Bear Creek contra Perú y la legalidad de la inversión como requisito (implícito) para el ejercicio de jurisdicción por parte de tribunales arbitrales de inversión

Abstract

Concerns about inconsistency in the application of standards in arbitral awards are strongly present in investment treaty arbitration. In particular, tribunals can regularly exercise a varying scope of jurisdiction when they determine the legality requirement that demands foreign investments to be made in accordance with the law of the host state.In this paper, the author seeks to analyze the decision rendered by the tribunal in Bear Creek v. Peru, in which the Canadian mining company alleged that the Peruvian State breach, inter alia, expropriation protections under the Canada-Peru Free Trade Agreement in relation to its investment in the silver mining project of Santa Ana. In order to achieve this aim, in the first chapter, he addresses three key issues regarding the tribunal’s jurisdiction, the rights on which the company based its claim and the arguably prerequisite of legality or good faith for the tribunal’s exercise of jurisdiction. In the second chapter, he analyzes the validity of the tribunal’s interpretation on the legality requirement for investment as an implicit element in the relevant treaty to determine the tribunal’s jurisdiction.Las preocupaciones sobre la falta de consistencia de los tribunales arbitrales en la aplicación de criterios de sus laudos están fuertemente presentes en el arbitraje de inversiones. Particularmente, los tribuna-les pueden tender a hacer uso de un enfoque diverso sobre jurisdicción cuando evalúan el requisito de legalidad que exige que las inversiones sean realizadas en sujeción al derecho del Estado receptor.En este artículo, el autor busca analizar la decisión emitida en el caso de Bear Creek c. Perú, en el que la compañía minera canadiense demandó al Estado peruano por violar, inter alia, las medidas de protección contra la expropiación contenidas en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú con respecto a sus inversiones en el proyecto minero de Santa Ana. Con este objetivo, en el primer capítulo aborda tres cuestiones principales relativas a la jurisdicción del tribunal, los derechos sobre los que la compañía basó su demanda y el debatible prerrequisito de legalidad o buena fe para el ejercicio de la jurisdicción del tribunal. En el segundo capítulo, evalúa la validez de la interpretación del tribunal con respecto al requisito de legalidad sobre la inversión como un elemento implícito en el tratado para determinar la existencia de jurisdicción por parte del tribunal.