La criminalización de la disidencia contra el extractivismo en el Perú. La atribución de la responsabilidad penal a la acción política: Análisis a la luz del caso Aduviri

Abstract

Validity of human rights in contexts of extractive activity is at the core of a debate around social conflict, currently arising in the country. Conflicts emerging from social and environmental problems created by extractivism have not been properly addressed by the State. The use of repressive mechanisms is more and more questioned, mainly since there is a wider criminalization of the exercise of basic freedoms, such as, the freedom of speech, freedom of opinion, and the right to participate in political decisions that are essential elements to democracy. A rising number of prosecutions against leaders of social movements reveals the use of punitive power to retaliate against those considered as “disruptors” of a hegemonic order being imposed. The Aduviri Case, concerning the prosecution and conviction of a leader of the Aymara movement, who conducted a resilient protest process against mining concessions in the South of the country in 2011, will serve as a reference to the analysis.

Uno de debates que actualmente se plantea en el país es el tema de la vigencia de los derechos humanos en los contextos de desarrollo de extractivas. Los conflictos sociales que se han ido desarrollando en relación estos temas, no han merecido mayor tratamiento desde el Estado, que el uso de mecanismos represivos, los cuales se han ido cuestionando de manera progresiva, en tanto parecen decantar en el campo de la criminalización en contra libertades básicas como el derecho a la disidencia, elemento básico que caracteriza las democracias. En el marco de esta política, han destacado mecanismos como el uso del poder punitivo mediante la manipulación normativa penal, con el fin de promover enjuiciamientos en contra de quienes son considerados los responsables de las “rupturas” de un orden hegemónico que se quiere imponer. Una constatación concreta es la gran cantidad de procesos judiciales instaurados a líderes sociales de movimientos que cuestionan el extractivismo en el país. Un caso emblemático y que sirve de referente para analizar dicha política, es el proceso judicial contra Walter Aduviri Calisaya, líder del movimiento Aymara que dirigió en el 2011 un fuerte proceso de protesta contra las concesiones mineras en el sur del país, producto de lo cual resultó siendo sentenciado, tras atribuirle responsabilidad penal en los hechos suscitados. Nos interesa entrar a la crítica jurídica respecto a la responsabilidad penal asignada a este dirigente social, y los argumentos principales que esgrime esta sentencia, pues consideramos que sienta un precedente en materia del tratamiento del derecho a la disidencia y la protesta pública, los movimientos sociales y sobre todo la responsabilidad de los líderes de estas organizaciones durante los procesos de movilización.