Cuadernos de Trabajo

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    ÍtemAcceso Abierto
    El poder constituyente y la reforma de la constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2010) Cairo Roldán, Omar
    La democracia constitucional es un sistema político cuya finalidad es la protección de los derechos de las personas. En cada país, este sistema se individualiza en estructuras organizativas concretas (denominadas formas de gobierno o regímenes políticos) contenidas en su Constitución. Este instrumento normativo, además, contiene el reconocimiento de los derechos a ser protegidos mediante el funcionamiento de las instituciones constitucionales. Debido a que la democracia constitucional es un sistema que expresa el autogobierno de las personas, uno de sus elementos fundamentales es el Poder Constituyente, es decir, la atribución que corresponde a los gobernados de elaborar la Constitución de su sociedad política. Esta Constitución puede ser objeto de modificaciones motivadas por los cambios que se producen en dicha sociedad. El instrumento para realizarlas es la Reforma Constitucional. En el presente Cuaderno de Trabajo revisaremos el tratamiento que el Tribunal Constitucional peruano le ha brindado tanto al Poder Constituyente como a la Reforma Constitucional. Con este punto de partida, intentaremos una aproximación al significado de estos dos conceptos fundamentales del Derecho Constitucional.
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    ÍtemAcceso Abierto
    Acusación constitucional, juicio político y antejuicio desarrollo teórico y tratamiento jurisprudencial
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) García Chávarri, Abraham
    Tema importante para el Derecho Constitucional es el de la determinación de la responsabilidad de los altos funcionarios por parte del Congreso. El modelo peruano de determinación de responsabilidad contemplaba, además de la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones, una causal más amplia e indeterminada. La infracción de la Constitución estuvo presente desde el texto de 1823 hasta la actualidad, pero -salvo la Ley de 17 de junio de 1834, de corta vigencia y ninguna aplicación- sin alcances siquiera delimitados. Sin embargo, con la aprobación de la Carta de 1993, diferentes autores encontraron en ella la introducción de elementos propios de la figura del juicio político en nuestro tradicional modelo de antejuicio. Un claro ejemplo de lo anotado es el establecimiento de las sanciones de destitución e inhabilitación política por parte del Congreso, al margen de que la judicatura ordinaria haya determinado la responsabilidad penal del alto funcionario acusado constitucionalmente. Esta percepción se vio fortalecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en la que el juicio político quedaba previsto para las infracciones de la Constitución y por consideraciones de índole política, mientras que el antejuicio se reservaba para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y bajo consideraciones, en principio, jurídicas. Sin embargo, dentro de los parámetros de un Estado Constitucional (supremacía y vigencia de la Constitución, control y limitación del poder, tutela de los derechos fundamentales), las previsiones establecidas por el Tribunal Constitucional peruano pueden resultar insuficientes. Por lo tanto, es necesario asegurar una serie de elementos que no se agotan en el cumplimiento de un procedimiento sino que deben tener como preocupación central el respeto de los distintos derechos fundamentales y, en particular, del derecho a un debido proceso en cada una de las diferentes etapas del desarrollo de una acusación constitucional.
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    ÍtemAcceso Abierto
    Acceso a la información pública: apuntes sobre su desarrollo en el Perú a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) Castro Cruzatt, Karin
    En la última década diversos países latinoamericanos han concentrado esfuerzos en la aprobación de normas que garanticen el derecho de acceso a la información pública y reconozcan la transparencia como principio orientador de la gestión gubernamental. El acceso a la información brinda insumos para la adopción de decisiones trascendentales en la vida de las personas, llegando incluso a convertirse en una suerte de presupuesto o medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Ademas, su ejercicio posibilita el control y la fiscalización de la gestión pública, con lo cual se previenen y combaten las prácticas corruptas y el abuso del poder por parte de quienes lo ejercen de forma delegada. El trabajo tiene como objetivo el estudio del derecho al acceso a la información pública, tomando como principal punto de referencia la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano entre los años 2004 y 2007 inclusive.