Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Los informes periódicos del Perú y el sistema de tratados de derechos humanos de la ONU
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-05-25) Moreno Peña, Carmen Mercedes; Burneo Labrín, José Antonio
    Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación.
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    Alternativas pacíficas ante la violencia política desde los exmilitantes del PCP-SL
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-12-19) Malvaceda Espinoza, Eli Leonardo; Rivera Holguín, Miryam
    La presente investigación tiene por objetivo, conocer las alternativas pacíficas ante la violencia política, que se plantean los exmilitantes del PCP-SL que participaron en ella. Es una investigación cualitativa, de nivel descriptivo, realizada mediante el método fenomenológico. Así se realizaron siete entrevistas en profundidad a exmilitantes del PCP SL, quienes no se encuentran vinculados actualmente a una ideología senderista. Se tuvo en cuenta los aspectos éticos, relacionados a la investigación y en especial al tema de estudio.Para ello resulta necesario conocer previamente a los exmilitantes del PCP-SL que se plantean las alternativas, de tal modo que se aborda el proceso de construcción y deconstrucción del militante del PCP-SL, hasta su desvinculación, tras ello se presentan las alternativas para la construcción de la paz social que estos últimos se plantean. Así se parte por el perdón la restauración del tejido social, de otro lado se plantea el acompañamiento psicosocial como un espacio de rehumanización. De otro lado, se plantean estrategias de retribución y restauración comunitarias, así como acuerdos de reinserción comunitaria. Se plantea también la apertura de espacios de inserción social, así como el fortalecimiento institucional del Estado y una construcción conjunta de las verdades.
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    El derecho fundamental del acceso a la justicia y las barreras de acceso en poblaciones urbanas pobres en el Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-11-18) Ortiz Sánchez, John Iván; Peña Jumpa, Antonio Alfonso
    Uno de los principales temas de estudio del Derecho está relacionado con la justicia. Es tan importante que constituye un concepto fundamental. Sin embargo, a pesar de esta importancia, el acceso a su materialización o concreción de justicia, no ha recibido la misma atención y preocupación de las investigaciones jurídicas. En la práctica, el debate y la discusión doctrinal relacionados a la justicia han estado centrados en los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. El primero es un aporte anglosajón del sistema jurídico Civil Law y el segundo es un aporte del sistema jurídico romano – germánico presente en los marcos jurídicos europeos. Nuestra Constitución establece expresamente el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional en el artículo 139 Inciso 3°. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico constitucional no estableció la naturaleza de esta relación. El concepto de acceso a la justicia ayuda a aclarar la naturaleza de esta relación. Sin embargo, este concepto es más rico y autónomo. Es un derecho fundamental que se vincula con una necesidad concreta de la población. De ahí que se ha desarrollado a partir de un movimiento internacional generado por las investigaciones de Cappelletti y Garth sobre las experiencias en EEUU y en Europa occidental.
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    Dos caras : la protección de los derechos de los pueblos indígenas según el Tribunal Constitucional peruano
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-10-22) Verona Badajoz, Ricardo Aarón; Guevara Gil, Jorge Armando
    En el clímax de la historia que relata J. M. Coetzee en su novela Esperando a los bárbaros, el viejo magistrado trata, en vano, de evitar una brutal escena de violencia contra los “bárbaros” perpetrada por el ejército de “El Imperio”. Mientras lo arrastran malherido a su celda, reflexiona: ¿Hubiera osado enfrentarme a esa multitud en demanda de justicia para esos ridículos prisioneros bárbaros con el trasero al aire? ‘Justicia’: una vez que se ha pronunciado esa palabra, ¿hasta dónde nos conducirá? Más fácil es gritar ‘¡No!’ Más fácil es ser apaleado y convertido en mártir. Más fácil es poner la cabeza en el tajo que defender la causa de la justicia para los bárbaros: porque ¿adónde puede llevarnos esta causa sino a deponer nuestras armas y abrir las puertas del pueblo a aquellos cuya tierra hemos invadido?2 (Coetzee 2013: 159). La reflexión de este personaje se convierte en una dolorosa tragedia por dos motivos: porque la dice solo para sí, sin hacerla pública, y porque la pasión silenciosa de donde surge es una mezcla de indignación e impotencia extrema y desgarradora. El magistrado solo enuncia, a pesar de que su cargo le exige que se haga justicia, y por ello su reflexión es más cruda. Y es que si, a pesar de su evidente necesidad, la justicia ha sido ignorada tanto tiempo, descubrir que se tiene responsabilidad por su ausencia cuando es demasiado tarde puede ser abrumador; ejercerla en ese momento puede sonar descabellado, temerario. Sin embargo, la reflexión del juez no se asume aquí como una revelación o una solución que prevenga, por ejemplo, el abuso y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es imposible, debido a la estructura política, jurídica y social, y a las relaciones que vinculan a estos pueblos con las sociedades llamadas modernas en un mundo globalizado. Pero aún así, en el momento de más angustia y desesperanza, ¿quién no reclamaría la mayor retribución para quienes hemos visto sufrir y ser agraviados?, ¿quién no reclamaría justicia? Entonces, el objetivo debería ser evitar llegar a aquel momento de angustia y concebir la justicia que se demanda mientras exista posibilidad de reparar el agravio, de compensarlo al menos y no solo reconocerlo y lamentarlo. Con la intención de brindar una herramienta para ello, este trabajo explora la postura histórica que ha tenido y tiene el Tribunal Constitucional (TC o Tribunal), una de las instituciones de justicia más importantes de gran parte de los actuales Estados modernos, sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Naturalmente, este análisis se realiza en el marco de su especial función jurisdiccional y, por ende, a través de su jurisprudencia 3 histórica sobre el tema. Lo que se pretende es desenhebrar el razonamiento del Tribunal en el desarrollo de sus sentencias desde que empezó a ser receptor de las demandas de justicia de los pueblos indígenas o en aquellos casos en los que no hubo demandas explícitas, pero en los que existió un perjuicio que se pudo evitar o remediar. Éste puede haber oscilado entre un enfoque asimilacionista, expresado en la desasistencia más corrosiva, u otro intercultural, que supone un reconocimiento más inclusivo. Descubrir y analizar críticamente cuáles fueron y son los enfoques privilegiados por el TC permitirá tener una mayor claridad sobre su devenir jurisprudencial respecto del tema en cuestión. De hecho, el recorrido que se hace aquí a través de las 21 sentencias consideradas aquí de temática indígena nos revela dos cosas: la sinuosidad de la ruta trazada por el Tribunal en la búsqueda de su propia tendencia sobre los derechos de estos pueblos (incluso en periodos en los que su composición es básicamente la misma), y su peligroso encauzamiento hacia una postura multicultural muy limitada e incluso restrictiva. Ambas afirmaciones se evidencian por revelaciones expresadas en las distintas y constantes contradicciones del TC, sea en la argumentación de una misma sentencia en particular (entre su retórica y sus fallos), o entre sus propias sentencias. A partir de este análisis, se puede elaborar un discurso argumentativo orientado a redirigir la postura más circunscripta o fortalecer la más progresista. Al final, tal vez no podamos evitar sentir la misma angustia del magistrado de Coetzee, pero por lo menos secundaremos las demandas de justicia, las enunciaremos sin vacilaciones, sabiendo que lo hemos hecho a tiempo. Por último, el título de este trabajo no solo alude a las contradicciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha tenido el Tribunal, especialmente entre su discurso y las consecuencias de sus fallos, también hace referencia al antiguo dios romano Jano, a su funcionalidad dual, compartida por el Tribunal. En efecto, el doble potencial del TC (a veces contradictorio) implica una misión hegemónica y contrahegemónica, de afirmación del status quo y de cambio, siempre en pugna A continuación se señalan algunas precisiones metodológicas sobre los criterios usados para el análisis de las sentencias, para luego presentar la estructura de este trabajo.
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    El derecho a la salud mental en el Perú del siglo XXI ¿un derecho protegido o un derecho postergado por el estado peruano?
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-09-03) Ticona Cano, Paola Elizabeth; Bernales Ballesteros, Enrique
    Si bien el Estado Peruano bajo el mandato constitucional de respeto a la dignidad de la persona humana y de reconocimiento al derecho a la salud mental, ha ejercido un importante avance en la formulación de políticas públicas en materia de salud mental. La ausencia de una cultura basada en los valores de los derechos humanos, especialmente en la interdicción de la discriminación y estigmatización de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales, así como el sostenido incremento de trastornos mentales y problemas psicosociales, advierten la existencia de un grave problema de salud pública que viene afectando a nuestra sociedad. Bajo ese contexto, es que surge la duda razonable de si el derecho a la salud mental en el Perú del siglo XXI es un derecho protegido o es un derecho que viene siendo postergado por el Estado Peruano. Precisamente, para dilucidar la incertidumbre, aplicando el método funcional, a través de la presente tesis se pretende realizar un diagnóstico que permita evidenciar la falta de coherencia que existe entre los compromisos asumidos por el Estado Peruano y las medidas efectivamente adoptadas por él en materia de salud mental. Con ese objetivo, se analiza jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, información emitida por el Ministerio de Salud e informes defensoriales realizados por la Defensoría del Pueblo, todos relacionados a la afectación del derecho a la salud mental y al estado de la salud mental en nuestro país. En ese marco general, la presente tesis aborda principalmente los siguientes subtemas a lo largo de sus tres capítulos: primero: el contexto histórico de la asistencia en salud mental y del trato hacia las personas con discapacidad mental o trastornos mentales en el Perú; segundo: el desarrollo dogmático constitucional del derecho fundamental a la salud mental a partir del reconocimiento de la dignidad humana, la importancia del proceso de especificación en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales y las características de la realidad peruana que afectan la salud mental; tercero: el tratamiento de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales por parte del Estado Peruano, bajo el cual se analizan las políticas públicas elaboradas en materia de salud mental por parte del Estado, así como la situación actual de la salud mental en nuestro país. El análisis conjunto de lo subtemas señalados, llevan a la presente investigación a concluir que la situación actual de la salud mental en nuestro país, no es más que la consecuencia directa de la postergación del derecho a la salud mental por parte del Estado Peruano en el siglo XXI.
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    La democracia y las organizaciones de derechos humanos en el Perú : La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el período 1997-2001
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-02-13) Alayza Mujica, Ernesto; López Jiménez, Sinesio
    Pareció importante y motivador estudiar los documentos y analizar la actuación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el proceso de cierre del período del régimen de Alberto Fujimori, llamado de transición a la democracia, correspondiente a 1997-2001. En una situación de monopolio o copamiento de instituciones, en que se guardaron formalidades para aparentar la continuación de un régimen democrático, las organizaciones de derechos humanos integradas en una Coordinadora Nacional persistieron en denunciar, primero los abusos y violaciones a derechos individuales, y luego desde la primera reelección, pasaron también a señalar críticamente las amenazas y agresiones a las instituciones democráticas.
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    La herencia del pasado : Fuerzas Armadas, derechos humanos y seguridad interior en el Perú contemporáneo.
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012-04-26) Arce Arce, Gerardo Alberto
    El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno; Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).