El derecho a regular minerales críticos y el régimen internacional de inversiones: Una perspectiva desde Hispanoamérica

Abstract

Historically, Latin America, particularly Spanish America, has shown hesitance towards international investment law due to the principle of non-intervention and the Calvo doctrine’s influence. This stance contributed to the region’s opposition to establishing the International Centre for Settlement of Investment Disputes. However, by the late 20th century, there was a shift toward broadly defined bilateral investment treaties aimed at attracting investments more practically. An increase in arbitration claims prompted a reevaluation of the criticisms regarding international investment law, highlighted by recent cases in Ecuador and Honduras. This important perspective has been emphasized within the scope of climate change mitigation and adaptation policies, especially regarding the safeguard of the right to a healthy environment. The region now faces a choice: either relinquish this international investment law or keep the existing ambiguous treaties. Alternatively, it may reform international investment law to protect the right to regulate, particularly concerning host states’ economic policies, has recently concluded by the Inter-American Court of Human Rights in its Advisory Opinion OC-32/25 regarding the climate emergency. This is crucial for developing mechanisms to encourage foreign investment in critical minerals needed for decarbonization while upholding legitimate policies that protect the right to a healthy environment.

América Latina, y en especial los países de Hispanoamérica, han mostrado una histórica reticencia hacia el Derecho internacional de inversiones, como resultado del principio de no intervención y de la influencia de la doctrina Calvo. Fue esta posición la que llevó a la región a oponerse a la creación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, hacia fines del siglo XX, la región giró a favor de la celebración de muy imprecisos tratados bilaterales de inversión, lo que respondió más bien a la necesidad práctica de atraer inversiones. El aumento de reclamos arbitrales llevó a replantear las críticas hacia el Derecho internacional de inversiones, como lo demuestran los casos más recientes de Ecuador y Honduras. Esta visión crítica se ha acentuado en el contexto de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, y en especial, la protección del derecho a un clima sano. Entre abdicar de este derecho o mantener los muy imprecisos tratados actuales, la región puede optar por reformar el Derecho internacional de inversiones para dar mayor protección al derecho a regular, esto es, la soberanía del Estado sede para conducir políticas económicas, como recientemente concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-32/25, sobre emergencia climática. Esto resulta de especial interés para procurar mecanismos de fomento de la inversión extranjera en la producción de los minerales críticos necesarios para avanzar en la descarbonización, al tiempo que se salvaguarda el ejercicio de legítimas políticas, en especial, las orientadas a proteger el derecho al medio ambiente sano.