Incorporación de lineamientos para la atención de menores en el Protocolo de Actuación Conjunta entre CEM y EE.SS. para enfrentar el reducido acceso efectivo a la interrupción médica del embarazo como resultado de violación sexual en menores de 14 años

Abstract

Los casos de L.C. y Camila, dos niñas peruanas que lograron fallos favorables después de demandar al Estado por enfrentar obstáculos para acceder a la interrupción médica del embarazo tras haber sido víctimas de violación sexual, destacan el problema público del reducido acceso efectivo a este procedimiento en menores de 14 años que viven situaciones similares. Además, estos casos evidencian una clara vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes y subrayan la necesidad urgente de analizar los factores que obstaculizan el acceso a la interrupción médica del embarazo para este grupo vulnerable, junto con el desarrollo de intervenciones públicas que aborden dicho problema. Esta investigación se centra en analizar las causas detrás de este problema público desde diversas perspectivas: normativas y administrativas que regulan el procedimiento, así como socioculturales y políticas. A partir del análisis y priorización de estas causas, se identificó la carencia de mecanismos de atención específicos en situaciones de embarazo como resultado de vulneración sexual en menores de edad. En respuesta a esto, se propone una actualización del "Protocolo de Actuación Conjunta entre Centros de Emergencia Mujer (CEM) y Establecimientos de Salud (EE.SS.)", incorporando disposiciones específicas para la atención de menores de edad que se encuentren en la situación descrita. Estos establecimientos representan los primeros puntos de contacto para las víctimas de violencia sexual, lo cual convierte esta intervención en una oportunidad crucial para asegurar una atención adecuada, incluyendo la posibilidad de acceder al procedimiento de interrupción médica del embarazo según procedimiento.

The cases of L.C. and Camila, two Peruvian girls who obtained favorable rulings after suing the State for facing obstacles in accessing medical termination of pregnancy after being victims of sexual assault, highlight the public issue of limited effective access to this procedure for girls under 14 years old who are in similar situations. Moreover, these cases demonstrate a clear violation of the rights of girls and adolescents and underscore the urgent need to analyze the factors that hinder access to medical termination of pregnancy for this vulnerable group, along with the development of public interventions to address this issue. This research focuses on analyzing the causes behind this public issue from various perspectives: regulatory and administrative factors that govern the procedure, as well as sociocultural and political ones. Based on the analysis and prioritization of these causes, the lack of specific care mechanisms for situations of pregnancy resulting from sexual assault in minors was identified. In response to this, an update to the "Joint Action Protocol between Women's Emergency Centers (CEM) and Health Establishments (EE.SS.)" is proposed, incorporating specific provisions for the care of minors in the described situation. These establishments represent the first points of contact for victims of sexual violence, making this intervention a crucial opportunity to ensure adequate care, including the possibility of accessing the medical termination of pregnancy procedure as outlined.