Análisis de la política de certificación de competencias para mejorar su implementación a nivel nacional

Abstract

La tesis Análisis de la política de certificación de competencias para mejorar su implementación a nivel nacional constituye una investigación aplicativa formulada para obtener el grado académico de Magister en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación propuso elaborar recomendaciones para que la Política de certificación de competencias del extensionista rural especialista en ganado vacuno, se implemente de forma adecuada a nivel nacional se extienda a otras cadenas productivas. La metodología de investigación cualitativa, combina la recopilación documental con el recojo de información en campo a través de entrevistas semi-estructuradas, dirigidas a informantes clave. En este proceso se eligieron los casos en Colombia y Perú que permitieran identificar las barreras que enfrenta la implementación de la política. La investigación consta de 6 capítulos, el primero aborda el problema así como el diseño y metodología de la investigación, el segundo presenta el marco teórico que incluye los conceptos utilizados, el balance y la normativa de la certificación de competencias a nivel de Latinoamérica. El tercer y cuarto capítulo se centran en la descripción de los casos de Colombia y Perú, respectivamente. El quinto capítulo presenta un análisis comparativo de los casos. Finalmente, el sexto capítulo desarrolla conclusiones y recomendaciones para el diseño e implementación de la política de certificación de competencias. Entre los principales hallazgos de la investigación se encuentran las barreras que existen en la implementación de la política tales como la duplicidad del tema en los sectores de educación y trabajo, la limitada participación de actores sociales y locales en la elaboración de la política así como la debilidad institucional del SINEACE y sus recursos. Asimismo, se han encontrado factores vinculados a la problemática de los extensionistas rurales tales como la limitada información sobre la demanda de sus servicios en todo nivel y su reducida articulación al mercado de asistencia técnica. Finalmente, se ha constatado que esta política tiene un alto componente de justicia social ya que permite el acceso al derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida y reconoce y valora públicamente los saberes ancestrales transmitidos de generación en generación en la población indígena del país y los conocimientos demostrados a través de la experiencia (saber-hacer).