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URI permanente para esta colecciónhttps://hdl.handle.net/20.500.14657/170337
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Ítem Acceso Abierto Reglas dogmáticas sobre la interpretación de los delitos de explotación sexual en la jurisprudencia peruana del 2021-2023(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2024) Rodríguez Vásquez, Julio; Quispe Meza, Daniel; Fabián Terreros, YhasiraEl presente artículo tiene por objetivo principal identificar y valorar las reglas dogmáticas jurisprudenciales que interpretan los delitos de explotación sexual en el Perú, así como las que los relacionan con el delito de trata de personas y con los delitos asociados a la prostitución. Se considera que los delitos de explotación sexual incluyen el delito de explotación sexual (artículo 129-C del Código Penal), el delito de la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes (artículo 129-H del Código Penal), el delito de cliente de adolescentes (artículo 129-J del Código Penal), el delito de pornografía infantil (artículo 129-M del Código Penal) y los delitos conexos a la explotación sexual (artículos 129-D, 129-E, 129-F, 129-G, 129-I y 129-K). Por su parte, la trata de personas se regula en el artículo 129-A, mientras que los delitos asociados a la prostitución se tipifican en los artículos 179, 180 y 181 del Código Penal. Para la elaboración de este artículo se revisaron noventa y cuatro (94) sentencias emitidas las juzgados y salas penales de las Cortes Superiores de Arequipa, Ayacucho, Callao, Cuzco, Junín, La Libertad, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali emitidas en el periodo 2021-2023. Luego de la revisión de estas sentencias, se identificaron aquellas que abordaban los delitos de explotación sexual. Posteriormente, sobre la base de la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especializada, se evaluó la corrección de las reglas dogmáticas desarrolladas en estas sentencias. Este análisis permitió plantear, finalmente, recomendaciones para que el Ministerio Público y el Poder Judicial repliquen las buenas prácticas y prevengan y eviten aquellas incorrectas.Ítem Acceso Abierto Reglas dogmáticas sobre la interpretación de los delitos de explotación laboral en la jurisprudencia peruana del 2021-2023(Organización Internacional del Trabajo, 2024) Rodríguez Vásquez, JulioEl presente artículo tiene por objetivo principal identificar y valorar las reglas dogmáticas jurisprudenciales que interpretan los delitos de explotación laboral en el Perú. Es decir, los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral (artículo 129-A del Código Penal), trabajo forzoso (artículo 129-O del Código Penal) y esclavitud y otras formas de explotación (artículo 129-Ñ del Código Penal). Para ello se revisaron ochenta y tres (83) sentencias emitidas por los juzgados y las salas penales de las Cortes Superiores de Arequipa, Ayacucho, Callao, Cuzco, Junín, La Libertad, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali emitidas en el periodo 2021-2023. Luego de la revisión de estas sentencias, se identificaron aquellas que abordaban los delitos de explotación laboral. Posteriormente, sobre la base de la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especializada, se evaluó la corrección de las reglas dogmáticas desarrolladas en estas sentencias. Este análisis permitió plantear, finalmente, recomendaciones para que el Ministerio Público y el Poder Judicial repliquen las buenas prácticas y prevengan y eviten aquellas incorrectas.Ítem Acceso Abierto Los delitos de explotación laboral: bases para una interpretación sistemática de sus diversas tipificaciones en el Código Penal peruano(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2022) Rodríguez Vásquez, Julio; Montoya Vivanco, YvanEl término explotación laboral no se encuentra definido por el ordenamiento jurídico penal. En otros países, la doctrina penal mayoritaria ha evidenciado su preocupación por su carácter polisémico y por el hecho de que es una categoría extraña en la tradición del derecho internacional de los derechos humanos frente a las formas contemporáneas de esclavitud. En nuestro ordenamiento jurídico, esta categoría es referida en el delito de trata de personas —artículo 129-A del Código Penal—, y la jurisprudencia penal la ha vinculado, en la práctica, con el trabajo forzoso, con la servidumbre y con la esclavitud. Sin embargo, existen múltiples preguntas que aún no tienen una respuesta sólida: ¿debe incluir la categoría explotación laboral la acción de colocar o mantener a un trabajador en una situación por debajo del umbral de las garantías laborales?, ¿cómo se diferencian entre sí las categorías que tienen una relación especie-género con la explotación laboral?, ¿qué reglas específicas se deben tomar en cuenta cuando la víctima es niña, niño o adolescente?, ¿cómo se vinculan los delitos que regulan formas de efectiva explotación laboral con el delito de trata de personas? Este artículo tiene por objetivo responder a estas preguntas desde una interpretación teleológica de nuestras normas penales y desde una mirada sistemática de nuestro ordenamiento.Ítem Acceso Abierto La elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): un análisis desde los estándares internacionales y constitucionales(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2021) Novoa Curich, Yvana; Rodríguez Vásquez, JulioEl presente texto realiza un análisis del proceso de elección de los y las integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la luz de los estándares internacionales y constitucionales.Ítem Acceso Abierto ¿Derecho penal sin culpabilidad? Alternativas a la medida de seguridad de internación(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2019-12) Rodríguez Vásquez, JulioEl presente artículo versa sobre la medida de seguridad de internación aplicable a personas con discapacidad psicosocial y sobre las medidas alternativas que se proponen como sustitutas de aquellas. En este trabajo se retomarán las críticas planteadas a la medida de seguridad de internación en un trabajo anterior (Rodríguez, 2016). De igual manera, se propondrán medidas alternativas a dicha consecuencia jurídico-penal y se analizará si las figuras planteadas deben estar ubicadas dentro del derecho penal. Para ello se estudiarán los dos paradigmas imperantes sobre lo que constituye la esencia o núcleo del derecho penal, la regulación de la medida de seguridad de internación y las características del modelo social de la discapacidad asumido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.Ítem Acceso Abierto Penas para personas con discapacidad intelectual: un análisis basado en el modelo social de discapacidad(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2015) Rodríguez Vásquez, Julio; Morales Nakandakari, PamelaDe acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale al 15% de la población mundial (Organización Mundial de la Salud 2011: 7). A lo largo de la historia, estas personas han sido marginadas de los mecanismos de protección jurídica, pues eran vistas como víctimas de una desgracia individual que, en el mejor de los casos, era necesario erradicar. Esta perspectiva fue modificándose desde mediados del siglo XX. Un significativo logro se dio el 13 de diciembre de 2006, fecha en que las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho instrumento afirma el modelo social de discapacidad, el cual tiene como premisa ver a la discapacidad como un problema social. Este cambio de paradigma trae consigo una serie de ventajas, pero exige también una revisión del derecho en su conjunto, dado que los derechos de las personas con discapacidad han sido sistemáticamente vulnerados (Jiménez 2008: 8-9). La finalidad del presente trabajo es analizar dos consecuencias que van de la mano con dicho cambio de paradigma: la necesaria renovación del concepto hegemónico de imputabilidad; y la consiguiente necesidad de un sistema penitenciario acorde con los derechos de las personas con discapacidad intelectual que son imputables según el derecho penal.