Hacia una gobernanza pública para la autonomía económica de las mujeres

Abstract

Achieving women’s economic autonomy is a challenge for the Peruvian State, which has been addressed primarily through intersectoral development and assistance activities. These activities have yielded limited results, according to the results of the latest 2024 National Time Use Survey, which measures the level of compliance with the international commitments assumed by the State to promote equality between men and women. Therefore, what factors are failing, and what measures can be taken in response?.This paper addresses a public problem of utmost importance for a constitutional and democratic state governed by the rule of law like Peru from an interdisciplinary perspective. The structural discrimination affecting fifty percent of the Peruvian population robs the necessary enjoyment of their economic rights of any substance. The hypothesis is that, beyond the corruption that plagues us, gender biases and stereotypes have taken root in public institutions and are reflected in the governance mechanisms intended for women’s economic autonomy. The challenges of public management, and not necessarily the legal framework, also contribute to their failure to effectively enjoy their economic rights.Alcanzar la autonomía económica de las mujeres es un desafío del Estado peruano que ha sido acometido, esencialmente, a través de actividades intersectoriales prestacionales y de fomento. Estas habrían tenido escasos resultados de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2024, la cual mide el nivel de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está fallando y qué se puede hacer al respecto?. El presente trabajo aborda un problema público de suma importancia para un Estado constitucional y democrático de Derecho como el Perú desde una perspectiva interdisciplinaria. La discriminación estructural que afecta al cincuenta por ciento de la población peruana vacía de contenido el necesario goce de sus derechos económicos. La hipótesis reside en que, más allá de la corrupción que nos habita, los sesgos y estereotipos de género se han instalado en las instituciones públicas y se proyectan en los mecanismos de gobernanza previstos para la autonomía económica de las mujeres. Además, los desafíos de la gestión pública, y no necesariamente el marco legal, también contribuyen a que no gocen efectivamente de sus derechos económicos.