La aplicación de sanciones tributarias en el marco del procedimiento de fiscalización: afectación al derecho de defensa de los contribuyentes

Abstract

The Public Administration has powers that must be used in order to achieve the objective of protecting the general interest and always guaranteeing the fundamental rights of administered subjects. Within these powers we find the power to sanction, expression of the ius puniendi, that will be activated to the commission of administrative infractions. The sanctioning power requires to be exercised within the framework of a legal procedure that provides to administered subjects sufficient defense guarantees to deal with the imposition of a sanction.However, the current tax regulations deviate from the above-mentioned reasoning: the imposition of tax penalties on the taxpayers takes place within the framework of the supervision procedure. That is to say, the activity of supervision of the Tax Administration will conclude not only with the “Resolución de Determinación”, but also with a “Resolución de Multa”.This regulation is the result of an obvious confusion between the power to supervise and the power to sanction of the Administration, whose actions need to be properly separated. This situation also seriously affects the right of defense of taxpayers, who will not be able to defend themselves adequately against the imposition of a tax penalty.La Administración Pública posee potestades que deben ser utilizadas en aras de alcanzar el objetivo de protección del interés general y garantizando siempre los derechos fundamentales de los administrados. Dentro de estas potestades encontramos la de sancionar, expresión del ius puniendi estatal, y que será activada ante la comisión de infracciones administrativas por parte de sujetos determinados. La potestad de sancionar requiere ser ejercida en el marco de un procedimiento legal que otorgue a los administrados las garantías de defensa suficientes para hacer frente a la imposición de una sanción.Sin embargo, la actual regulación tributaria se aparta del referido razonamiento: la imposición de sanciones tributarias a los contribuyentes infractores se produce en el marco del procedimiento de fiscalización. Es decir, la actividad de fiscalización de la Administración Tributaria concluirá no sólo con la Resolución de Determinación, sino también con una Resolución de Multa.Esta regulación es producto de una evidente confusión entre la potestad de fiscalizar y la potestad de sancionar de la Administración, cuyas actuaciones requieren estar debidamente separadas. Asimismo, con ello se genera una grave afectación al derecho de defensa de los contribuyentes, quienes no podrán defenderse de forma adecuada frente a la imposición de una sanción tributaria.