Necesidad de una protección adecuada a los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales

Abstract

The threats due to illegal logging, illegal mining, illegal agriculture and illicit cultivation of coca come together in the Amazon and in Peru. Such activities daily increase environmental defenders’ vulnerability level. They are subject to aggressions when defending and protecting their lands and natural resources. This panorama has been aggravated by the arrival of the pandemic and was complemented by incentive to extractive and infrastructure activities, resulting in the continuity of socio-environmental conflicts, such as escalation of violence and criminalization of environmental defenders. Murders have increased and have been reported by various international and domestic organizations, despite progress in the justice and environment sectors. Therefore, there is need for adequate implementation of various existing tools and also for the Congress of the Republic to ratify the Escazú Agreement, the first environmental treaty containing provisions for effective protection of these people.

En la Amazonía y en el Perú confluyen las amenazas por la práctica de la tala ilegal de madera, la minería ilegal, la agricultura ilegal y el cultivo ilícito de coca, actividades que incrementan diariamente el nivel de vulnerabilidad de los defensores ambientales, quienes son sujetos de agresiones por defender y proteger sus tierras y recursos naturales. Este panorama se ha visto agravado por la llegada de la pandemia y complementado por el incentivo de actividades extractivas y de infraestructura que han tenido como resultado la continuidad de los conflictos socioambientales, así como la escalada de violencia y la criminalización hacia las y los defensores ambientales. Los asesinatos han ido incrementándose a pesar de los avances en los sectores Justicia y Ambiente, y han sido reportados por diversas organizaciones internacionales y nacionales. Por ello, aún continúa la necesidad de la implementación adecuada de las diversas herramientas existentes y la ratificación en el Congreso de la República del Acuerdo Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones para la protección efectiva de estas personas.