Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Ítem Texto completo enlazado Optimización del RNP y otras medidas de simplificación con enfoque en el proveedor para enfrentar la alta prevalencia de procedimientos de selección declarados desiertos en el caso peruano (2016-2021)(Pontificia Universidad Católica del Perú., 2024-05-14) Flores Milla, Lizet Celice; Castillo Peralta, Carlos Serafín; Ramos Morales, Leonidas LucasEl presente trabajo de investigación se centra en abordar las ineficiencias presentes en el ámbito de la contratación pública, un tema crítico debido al mandato constitucional que obliga a las entidades del Estado a contratar con terceros para proveerse de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones y fines. En ese contexto, se ha identificado como problema público la alta prevalencia de procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios declarados desiertos en el caso peruano entre los años 2016 y 2021, a razón que se ha constatado un incremento progresivo en el porcentaje de desiertos, pasando de un 17% a un 26% durante el periodo analizado. Además, al comparar estos resultados con países como Chile, Uruguay, República Dominicana y España, se evidencia que la magnitud del problema es significativamente mayor en nuestro país. Para afrontar este problema, a pesar de la multiplicidad de causas que lo pueden generar y la imposibilidad de atribuir exclusivamente este hecho a una sola causa, se ha determinado que las “dificultades que enfrentan los proveedores que intervienen en los procesos de contratación pública de bienes y servicios” son una de las causas cruciales que impactarían directamente en el problema. Consecuentemente, se ha propuesto una solución que busca mitigar estas dificultades que experimentan los proveedores, la cual consta de tres componentes: i) optimización del RNP y otras mejoras en las herramientas informáticas, ii) elaboración de un nuevo modelo de “bases amigables” y iii) creación del Programa Nacional “MYPE Oferta Ganadora”. Además, el análisis de deseabilidad, factibilidad y viabilidad de la solución demostró que la propuesta reúne todas las condiciones para ser implementada con éxito.Ítem Texto completo enlazado Elecciones de fuentes de financiamiento óptimas dentro de una licitación pública para obtener y ejecutar una obra en el Perú: Caso MYPE G.R.A.P.H.(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-09-05) Alegre Huerta, Jahir Robert; Ampuero Herrera, Karla Wendolyne; Leandro Cuadros, WaltherEl sector público realiza licitaciones que tienen como objetivo la construcción y/o reestructuración de diversos espacios. Ante esto, las empresas constructoras se ven en la necesidad de analizar la mejor fuente de financiamiento para poder llevar a cabo la obtención y ejecución de las obras. Es así, que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las fuentes de financiamiento óptimas para la obtención y ejecución de obras de construcción civil conseguidas por parte de la empresa G.R.A.P.H en licitaciones públicas en el Perú. Para ello, se identificaron los pasos de la licitación y las características de los proyectos de construcción, así como se conocieron las diferentes fuentes de financiamiento por las que puede optar una MYPE del sector construcción en el Perú. Todo esto, para que, finalmente, se determinen las mejores fuentes de financiamiento de acuerdo a las necesidades que cada proyecto presentó. Para lograr lo mencionado, se realizó el estudio de dos obras que G.R.A.P.H realizó, los cuales son Huacrapuquio y Queñua. En ambas obras se pudo determinar que G.R.A.P.H prefiere pagar al contado e inmediatamente a sus proveedores; por lo cual, no optan por financiarse con ellos. Asimismo, se evidenció que la mayor obtención de sus activos lo han realizado mediante leasing y lo restante mediante el alquiler de estos, así, no poseen desabasto de maquinarias en la ejecución de sus obras. De la misma manera, se concluyó que otra fuente de financiamiento para G.R.A.P.H son las cartas fianza, las cuales son relevantes en una licitación pública. En complemento, con los respectivos análisis de ratios financieros se llegó a concluir que la MYPE G.R.AP.H posee un alto nivel de liquidez, así como una mayor relación de capital, con respecto a la deuda, lo cual la convierte en una empresa financieramente estable.Ítem Texto completo enlazado La afectación del equilibrio económico a partir de los Costos Directos adicionales generados por causas ajenas al contratista a propósito del Caso Arbitral N°2728-2013-CCL(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-16) Carhuancho Rodríguez, Sergio Ever; Chocano Davis, Christian CesarEn el presente trabajo se analiza el Caso Arbitral N°2728-2013-CCL, correspondiente a la demanda formulada por el Consorcio Nueva Gambetta en contra del Gobierno Regional del Callao. En sede arbitral se discute cinco pretensiones, refiriéndose la cuarta pretensión al pago de mayores Costos Directos en el que se habría incurrido por la paralización y/o inactividad de equipos como consecuencia de la no entrega oportuna y libre de interferencias del terreno por causas no imputables al contratista. Bajo dicho problema, se analiza si la regulación de la Ley de Contrataciones y su Reglamento prevén alguna metodología para la cuantificación de los Costos Directos. Se considera ello de suma importancia, por un lado, debido a que en nuestro país los efectos de las ampliaciones de plazo generan un encarecimiento de las obras públicas para el Estado peruano. Por otro lado, se pretende no perjudicar económicamente al contratista salvaguardando principios como el equilibrio económico- financiero y el de equidad. Se concluye que, si bien la normativa no brinda una forma de cálculo sobre los Costos Directos, las decisiones de terceros deben de estar vinculadas en lo pactado por las partes, sea en el contrato, en las bases, o en su defecto, en los acuerdos tácitos de las partes contractuales.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica solicitud de ampliación de plazo(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-11) Cabrera Hurtado, Khiara Greisse; Delgado Suárez, Christian AlexLa incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato.Ítem Texto completo enlazado Buenas prácticas en materia de solución de controversias en contratación pública ante tribunales administrativos en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-06) Chang Alvarado, Maria Mercedes; López Villanes, Noam Dante ValentínEl objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.Ítem Texto completo enlazado Análisis de la figura de declaración de desierto en las licitaciones públicas y concursos públicos y su aplicación en resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Loayza Quispe, Andrea Belen; Villegas Vega, Paul NicolásEl objetivo de la presente investigación es explicar con mayor detalle la declaratoria de desierto de las licitaciones públicas y concursos públicos puesto que, a nivel doctrinario, no existe un estudio que aborde dicho tema con exhaustividad. Para ello, abordaremos las principales diferencias de los procedimientos de selección, todo esto por la indebida aplicación del desierto en una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado. El método de investigación empleado en el desarrollo del presente ensayo es el uso de las diversas fuentes del derecho como la legislación y la doctrina. Asimismo, nos apoyamos en diversas directivas de la Dirección Técnico Normativa del OSCE que ahondan con mayor profundidad en los temas propuestos. Las principales conclusiones fueron que, el único motivo por el cual el procedimiento de una adjudicación simplificada reemplaza a un concurso público y licitación pública es por la prontitud en la cual culmina la contratación, ya que tiene menor cuantía, duración del procedimiento, etapas procedimentales, exigencias y complejidad. Asimismo, en atención a la legislación comparada, una ventaja de nuestra normativa, en lo que se refiere al desierto, es que expresamente se menciona que se deben de corregir aquellas causas que originaron que no se culmine con la contratación; por el contrario, una desventaja es que, a diferencia con las legislaciones de Chile y España, no se contrata con un postor de manera directa luego de una segunda convocatoria desierta.Ítem Texto completo enlazado Las compras electrónicas en el marco de la Ley de Contrataciones: Mejoramiento de las compras públicas con la utilización de los procesos especiales de acuerdos marco y subasta inversa electrónica en la policía nacional AF 2018 y AF 2019(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-11) Jiménez Álvarez, Jyon Frankie; Higa Silva, César AugustoSe enfocó como objetivo general establecer la mejora en el proceso de las compras públicas de la Policía Nacional, mediante el sistema de compras electrónicas Acuerdo Marco y Subasta Inversa Electrónica para bienes y servicios durante el año fiscal 2018 y 2019, teniendo en cuenta que se debe establecer la forma en que las compras electrónicas pueden proporcionar herramientas poderosas para impulsar un índice de eficiencia superior en transparencia y economía en las compras públicas. Metodológicamente esta investigación fue realizada bajo el marco del diseño descriptivo y mediante un proceso de revisión bibliográfica. Cuando se hace la compra pública por canales electrónicos, la fluidez en la proporción de la información para dominio público es mayor y mucho más ágil. Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú al ser un ente de administración pública, está sujeta al principio de transparencia, por lo que debe facilitar la participación ciudadana a la corroboración del buen uso de los fondos públicos. Teniendo como conclusiones que en cuanto a la compra de bienes y servicios por medios electrónicos en el año fiscal 2018 y 2019 ha sido positivo en tanto ha permitido mejorar la transparencia en el uso de fondos públicos por parte de la Policía Nacional del Perú, pues ha permitido no solo publicitar a través del SEACE lo que se está haciendo con dichos fondos de manera más precisa, sino también gestionar con mayor eficiencia las compras públicas, sustentadas con documentos electrónicos, ello brinda mayor seguridad a la ciudadanía de lo que se hace con sus aportes y cómo se comporta la administración de la PNP en relación al manejo del presupuesto público.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre la Resolución N°2338-2018-TCE-S2 de fecha 28 de diciembre de 2018, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-16) Chinchay Yancunta, Juan Jose; Villegas Vega, Paul NicolásEn los últimos diez (10) años, el marco especial de las Contrataciones del Estado ha sido modificado cada dos años de diferencia aproximadamente, bajo la lógica y el razonamiento hipotético de obtener un cuerpo normativo que fomente las compras públicas eficientes. Lo cierto, sin embargo, es que las modificaciones en el régimen sancionador no han sido alentadores en tanto y en cuanto se han apartado de las garantías y condiciones mínimas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El presente caso sancionador (Resolución N°2338-2018-TCE-S2 bajo análisis) surgió durante la etapa de modificación de la Ley N° 30225, por el Decreto Legislativo N° 1341, en el que se reconocieron derechos y garantías mínimas como la separabilidad de las fases de instrucción y sanción en los procedimientos sancionadores seguidos por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, así como la caducidad, y el cambio del tipo infractor relacionada a la presentación de documentación inexactaÍtem Texto completo enlazado Proceso de compras públicas de medicamentos bajo la modalidad de subasta inversa: caso CENARES(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-09-27) Sayago Velasque, Susana; Arguedas Gourzong, Cinthya GiselleEl Estado garantiza el bienestar en el ámbito de la salud de las personas a través del acceso a medicamentos de calidad, y en el momento oportuno mediante la contratación pública eficiente, haciendo uso de la tecnología y de procesos más ágiles, menos burocráticos. Asimismo, otorgando un marco regulatorio a la actuación de los funcionarios y servidores públicos que cumplen sus funciones en pro del beneficio de la población. Toda compra ejecutada requiere del uso de los recursos públicos; es decir, del dinero de la población. En el Perú es un derecho acceder a medicamentos, aún persiste algún sector de la población que no puede beneficiarse, según la Encuesta Nacional de Usuarios en Salud [SUSALUD], en el 2015 el 55% de los pacientes del Ministerio de Salud [MINSA], a través del Seguro Integral de Salud [SIS], no consigue sus medicamentos recetados por falta de stock en las farmacias de los hospitales retardando la cura de las enfermedades y sus tratamientos, que probablemente sea origen de mayores dolencias, incluso, la muerte por falta de medicamentos. Por lo mencionado, es importante contar con procesos de adquisición de medicamentos eficientes y oportunos. En ese marco, se han impulsado reformas en la gestión de adquisiciones, algunas de las cuales incluyen la aplicación de modalidades modernas como es el caso de la Subasta Inversa como un mecanismo de selección de proveedores, que responde a un tema de actualidad, en la que interactúan las entidades públicas contratantes y a proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores [RNP] para proveer una gama de productos, entre los cuales están productos en salud descritos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes [LBSC] cuyas especificaciones de diseño, cantidad, calidad, entrega y términos relacionados a las condiciones se definen previo a la fase de Convocatoria. El presente estudio propone como principal objetivo analizar elementos más importantes que hacen más eficiente el proceso de compra centralizada de medicamentos a través de Subasta Inversa, herramienta estratégica de selección de proveedores, realizada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), que es la central de compras de recursos estratégicos en salud para el MINSA, desde la postura del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y del Área Usuaria (AU) de las instituciones de salud, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016. La información analizada es extraída de la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado [OSCE], del CENARES y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], que es información pública. Así como entrevistas xii semiestructuradas realizadas a los funcionarios y servidores públicos involucrados en las compras públicas de medicamentos de los hospitales de Lima metropolitana a través de las compras corporativas descentralizadas y facultativas. La importancia de estudiar y analizar el proceso de Subasta Inversa surge del reconocimiento de la búsqueda de eficiencia para adquirir bienes (medicamentos) y servicios canalizados a través de la materialización de las compras públicas. La experiencia internacional muestra que el incremento en el uso de las herramientas electrónicas como Subasta Inversa ha dado resultados positivos. De esta la manera, la investigación contribuye a identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la Subasta Inversa esperando contribuir directamente a mejorar los niveles de disponibilidad de medicamentos. Entre los más importantes hallazgos de la investigación se tiene evidencia de que i) las compras por Subasta Inversa han permitido, efectivamente, reducir el precio de los medicamentos, esto es visible en el ahorro en 22.5%, en promedio para periodo 2012-2016, con respecto al Valor Referencial1, ii) el uso de las Fichas Técnicas de los medicamentos permite asegurar las condiciones de la adquisición en teoría; no obstante, en la simplificación de las especificaciones se ha perdido parte del proceso que garantizaba la calidad, es una diferencia con respecto al modelo clásico de compras, iii) el ahorro en tiempo con respecto a la modalidad clásica disminuye en 41.6%, equivalente a 81 días hábiles en la etapa de selección de proveedores, y iv) el Área Usuaria se encuentra poco satisfecho con la gestión de la compra corporativa gestionada por el CENARES. A modo de recomendación, tras la evidencia de implementar una herramienta con predictibilidad documentaria y mejora de precios con la cual se ha logrado pues una mejor experiencia, aún los problemas de desabastecimiento de medicamentos persisten, pues requerirían abordar el análisis de la cadena de suministro. Es necesario destacar que para el éxito de la gestión de compra, la elección de una herramienta mediante la cual se ejecute deberá caminar adaptándose a la demanda de los usuarios finales y a cambios en el sistema de salud. Por ello, la importancia de mejorar la comunicación y coordinación de las entidades involucradas en las etapas de programación y ejecución contractual.Ítem Texto completo enlazado La ilegitimidad de la colusión(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-10-01) Vidal Córdova, Elí Selah; Montoya Vivanco, Yván FidelHasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la validez, alcance e idoneidad de las normas es determinada recién luego de que estas entran en vigencia. En otras palabras, podríamos decir que, actualmente, nuestro Código Penal organiza y regula su catálogo de delitos usando el método de ensayo y error. Esto ocasiona que -entre otras malas prácticas- se proscriba acciones muy similares en distintos tipos penales, lo que significa una sobrenormativización del derecho que provoca confusión en la aplicación de las leyes, inseguridad jurídica e, incluso, impunidad. Un ejemplo claro de excesiva regulación la encontramos en la relación entre dos tipos penales de trascendencia actual: la negociación incompatible como una norma general y la colusión como una norma específica. Ambos delitos mantienen una marcada semejanza: son de mera actividad, protegen el mismo bien jurídico -el interés del Estado en las contrataciones públicas*-, se cometen por funcionarios (sujetos con deberes especiales) en las mismas clases de operaciones o contratos, en contra de la Administración Pública, en agravio del Estado y estipulan una pena abstracta casi idéntica. Ante esta enorme similitud, la presente investigación procura determinar si la colusión es una norma necesaria en nuestra regulación y si su vigencia no conlleva mayores costos que beneficios. Para lograr este objetivo, debemos evaluar si la concertación -único elemento que la diferencia de las demás normas de fraude- de la colusión -norma general- provoca una desvalorización social notoriamente distinta a la negociación incompatible -norma específica-. De ser así, esa sería la única razón que podría justificar la vigencia de un delito que sanciona exclusivamente los fraudes mediante acuerdos, cuando ya contamos con otra norma que sanciona los fraudes en general. Caso contrario, la colusión debe derogarse (por esta y otras razones) y cederle su ámbito de aplicación a la negociación incompatible. Desde nuestra perspectiva, la modalidad de fraude de la colusión no tiene una desvaloración social significativamente distinta a la negociación incompatible, por lo que no se justifica su regulación. Por otro lado, su propia vigencia tiene efectos sumamente nocivos. Por ejemplo, la participación necesaria -exigida en la norma- entorpece la aplicación de sanciones en contra de los funcionarios e, incluso, puede provocar impunidad. Además, la redacción de los dos párrafos de la colusión tampoco es clara, pues confunde la modalidad simple con la tentativa de la modalidad agravada. Por dichas razones, en este trabajo contradecimos 154 años de legislación de delitos de fraude contra la Administración Pública* y proponemos derogar la colusión y ajustar la redacción de la negociación incompatible para que, en adelante, este último sancione los fraudes cometidos mediante concertación (y prescinda de la participación necesaria). Finalmente, también hemos propuesto una pena agravada para las negociaciones incompatibles que, primero, superen un mínimo cuantitativo de perjuicio económico al Estado o, segundo, se cometan en procesos de contratación, actuados en una situación de emergencia, que pongan en serio riesgo o dañen otros bienes jurídicos.