(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-08-13) Aguirre Gallegos, Vanessa
El Estado peruano no ha sabido ser suficientemente efectivo en los ámbitos administrativo, jurídico ni financiero para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Así, las distintas amenazas o vulneraciones a estos están permitiendo crear un canal —inicialmente no contemplado ni regulado en nuestra legislación y práctica jurídica— para que la población pueda erigirse como actor promotor o inductor del cambio social mediante los tribunales o cortes de justicia. De esta forma, junto con los jueces, los diversos activistas civiles participan más dinámicamente al tomar la iniciativa e intentar lograr esa «transformación» que tanto exigen los distintos grupos que configuran nuestra plural sociedad, con lo cual se adelantan a las figuras tradicionales de participación democrática. Esto es claramente observado en el actuar del Tribunal Constitucional Peruano y en las cortes o juzgados de justicia especializados, pero en el presente artículo el análisis se centrará en la política pública de salud esgrimida por el máximo órgano constitucional.
