crímenes de lesa humanidad y de guerra bajo el Estatuto de Roma.Ítem Texto completo enlazado Reflexiones sobre la valoración probatoria y debida motivación de la prisión preventiva a propósito del Recurso de Agravio Constitucional N º 03248-2019-PHC/TC Caso Yoshiyama Tanaka(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-09) Soto Florián, Fiorella Celeste; Caro John, José AntonioDurante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de 2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un requerimiento de prisión preventiva contra Yoshiyama Tanaka. Este fue declarado fundado por el Juzgado de Investigación Preparatoria y confirmado por la Sala Penal de Apelaciones Nacional. Al encontrarse privado de libertad, Yoshiyama interpuso una demanda de hábeas corpus que fue declarada improcedente, hecho que llevó a que la defensa de Yoshiyama presente un Recurso de Agravio Constitucional por considerar que persistía la vulneración a diversos derechos. Finalmente, el Tribunal Constitucional, declaró fundado en parte dicho recurso al estimar que se vulneró el derecho a probar y la debida motivación. En el presente informe se analiza en qué medida el fallo del Tribunal Constitucional fue adecuado a la luz del razonamiento probatorio y procesal penal.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre la Casación de la Corte Suprema de Justicia N° 1177-2019-Cusco(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-07) Quevedo Navarro, Massiel Ginet; Valcárcel Angulo, Mariella LenkizaEl presente trabajo de suficiencia profesional, versa sobre la Casación Nº 1177-2019- Cusco. El método utilizado se basa en la determinación de los hechos relevantes del caso, seguido del desarrollo de los problemas jurídicos, luego, se realiza el análisis de cada uno de estos problemas, la posición de la Bachillera, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, se observa que la Señora Gregoria habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas en un contexto de violencia basada en género por parte de su conviviente; sin embargo, no encontró justicia, ya que los operadores de justicia le imputaron al agresor el delito de agresiones contra las mujeres y no el delito de feminicidio en grado de tentativa. En este sentido, se concluye una insuficiencia para valorar los elementos del tipo penal de feminicidio, ya que la Corte solo se habría centrado en valorar la idoneidad del arma y el nivel de las lesiones ocasionadas por parte del agresor como problema principal, ya que el análisis del caso carece de una debida argumentación y falta de motivación para sustentar la decisión adoptada. Finalmente, los operadores de justicia no aplicaron la perspectiva de género en el caso concreto, lo cual resulta nocivo para el estudio de los delitos cometidos en contextos de violencia de género. Este enfoque tiene que ser utilizado en concordancia con los estándares internacionales para lograr un Perú con justicia social e igualdad de derechos.
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