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Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Resolución Nº 1990-2013-TC-S1 de fecha 10 de setiembre de 2013, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-13) Rafaele Paucar, Laura Ximena; Guzmán Napurì, ChristianEl presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993, que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento Administrativo General vigente.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre la Resolución Nº 46 Laudo Arbitral - Arbitraje Ad Hoc seguido entre OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. y PROVÍAS NACIONAL(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Erausquin Herrada, María José; Guzmán Napurí, ChristianEn este informe jurídico se aborda un problema principal y tres problemas secundarios relacionados con la Resolución Nº 46 Laudo Arbitral - Arbitraje Ad Hoc seguido entre OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. y PROVÍAS. NACIONAL. El problema principal radica en la posible alteración de la ruta crítica de la obra. Se concluye que sí existe un impacto en la ruta crítica, contrario a lo que señala el Tribunal Arbitral. El primer problema secundario sobre el impacto de la ruta crítica por el comportamiento de un tercero ajeno al contrato de obra, se determina que sí es posible, toda vez que el retraso en la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 10 incurrido por la Contraloría General de la República constituye una causa que no es atribuible al contratista. El segundo problema secundario se refiere a partir de qué momento se puede ejecutar un presupuesto adicional que excede el 15% del monto contractual. Se establece que la aprobación se da a partir de la emisión de la resolución por parte de la Contraloría General de la República, que dispone la aprobación del presupuesto adicional solicitado por la entidad contratante. El tercer problema secundario analiza si el contratista debe solicitar la ampliación de plazo por un adicional de obra sin la autorización de la Contraloría General de la República. Se concluye que no es posible, ya que, sin dicha aprobación, no se puede ejecutar el adicional ni obligar al contratista a solicitar la ampliación de plazo.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Resolución N° 5 del Expediente N° 00215-2023-0- 1817-SP-CO-02(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-09) Ocrospoma Ramírez, Steffany Cristel; Martínez Villacorta, Diego RenatoEl desarrollo del presente informe se sustenta en los aspectos jurídicos más relevantes en torno a la Resolución N° 5 del Expediente N° 00215-2023-0-1817- SP-CO-02, que resuelve anular parcialmente el laudo arbitral del 21 de febrero de 2023. En dicho arbitraje se discutió la aplicación de "penalidades por mora" y "otras penalidades" bajo la Ley N° 29230. Posteriormente, luego de haber abordado los aspectos relevantes sobre las penalidades contractuales, se procederá a examinar la facultad del Poder Judicial para anular laudos arbitrales por motivación insuficiente. Para ello se debe tener en cuenta si bien no es posible aplicar el estándar de motivación judicial a los arbitrajes, los árbitros deben sustentar sus decisiones en aspectos fácticos y jurídicos del caso concreto a fin de no vulnerar el derecho a la debida motivación que asiste a las partes. Aunado a ello, se tiene que en el Caso Arbitral N° 0267-2022-CCL el tribunal arbitral ha evaluado con coherencia la forma en la que se debe sancionar el incumplimiento del supervisor al no haber entregado los informes respectivos en el plazo contractualmente establecido, para ello sustenta su decisión en la fórmula prevista en las bases integradas del contrato. Sin embargo, pese a está prohibido expresamente que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia, en el caso particular se evidencia que se ha solicitado la precisión respecto al monto de referencia, lo cual estaría afectando la irrevisabilidad del laudo.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre el caso arbitral recaído en el Laudo N° 382-2022-CEAR(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-08) Campos Trejo, Paolo Jesús; Wong Abad, Julio MartínEl Laudo Arbitral del Caso N° 382-2022-CEAR involucra una disputa entre el Consorcio Kaysun - Alldocube (el demandante), compuesto por dos empresas chinas, y la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, adscrita al Ministerio de Educación del Perú (la demandada). La controversia surge en el marco de un contrato suscrito conforme a la Ley de Contrataciones del Estado para la adquisición de bienes en el marco del programa “Aprendo en Casa”. La controversia se centra en la capacidad de la Entidad para anular una conformidad contractual previamente emitida y llevar a cabo una reexaminación contractual basada en normas administrativas, culminando en la resolución del contrato. La Entidad argumenta que tiene la facultad administrativa de emitir y anular conformidades, apoyándose en la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo que le permite aplicar una "verificación posterior" a la ejecución del contrato. En contraste, el Contratista sostiene que, una vez emitida la conformidad, la Entidad no puede declararla nula mediante un acto administrativo debido a la competencia exclusiva de la jurisdicción arbitral para pronunciarse sobre la controversia. Según el Contratista, cualquier intento de dejar sin efecto la conformidad debía ser presentado como una pretensión ante un Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral se dividió en su decisión, emitiendo un laudo por mayoría y con un voto en minoría que se caracteriza por un diferente razonamiento relacionado a las pretensiones presentadas por las partes. Las discrepancias entre los árbitros incluyen aspectos competenciales, como si el Tribunal puede declarar la nulidad de un acto administrativo o solo su ineficacia. Además, se cuestiona si la jurisdicción arbitral es competente para declarar la nulidad de un acto administrativo, o si esta competencia recae en la jurisdicción contenciosoadministrativa del Poder Judicial. Esta división refleja la complejidad del caso y las dificultades en la interpretación de las normas aplicables.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre el caso arbitral N°0265-2017-CCL de fecha 22 de julio del 2019(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Cárdenas Olivera, Oscar Omar; Martín Tirado, Richard JamesEl presente informe jurídico se fundamenta en el caso arbitral N°0265-2017- CLL de fecha 22 de julio de 2019 en el que se detalla el incumplimiento de la obligación esencial de entrega oportuna de terrenos de Provías Nacional que generó un desequilibrio contractual y requirió, por lo tanto, una modificación contractual. Este caso evidencia la importancia de cumplir oportunamente los tiempos de entrega de los acordado por la entidad pública para mantener el equilibrio económico financiero del contrato y las ampliaciones de plazo como medio para restaurar dicho equilibrio. La presente investigación, por tanto, se centrará en estudiar las obligaciones de los contratos administrativos, el equilibrio contractual y las causales de modificación contractual y las ampliaciones de plazo como alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato administrativo. Tras este proceso, se plantea que existió incumplimiento de la entrega oportuna de terrenos, incumpliendo con una obligación esencial para la ejecución del contrato que llevaría a requerir una modificación contractual para mantener el equilibrio contractual por lo que, las ampliaciones de plazo eran necesarias. El caso en mención, se analiza utilizando el Decreto Legislativo N° 1057 Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo general, opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y textos doctrinarios pertinentes.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la resolución del Recurso de Casación N°1379-2017/Nacional(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-05) Jeri Contreras, Rosana Ximena; Torres Pachas, David RicardoEl caso gira entorno a las diversas irregularidades que se produjeron en la ejecución de una obra en su etapa de liquidación y resolución contractual. En donde se presume que habría existido una concertación entre los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes y los representantes de la persona jurídica A&J Inversiones S.A.C con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Tal concertación, se habría materializado en virtud de una conciliación arbitral en la que intervino un tribunal arbitral integrado por tres árbitros, quienes emitieron finalmente un laudo arbitral favoreciendo a la empresa contratista con pagos injustificados.Ítem Texto completo enlazado Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral de fecha 1 de diciembre de 2015 recaído en el Caso Arbitral N° 2728- 2013-CCL(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-07-31) Castillo Santillana, Nicol Brigith; Martin Tirado, Richard JamesEl presente trabajo versa sobre las consecuencias de la entrega tardía de terrenos a favor del Contratista en el marco de la Obra Pública para el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta en el Callao y cómo dicha situación puede causar la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato (EEC). El referido escenario, comúnmente recurrente en la contratación pública, fue el caso del Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, razón por la cual este último acudió a la vía arbitral para reclamar las distintas ampliaciones de plazo negadas por la Entidad, costos directos y mayores gastos generales variables. Ante ello, el Tribunal Arbitral mediante Laudo recaído en el Caso Arbitral N° 2728-2013-CCL resolvió a favor de las pretensiones planteadas por el Contratista, a excepción de los Costos Directos, sobre los cuales realizó descuentos. Sobre la base de lo anterior, se analizará qué tipo de obligación constituye la entrega de terrenos que permita asumir una postura sobre dichos reclamos y determinar si efectivamente, el Contratista sufrió una ruptura de la ecuación financiera del Contrato que no se reestableció en la vía arbitral. Se verificarán también las condiciones que deben concurrir en el EEC. Finalmente, se brindarán unas breves conclusiones a los problemas jurídicos planteados.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica n°007-2009, e-2076, procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Consorcio Vial del Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-02-08) Iparraguire Cama, Claudio Augusto; Gamio Aita, Pedro FernandoEl presente Informe de Relevancia Jurídica se analiza los principales problemas sobre Derecho Administrativo, Concesiones y Arbitraje acerca de la controversia surgida a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por OSITRAN contra el Concesionario COVIPERU, a propósito del Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la sociedad Concesionaria COVIPERU. Los problemas surgen de una interpretación errada por parte de OSITRAN del Contrato de Concesión, así como de contradicciones respecto a determinar el alcance de las obligaciones por parte de la empresa. A partir de ello, se determinará si la interpretación efectuada por OSITRAN es correcta teniendo en cuenta los hechos y fundamentos presentados por las partes para imponer sanción a COVIPERU. Asimismo, se analizará si es que la Resolución que deniega la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador cumple con el requisito de la motivación y si la aplicación de las normas invocadas es pertinente. De igual manera, se analizará si es que el artículo 64 es pertinente de aplicación para dilucidar si la suspensión del procedimiento sancionador, frente al proceso arbitral es conforme a derecho. Para ello, se utilizará doctrinas propias del Derecho Administrativo, Constitucional y Arbitral, así como de las Concesiones. Así, en el presente informe se concluirá que la interpretación efectuada por OSITRAN carece de sustento normativo, dado que su actuación no se condice con los Informes emitidos. De igual forma, la resolución que deniega la solicitud de suspensión incurre en una motivación insuficiente, toda vez que inaplica una norma importante y no desarrolla en lo absoluta la norma invocada.Ítem Texto completo enlazado Informe de relevancia jurídica sobre el Expediente E-2561: Anulación de laudo por indebida notificación y nulidad de oficio del contrato público por afectación al principio de presunción de veracidad(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-11-29) Ayala Rojas, Dánery; Ayllón Valdivia, César ArturoEl presente informe analiza la controversia arbitral entre un consorcio y una entidad, que culmina con la emisión de un primer laudo que fue anulado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolviéndose por segunda vez con un laudo, dictado por mayoría, el 8 de julio de 2013. La relevancia de estudio de este expediente radica en que con su análisis se logran consolidar conocimientos respecto de dos grandes ramas del derecho, el arbitraje y las contrataciones públicas. Ello, debido a que el expediente es sobre un caso emblemático que surge cuando el arbitraje en contratación pública se encontraba en sus inicios en nuestro país. En ese sentido, se plantean como objetivos la revisión de los siguientes puntos: 1) La debida notificación a las partes del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, 2) El impedimento a las partes de hacer valer sus derechos dentro del arbitraje, 3) El cumplimiento del requisito previo para acudir al proceso de anulación de laudo, 4) Aplicabilidad de las normas de contrataciones que sustentan la nulidad de oficio y el control difuso realizado por el Tribunal Arbitral, y, 5) La nulidad de oficio del contrato y el derecho al debido procedimiento. Las hipótesis planteadas radican en que la anulación de laudo por parte del Poder Judicial no fue debidamente realizada, ya que no existía una causal aplicable, y que el contrato anulado de oficio por la Entidad no fue realizado acorde a ley. Finalmente, la metodología empleada para realizar dicho análisis es la dogmática, ya que todo surge por la revisión de diversas normas, así como la jurisprudencia y doctrina relevante. Todo ello, relacionado a las ramas del derecho de arbitraje, sobre las causales de anulación de laudo, y contratación pública, en lo pertinente a la anulación de oficio de un contrato público.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica N° 214- 2019-TCE, Procedimiento Administrativo Sancionador contra el Consorcio Grupo Edzay Servicios Generales S.A.C. Sergenec S.A.C.(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-16) Scaramutti Rodriguez, Flavia; Moscol Salinas, Alejandro MartinEl presente informe de relevancia jurídica tiene como objetivo concientizar al lector sobre la importancia de la determinación en el régimen de la responsabilidad que se les asignará a los sujetos pasivos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Además, se desarrollará una crítica a la Ley de Contrataciones con el Estado (vigente al desarrollo del caso expuesto en el presente informe) y su Reglamento. Tanto en el momento en el que se desarrolló el procedimiento administrativo sancionador del caso a desarrollar, como hasta la fecha, la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento contienen las mismas disposiciones con respecto a la aplicación de las reglas establecidas por responsabilidad objetiva ante los administrados, y la solidaridad que mantienen las partes de un consorcio. En ese sentido, mediante el presente informe se busca demostrar que dichas disposiciones vulneran diversos principios que rigen el buen funcionamiento del procedimiento administrativo y del procedimiento administrativo sancionador contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta investigación se sustenta no solo en lo establecido por el ordenamiento jurídico, sino también por la doctrina más destacada en el ámbito del derecho administrativo, así como en jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del Perú. Además, nos remitiremos brevemente a la legislación, doctrina y jurisprudencia internacional. Por último, se concluye que la imputación de la responsabilidad objetiva y la solidaridad entre las partes de un consorcio generan el efecto contrario al fomento de la participación de los privados en los procesos de contratación estatal.
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