(Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), 2021-11-09) Gamboa Balbín, César Leonidas
El 2020 marca el inicio de la pandemia por COVID-19 y de un ambiente político polarizado en el cual estuvo inserta la ratificación del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este debate se produjo tanto en redes sociales como en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, la que finalmente archivó el pedido del Ejecutivo de ratificación de dicho tratado internacional de derechos humanos. En el presente artículo nos centraremos en aclarar algunos de los principales argumentos producidos en el debate público sobre la conveniencia o no del Acuerdo de Escazú, desde los principios, regulaciones y prácticas del derecho internacional ambiental. Las críticas, dudas y preocupaciones hacia el acuerdo se centraron en argumentos formales y de fondo, los primeros se centraron en cómo había sido la negociación del acuerdo regional y los roles de los actores involucrados en ese proceso; y los argumentos de fondo estaban alrededor de sus fundamentos normativos, axiológicos y su posible impacto en el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales. Al distinguir rigurosamente los argumentos políticos y jurídicos a favor y en contra de este tratado internacional, podremos aclarar las dudas sobre su origen y su impacto en el principio de la soberanía de los recursos naturales.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), 2021-11-09) López Ráez, Luz Eufemia; Torres Zavala, Nancy Georgina; Dávila Solar, Luis Alberto
El objetivo de este artículo es hacer una revisión de la literatura sobre el uso de residuos del procesamiento de jugo de maracuyá, entre los que se hallan las cáscaras y pepas. El 96% de la producción nacional de este fruto se destina a la exportación de jugo, y el 62% es cáscara, rica en diversos componentes —como fibra dietaria o pectina, entre otros— que pueden emplearse para la elaboración de subproductos, considerando que la disponibilidad de materias primas y la accesibilidad a alimentos para consumo humano es uno de los problemas cruciales que enfrenta la humanidad, así como el desequilibrio medioambiental ocasionado por la acción antropogénica derivada de la explotación y rentabilidad de recursos sin prever su sostenibilidad para las generaciones venideras. Dado el costo de las pruebas experimentales que genera el diseño y elaboración de productos, se desarrolla esta investigación para identificar las alternativas de utilización de los residuos de la materia prima, y en una siguiente etapa evaluar su potencial para elaborar productos adicionales al convencional, conocidos como subproductos. Se utilizaron las bases de datos Scopus y Science Direct para la revisión sistemática de las publicaciones del periodo 2014-2020.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), 2021-11-08) Espinoza Ortiz, Diego Mauricio; Jiménez Peña, Gaspar; Páez Warton, José; Evangelista Vargas, Diego; Salas Delgado, Milward; Ramos Guillén, Marta; Carrera Saavedra, Henry; Natividad, María Ángeles
A treinta años de su implantación en la legislación nacional del Perú, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) ha sido revisada con la finalidad de determinar qué indicadores podrían emplearse para evaluar su efectividad. Fueron analizadas fuentes de información sobre la calidad y efectividad de la EIA para el uso sostenible de recursos naturales, logrando un modelo conceptual de cadena de valor para la gestión por resultados desde la administración pública, identificando los insumos y las actividades para ofrecer un servicio de certificación ambiental que resulte específicamente en el uso sostenible de recursos naturales, y contribuya al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. De la revisión efectuada a los trabajos de Chanchitpricha y Bond (2013), Bond et al. (2015) y Pope et al. (2018), entre otros, se distinguen seis dimensiones que permiten evaluar la efectividad de la EIA, referido al uso sostenible de los recursos naturales, que son: i) normativa, alcanzando las metas establecidas en las políticas; ii) participativa, involucrando de forma segura y confiable a las partes interesadas; iii) organizacional, facilitando la gestión del conocimiento sobre la EIA como herramienta de la gestión ambiental; iv) transaccional, gestionando de forma eficiente los recursos en la ejecución de la EIA, como tiempo, financieros, alcance o requisitos y habilidades del personal; v) procedimental, debido a un marco procedimental coherente y fiable; y vi) sustantiva, debido a la eficacia de la decisión tomada por la autoridad competente respecto de la viabilidad ambiental del proyecto sometido a la EIA. El trabajo es una contribución a mayores estudios sobre la efectividad de la EIA en el abordaje de los problemas ambientales y sociales que actualmente enfrentamos, y las posibles tendencias a presentarse en las futuras décadas.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), 2021-11-08) Zamora Velazco, Giuliana Nathalie
El proceso de transferencia de funciones forestales, que inició en el año 2009, no se concluyó, encontrándose pendiente que quince gobiernos regionales asuman las funciones de vigilancia y control, así como de administración y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre (RFFS) la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículo 51). Esta situación se debe a debilidades propias del proceso de descentralización a nivel nacional, aunado a la débil rectoría del SERFOR para liderar el proceso de descentralización y promover la gestión descentralizada de los RFFS, así como al poco interés de los gobiernos regionales en asumir dichas funciones. Esto originó una organización poco clara y cambiante, débil capacidad operativa y fortalecimiento de capacidades, entre otros problemas que siempre han afectado al sector forestal; es el caso de la deforestación y la corrupción asociada al aprovechamiento ilegal de recursos forestales.
Adicionalmente, se presenta un estudio de caso desde la perspectiva de cuatro departamentos. Dos de ellos, Cajamarca y Cusco, en los que aún no se ha efectuado la transferencia de funciones forestales y se mantiene una administración dependiente del SERFOR a través de una Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS). Los dos restantes, Loreto y Ucayali, en los que se efectuó la transferencia de funciones forestales, se administran en una gestión descentralizada a través de Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS). Como resultado, se evidenció que ambos tipos de administración presentan debilidades. En el caso de las ATFFS, presentan debilidades que radican en el poco interés del SERFOR en fortalecer su gestión, cuentan con un escaso presupuesto, incipiente participación en el presupuesto por resultados y proyectos de inversión que SERFOR ejecuta. Las ARFFS presentan debilidades relacionadas a los escasos recursos económicos que destinan los gobiernos regionales en la administración de los RFFS y la limitada ejecución de proyectos de inversión.