Constitucion, derecho y principios penales

Abstract

La Constitución de 1979 ha cumplido su primer decenio de vigencia. Durante este período, sus claros propósitos humanistas y de democracia social han determinado importantes cambios en la estructura política, económica y cultural del país. Es más, en lo psicosocial podemos reconocer cómo la idiosincrasia nacional se ha constitucionalizado, superando así la apatía cívica en que quedó sometida por doce años de dictadura militar. Todo esto, pues, permite un balance positivo: nuestra Constitución, en estos últimos 10 años, ha cumplido con muchos de los objetivos que se resumen en su emotivo preámbulo. Sin embargo, los efectos negativos de la violencia política, así como los trastornos sociales ocasionados por la crisis económica, han motivado que también dentro de dicha década hayan transcurrido graves momentos de inestabilidad constitucional. En estas coyunturas, múltiples actos estatales han suscitado agudos conflictos de eficacia o de legitimidad material a los principios rectores de la Constitución, y uno de esos ámbitos de contradicción entre las normas constitucionales y las decisiones políticas del Estado ha sido el concerniente a la legislación penal. Si bien es cierto que en 1981 el Ejecutivo se preocupó seriamente por revisar el derecho penal producido durante el régimen castrense, a fin de adecuarlo a las premisas de la nueva ley fundamental, las disposiciones penales de los años posteriores se fueron alejando de aquella primera intención, surgiendo en cambio una vocación político-criminal sobrecriminalizadora y autoritaria que no ha dudado en transgredir los límites que la Constitución establecía para el ejercicio legítimo del ius puniendi. Cabe señalar como ejemplos los sucesivos actos de demanda y debates sobre la pena de muerte y los tribunales militares para el juzgamiento de casos de terrorismo.