Cuadernos de Trabajo

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Acceso Abierto
Estabilidad laboral y contratos temporales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2006) Arce, Elmer
Primera entrega de los Cuadernos de Trabajo del CICAJ.
Acceso Abierto
Estabilidad laboral y contratos temporales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2006) Arce Ortiz, Elmer Guillermo
Decir que estabilidad en el empleo y contratos temporales son dos términos antagónicos, parece ser una afirmación de consenso social y jurídico. Que la contratación temporal, en tanto abanderada de las corrientes flexibilizadoras del Derecho del Trabajo, es hoy en día uno de los principales verdugos del llamado contrato laboral de duración indefinida, tampoco es una frase difícil de creer en el marco de nuestra realidad social. No obstante, el debate teórico planteado entre contratación indefinida y contratación temporal, resulta ser, desde mi punto de vista, un debate inventado, puesto que ambos tipos contractuales son complementarios más que contradictorios.
Acceso Abierto
Derecho a la intimidad y responsabilidad civil: el refuerzo de los derechos fundamentales a través de los remedios civilísticos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2006) León Hilario, Leysser
El texto aborda la protección jurídica de la intimidad y otros derechos de la personalidad, señalando la necesidad de evaluar críticamente los remedios disponibles para los perjudicados. Sostiene que la protección debe ser "sustancial" y no solo "formal". Se critica a los ordenamientos que reconocen derechos de manera abstracta sin garantizar su tutela efectiva, lo que implica que la normativa debe reflejarse en la realidad socioeconómica. Se destaca que, en países como Alemania, Estados Unidos, Italia y Francia, la protección de la intimidad está mejor desarrollada, a pesar de la ausencia de un reconocimiento jurídico tan amplio como en Perú. El caso "Magaly Medina" ilustra que en Perú, la protección efectiva de la intimidad depende en gran medida de la vía penal, mostrando la necesidad de una tutela constitucional y civil más efectiva. El artículo 1969 del Código Civil peruano podría ofrecer una solución para la lesión de los derechos de la personalidad, pero la naturaleza "invisible" de estos daños complica su valoración económica y, por ende, la formulación de juicios de responsabilidad civil. Se sugiere redefinir el "daño moral" para que cumpla una función punitiva, además de su función compensatoria. Finalmente, se resalta la importancia de la responsabilidad civil no solo en términos de reparación, sino también como prevención y sanción de conductas dañinas, promoviendo la protección y desarrollo de los derechos de la personalidad, incluso mediante la incorporación de conceptos como los "punitive damages" del derecho estadounidense para fortalecer las garantías constitucionales.
Acceso Abierto
Espejismos desarrollistas y autonomía comunal: el impacto de los proyectos de desarrollo en el lago Titicaca (1930-2006)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2007) Guevara Gil, Armando
El lago Titicaca, lago tropical mas alto y grande del mundo, sirve como un termorregulador del altiplano peruano-boliviano y ha propiciado su milenaria ocupación humana. Solo una parte muy pequeña de su litoral se encuentra bajo la competencia territorial de las municipalidades o de los proyectos de desarrollo administrados por el estado peruano. Uno de los aspectos más importantes en la configuración política y legal del altiplano es que las más de 150 comunidades que dominan el anillo circunlacustre del lado peruano ejercen un alto grado de control autónomo sobre los recursos del Titicaca. Las comunidades afirman y reivindican para sí el aprovechamiento de estos recursos y crean espacios acuáticos exclusivos proyectando sus territorios hacia el lago. Al hacerlo, sus prácticas y normas comunales contradicen los enunciados constitucionales sobre los recursos naturales, en especial su reconocimiento como patrimonio de la Nación y el manejo soberano que el estado debería realizar. En contraste con lo anterior, como parte de sus políticas integracionistas y asimilacionistas para solucionar el "problema indígena", el estado peruano ha desplegado una serie de proyectos de desarrollo destinado a cambiar el paisaje social altiplánico e incorporar al lago Titicaca al dominio "nacional" para someterlo a una explotación "moderna, racional y eficiente". Este trabajo ofrece un panorama que enfatiza la dimensión normativa de los proyectos desarrollados en el lago Titicaca. El primer proyecto al se que hace referencia inició en 1935 y ha sido descrito como el primer proyecto internacional de desarrollo en América Latina. El segundo proyecto se inició en 1970 y su objetivo fue la diseminación de la acuicultura de la trucha en jaulas flotantes en las aguas ribereñas del lago. Por ultimo, el tercer proyecto fue la creación de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT) por el gobierno militar en 1978.
Acceso Abierto
Descentralización fiscal: estudios de política fiscal y derecho financiero.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2007) Ruiz de Castilla Ponce de León, Francisco Javier
La descentralización fiscal es un fenómeno especialmente relevante debido a su estrecha relación con la estructura interna y eficiencia del Estado, el desarrollo económico del interior del país y la mejora de la calidad de vida sobretodo de las grandes mayorías nacionales que se encuentran en situación de pobreza. El presente trabajo muestra un análisis del actual proceso de descentralización fiscal en el Perú, tomando en cuenta las tendencias contemporáneas sobre ciertos aspectos de la Política Fiscal y el Derecho Financiero, con especial énfasis en los temas tributarios.
Acceso Abierto
Derecho y emergencia: hacia una teoría del derecho del enemigo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2007) Hernando Nieto, Eduardo
Si deseáramos plantear una comparación entre las obras de Platón y Aristóteles con Tucídides - autor del clásico Historia de la Guerra del Peloponeso1- , encontraremos por ejemplo que ya no se está a la búsqueda del mejor régimen político como correspondía a la obra de los primeros sino más bien se retrata aquí la intensidad de la vida política en toda su magnitud y crudeza, la misma que se manifiesta en términos de una guerra civil o exterior ubicándose entonces al ser humano en los límites de la vida y la muerte. Pero, como señalaba el filósofo político Leo Strauss, a pesar de lo profundo de las divergencias entre estos filósofos, sus opiniones no serían necesariamente incompatibles sino más bien convergentes, pues mientras que Platón y Aristóteles estaban describiendo a la mejor ciudad en “reposo”, Tucídides nos mostraba más bien a la misma ciudad en “movimiento”2. Tal distinción entre la ciudad en “reposo” y la ciudad en “movimiento” es algo que difícilmente se planteó dentro del mundo moderno, precisamente porque la modernidad se construyó en función al ideal del progreso ilimitado y la solvencia de la racionalidad, es decir, excluyendo el movimiento y la violencia de la vida humana. Sin embargo, también es cierto que ya algunos filósofos contemporáneos como Alasdair Macintyre, adelantaban el tema de la vulnerabilidad humana que había sido soslayada precisamente por esa creencia respecto a nuestra lejanía con el plano animal e instintivo3, olvidándose que la naturaleza humana también compartía algunos elementos de la naturaleza animal. Esto, claro está, como resultado del afán moderno por separar al hombre de la naturaleza y considerarlo algo superior o finalmente distinto a ella. Evidentemente, tal paradigma de la modernidad racionalista es hoy severamente cuestionado, por ejemplo, gracias a la crudeza de la realidad reflejada muchas veces a través de las imágenes de la televisión que exhiben la crueldad de muchos seres humanos en distintas partes del mundo5, así como también la violencia de la guerra y la verdad de lo que significa apreciar las ciudades en movimiento constante. No es gratuito entonces el interés de muchos académicos en estos últimos años por esta situación llamando la atención sobre este fenómeno de la violencia y las continuas amenazas a la viada, más aun si lo asociamos con acontecimientos tan trascendentes para nosotros, por ejemplo, como fue la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso o también para otras naciones como nuestro vecino Colombia que desde 1960 se encuentra batallando una inacabable guerra contra las guerrillas marxistas y el narcotráfico o, finalmente, Estados Unidos inmerso en una guerra contra el “terror” desde los funestos acontecimientos que se produjeron en la ciudad de Nueva York durante el mes de septiembre del 2,001. En este sentido, resulta lógico y hasta natural el que surja esta inquietud por evaluar la dinámica del derecho dentro de la realidad contemporánea y entender así la complejidad del denominado estado de emergencia. Así pues, este pequeño texto se dirige a discutir este “nuevo” concepto del derecho de emergencia y el “derecho del enemigo” – dentro del derecho penal - como una categoría distinta al enfoque liberal en el derecho y que estaría – según argumentaré - en mejores condiciones para describir y comprender esta situación y también probablemente para intervenir en ella con éxito cumpliendo así los fines últimos del derecho. El trabajo comprenderá entonces una introducción al tema de la excepción en el derecho, a partir de las tesis del realismo europeo en especial los aportes del jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, para seguir luego con la propuesta del derecho penal del enemigo, del profesor de la Universidad de Bonn, Günther Jakobs y finalizar con un análisis de la casuística contemporánea de la emergencia y sus debates teóricos liberales a partir de la guerra contra el terrorismo emprendida por los Estados Unidos y la manera como se podría enfrentar dicho caso.
Acceso Abierto
Acusación constitucional, juicio político y antejuicio desarrollo teórico y tratamiento jurisprudencial
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) García Chávarri, Abraham
Tema importante para el Derecho Constitucional es el de la determinación de la responsabilidad de los altos funcionarios por parte del Congreso. El modelo peruano de determinación de responsabilidad contemplaba, además de la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones, una causal más amplia e indeterminada. La infracción de la Constitución estuvo presente desde el texto de 1823 hasta la actualidad, pero -salvo la Ley de 17 de junio de 1834, de corta vigencia y ninguna aplicación- sin alcances siquiera delimitados. Sin embargo, con la aprobación de la Carta de 1993, diferentes autores encontraron en ella la introducción de elementos propios de la figura del juicio político en nuestro tradicional modelo de antejuicio. Un claro ejemplo de lo anotado es el establecimiento de las sanciones de destitución e inhabilitación política por parte del Congreso, al margen de que la judicatura ordinaria haya determinado la responsabilidad penal del alto funcionario acusado constitucionalmente. Esta percepción se vio fortalecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en la que el juicio político quedaba previsto para las infracciones de la Constitución y por consideraciones de índole política, mientras que el antejuicio se reservaba para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y bajo consideraciones, en principio, jurídicas. Sin embargo, dentro de los parámetros de un Estado Constitucional (supremacía y vigencia de la Constitución, control y limitación del poder, tutela de los derechos fundamentales), las previsiones establecidas por el Tribunal Constitucional peruano pueden resultar insuficientes. Por lo tanto, es necesario asegurar una serie de elementos que no se agotan en el cumplimiento de un procedimiento sino que deben tener como preocupación central el respeto de los distintos derechos fundamentales y, en particular, del derecho a un debido proceso en cada una de las diferentes etapas del desarrollo de una acusación constitucional.
Acceso Abierto
La póliza judicial en el proceso cautelar
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) Ledesma Narváez, Marianella
Las medidas cautelares encierran riesgos desde que no operan con la certeza del derecho sino con la mera apariencia de éste. Ese riesgo debe ser asumido con medidas efectivas por quien se beneficia con la tutela cautelar, no debe ser trasladado al demandado afectado con la ejecución cautelar. En este contexto, el trabajo afirma que la contracautela otorgada bajo juramento no es un mecanismo de resarcimiento viable. Basta que no tenga bienes el que presta el juramento (beneficiado con la medida cautelar) para que el resarcimiento se torne inviable. La casuística que se presenta en torno al resarcimiento del afectado con la medida no es alentador, pues lograr ello implica gastos procesales y tiempo, a lo que se suma que muchas veces operan como mecanismos disuasivos para iniciar un reclamo formal. Esto lleva a la autora a buscar un sistema equilibrado en las prestaciones cautelares, de tal manera que realmente se asegure realmente a ambas partes la satisfacción de sus derechos y no sólo, unilateralmente, al demandante.Este trabajo precisamente muestra el notorio desequilibrio que existe en el tratamiento cautelar a favor del demandante y del demandado. Esto nos permite constatar la ceguera del sistema judicial de hoy, cuando traslada al demandado todo el peso del riesgo y del daño, esto es, cuando mira con mayor “intensidad” los intereses del beneficiado con la medida cautelar.
Acceso Abierto
Acceso a la información pública: apuntes sobre su desarrollo en el Perú a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) Castro Cruzatt, Karin
En la última década diversos países latinoamericanos han concentrado esfuerzos en la aprobación de normas que garanticen el derecho de acceso a la información pública y reconozcan la transparencia como principio orientador de la gestión gubernamental. El acceso a la información brinda insumos para la adopción de decisiones trascendentales en la vida de las personas, llegando incluso a convertirse en una suerte de presupuesto o medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Ademas, su ejercicio posibilita el control y la fiscalización de la gestión pública, con lo cual se previenen y combaten las prácticas corruptas y el abuso del poder por parte de quienes lo ejercen de forma delegada. El trabajo tiene como objetivo el estudio del derecho al acceso a la información pública, tomando como principal punto de referencia la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano entre los años 2004 y 2007 inclusive.
Acceso Abierto
Política penal y política penitenciaria
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2008) Solís Espinoza, Alejandro
La interrogante con la que iniciamos este trabajo puede generar varias respuestas, ya que el aborde de la cuestión penitenciaria o de la ejecución penal es objeto de perspectivas muy diversas, dentro de las cuales se delinean propuestas dispares, algunas muy especulativas y otras de visiones mas realistas y objetivas. En un intento panorámico por delinear algunos derroteros que nos puedan ayudar a dar mayores elementos de comprensión sobre el tema, consideramos que el problema de la ejecución de la pena en nuestro medio (en especial es de la pena privativa de libertad, temporal y perpetua) no puede ser analizado solo como un asunto y/o problema penitenciario y carcelario, lo que no significa que se obvie tal condición. En una perspectiva más integral planteamos que los aspectos de la ejecución de la pena privativa de libertad y sus aspectos concomitantes tienen que ver también con el tema de la política penal adoptada por el Estado así como de la política penitenciaria, temas que generalmente son incluidos dentro del discurso ambiguo denominado política criminal. Todo ello nos conduce a centrar el análisis en estas dos variables, sin negar otros fenómenos socio jurídicos que se relacionan con este tema, como el nivel de desarrollo de nuestro derecho de ejecución penal, el sistema penitenciario nacional y, sobre todo, el estado de los establecimientos carcelarios que cada vez se hallan más hacinados junto a otros problemas graves.
Acceso Abierto
Los efectos y la naturaleza del plazo en la acusación constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2009) Delgado Guembes, César
El presente trabajo desarrolla una concepción ética y política del uso del recurso temporal con el que cuenta el Congreso de la República para ejercer la prerrogativa de la acusación constitucional. Por ello, el objetivo no es exponer ni analizar técnicamente esta institución, limitándose a ser un acto de mera y estéril gimnasia intelectual. El plazo de la acusación constitucional modifica la naturaleza de las instituciones a las que se refiere su duración y vigencia, de manera tal que un uso humano y ético del tiempo, en lugar de un uso técnico o pragmático, impactará directamente en el proyecto de existencia de la vida política de la comunidad y conllevará a una mejor conducción del ejercicio de autoridad, uno que acerque a la República a las metas superiores que la colectividad espera. Así, en primer lugar, se realizará un proceso de exploración y aclaración sobre la naturaleza, características y funcionalidad del plazo en el instituto de la acusación constitucional. Seguidamente, se reflexionará sobre aspectos críticos y decisivos para la comprensión del uso ético del recurso temporal: la definición del bien constitucionalmente protegido con el reconocimiento del plazo, el sujeto beneficiado con el mismo, y la aplicación de estos aspectos a las instituciones de la caducidad y de la prescripción con el objeto de definir cuál de ambas es la más afín al bien protegido y al beneficiario del plazo de la acusación constitucional.
Acceso Abierto
La desaparición forzada de personas como delito permanente: consecuencias dogmático penales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2009) Montoya Vivanco, Yván
Determinar si el delito de desaparición forzada de personas (artículo 320 del Código Penal) constituye o no un delito permanente resulta complejo, al margen de las declaraciones que sobre ello han realizado los instrumentos internacionales de derechos humanos o las sentencias del Tribunal Constitucional que se han pronunciado sobre el referido delito. Efectivamente, ni los instrumentos antes mencionados ni el Tribunal Constitucional han explicado meridianamente las razones para calificar el delito de desaparición forzada como permanente. Peor aún, tanto la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículo III) como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (artículo 8) confunden, desde una perspectiva penal, la naturaleza de los delitos permanentes con los delitos continuados. Es por tal motivo que aparece necesario, en este capítulo, establecer las características del delito permanente de tal manera que podamos evaluar posteriormente si el delito de desaparición forzada de personas cumple con las mismas. Afirmado el carácter permanente del citado delito, corresponde explicitar los efectos dogmáticos que implica esta calificación. Nos referimos especialmente al problema de la aplicación de este delito en el tiempo (principio de irretroactividad de normas penales desfavorables), al concurso con otros delitos, específicamente con el delito de secuestro con el que mantiene algunas características comunes, a la prescripción y finalmente, con la posición de garante de agente estatal.
Acceso Abierto
El arte de la guerra y los tres principios para diseñar la estrategia del caso
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2009) Higa Silva, César
La construcción, planteamiento y diseño estratégico de un caso no es una labor que pueda ser dejada sólo a la experiencia o al talento del abogado encargado del caso. Por el contrario, es una actividad que requiere un método de trabajo que permita al sujeto organizar y registrar la información y evidencia del caso, generar y descartar hipótesis, identificar los puntos débiles y fuertes de las hipótesis que maneja, todo lo cual le permitirá tener una mejor perspectiva sobre su caso. En ese sentido, la teoría del derecho probatorio (evidence), litigación y teoría de la argumentación han desarrollado en las últimas décadas un conjunto de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por los abogados para conocer a profundidad las fortalezas y debilidades de su caso. Luego de ello, recién el abogado deberá pasar a conocer los puntos fuertes y débiles de la probable respuesta de su contraparte, a efectos de adelantarse a sus posibles acciones.
Acceso Abierto
Las ordenanzas contra la discriminación
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2009) Ardito Vega, Wilfredo
Durante los años 2008 y 2009, más de cuarenta municipalidades provinciales y distritales peruanas y tres gobiernos regionales tomaron la decisión de emitir ordenanzas contra la discriminación. Estas normas han tenido un importante impacto en la vida cotidiana de la población, especialmente en los sectores tradicionalmente discriminados. La investigación sostiene que la falta de intervención por parte de las municipalidades peruanas se debía a que la discriminación era percibida como un fenómeno “natural”. De esta manera, no generaba mayor cuestionamiento en alcaldes y regidores el que las diferencias entre las personas tuvieran como consecuencia situaciones de desigualdad. En los últimos años, sin embargo, desde la sociedad civil se ha logrado generar una mayor conciencia de este problema a través de diversas denuncias, acciones mediáticas y trabajos académicos. Desde el gobierno central han surgido las primeras leyes que abordan la problemática de la discriminación y, más recientemente aún, los gobiernos locales comienzan a percibir como parte de su rol el promover condiciones de igualdad entre los ciudadanos. De hecho, muchas municipalidades ya desarrollan acciones con sectores vulnerables (niños, ancianos, discapacitados, víctimas de violencia familiar) y sus funcionarios empiezan a percibir que la discriminación es una de las causas más fuertes de la injusticia y el sufrimiento de las personas.
Acceso Abierto
Jurisdicción universal y ex jefes de estado: el caso Pinochet
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2009) Burneo Labrín, José Antonio
I. El caso Pinochet en España p. 5 -- Dos procesos y no sólo uno. El ex dictador estaba enterado del proceso en su contra p. 5 -- La justicia española y la jurisdicción universal p. 8 -- II. El caso Pinochet e Londres p. 17 -- La Alta Corte de Londres p. 18 -- La sentencia de 24 de marzo 1999 expedida por el Comité de Apelación de la Cámara de los Lores p. 20 -- III. Chile. De intocable a inculpado: el final de un ex dictador p. 27 -- Tres momentos podemos distinguir en relación a la evolución del caso que nos ocupa p. 27 -- El Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978 y su aplicación hasta el año 2006 p. 28 -- La invalidez jurídica del Decreto Ley de Amnistía No. 2.191 de 1978 a partir de diciembre del año 2006: los crímenes de guerra y de lesa humanidad no son amnistiables p. 32 -- IV. Conclusiones p. 33
Acceso Abierto
Análisis comparado del tratamiento que se le da a la detención ciudadana en el Perú y España: especial referencia a los serenos municipales y a los agentes de seguridad
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2010) Chang Kcomt, Romy
El arresto ciudadano, o también llamado detención ciudadana, supone la privación de la libertad de una persona debido a la constatación de la comisión de un hecho delictivo tipificado como delito en el Código Penal. El legislador otorga al ciudadano de a pie la posibilidad de privar a otro de su libertad, frente a la constatación de la comisión de un delito en flagrancia (o de otros supuestos indicados en la ley); lo que implica que el individuo no solo podrá contribuir de forma excepcional con la seguridad pública sino que, además, deberá cumplir con los presupuestos que son propios a toda medida cautelar personal: el fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro en la demora). Habida cuenta de la naturaleza de la libertad como derecho fundamental, resulta conveniente establecer los márgenes y límites para la aplicación de esta figura, puesto que un exceso indebido o una incorrecta interpretación podrían traer consigo abusos y conllevar a excesos que devendrían en la comisión de tipos penales como el de detención ilegal o secuestro. Así, el presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis del tratamiento que se otorga a esta institución en los ordenamientos peruano y español, a efectos de evidenciar las principales semejanzas y diferencias en el ámbito teórico y en el ámbito práctico. Un estudio comparativo permitirá enriquecer la aplicación de esta figura en ambos ordenamientos jurídicos, y proponer ciertas pautas que podrán ser tomadas en cuenta para la correcta aplicación de la misma.
Acceso Abierto
La prueba de expertos: análisis de la racionalidad de este medio probatorio en el derecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2010) Higa Silva, César
Actualmente, dado su carácter científico, la prueba de expertos se ha convertido en uno de los medios probatorios más prestigiosos para probar un hecho. Pero, ¿cómo determinar desde el Derecho si tal o cual prueba es o no científica? En atención a tal cuestionamiento, el presente texto pretende, en primer lugar, mostrar los criterios y pasos que se deben seguir al analizar la prueba científica sobre un determinado hecho, los cuales han sido sintetizados y esquematizados por la teoría de la evidencia (derecho probatorio), la teoría de la argumentación y la inteligencia artificial y Derecho. En segundo lugar, se pretende demostrar que la metodología descrita permite un análisis racional de la prueba pericial para su incorporación como medio probatorio válido en un proceso. Asimismo, se determinará el objeto de la prueba pericial, para luego indicar los elementos que deben ser analizados para determinar la admisibilidad de la prueba de expertos: la confiabilidad de la premisa mayor, la competencia del experto y la suficiencia de la información y los elementos necesarios para emitir una opinión válida. Seguidamente, se señalarán los atributos que deben ser analizados para determinar la credibilidad de dicha prueba. Por último, se propondrá un diseño de procedimiento para garantizar la confiabilidad de la declaración del experto.
Acceso Abierto
El poder constituyente y la reforma de la constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2010) Cairo Roldán, Omar
La democracia constitucional es un sistema político cuya finalidad es la protección de los derechos de las personas. En cada país, este sistema se individualiza en estructuras organizativas concretas (denominadas formas de gobierno o regímenes políticos) contenidas en su Constitución. Este instrumento normativo, además, contiene el reconocimiento de los derechos a ser protegidos mediante el funcionamiento de las instituciones constitucionales. Debido a que la democracia constitucional es un sistema que expresa el autogobierno de las personas, uno de sus elementos fundamentales es el Poder Constituyente, es decir, la atribución que corresponde a los gobernados de elaborar la Constitución de su sociedad política. Esta Constitución puede ser objeto de modificaciones motivadas por los cambios que se producen en dicha sociedad. El instrumento para realizarlas es la Reforma Constitucional. En el presente Cuaderno de Trabajo revisaremos el tratamiento que el Tribunal Constitucional peruano le ha brindado tanto al Poder Constituyente como a la Reforma Constitucional. Con este punto de partida, intentaremos una aproximación al significado de estos dos conceptos fundamentales del Derecho Constitucional.
Acceso Abierto
Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2010) Maraví Contreras, Alfredo
El presente documento versará sobre la originalidad como el elemento esencial que determina si las creaciones intelectuales de índole estética o artística son protegidas por las normas derivadas del Derecho de Autor. La relevancia de este análisis está en que, pese a ser un elemento central de esta rama del Derecho de la Propiedad Intelectual, se trata también de un elemento de muy difícil definición, por lo que la tarea de esclarecer el concepto de la originalidad se vuelve un proceso de alta importancia pero también muy complejo. Por ejemplo, para que una obra sea original ¿debe ser nueva?, ¿debe verificarse la originalidad en base a criterios objetivos o subjetivos?, etc. Para lograr una aproximación a dicho problema, se iniciará señalando y comentando las principales características del Derecho de Autor para establecer el contexto de la discusión. Posteriormente, analizaremos las teorías que explican la originalidad como concepto jurídico. Por último, se estudiarán, parte por parte, los postulados que componen el precedente de observancia obligatoria del INDECOPI que actualmente determina qué debe entenderse por originalidad.
Acceso Abierto
Globalización de los derechos humanos y de la justicia penal internacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2011) Burneo Labrín, José Antonio
Los tres trabajos que se presentan a continuación tuvieron como germen el Seminario “Globalización y Derecho internacional”, organizado por el área de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los tres textos abordan el tema de la influencia del proceso de globalización en los derechos humanos, de cómo la interconexión entre los habitantes del planeta les ha permitido reconocerse mutuamente en su humanidad, lo que deviene en una obligación de proteger tal reconocimiento jurídicamente. Sin embargo, este proceso se ha dado por pasos pequeños, pero importantes, en el Derecho Internacional. Es esta problemática la que se recoge en el texto del profesor José Antonio Burneo Labrín, titulado “Globalización de los derechos humanos y de la justicia penal internacional” y que es complementado, mediante la profundización de ciertos aspectos, por los textos de los profesores Iván Bazán Chacón (“El crimen Internacional de Tortura”) y Víctor Saco Chung (“Reclamos judiciales interestatales para la protección de los Derechos Humanos”).