Explorando por Autor "Grandez Castro, Pedro Paulino"

Mostrando 1 - 18 de 18

Texto completo enlazado
Los beneficios de la reincorporación del juez de ejecución penal al sistema penitenciario del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-25) Orjuela Osorio, Claudia Patricia; Grandez Castro, Pedro Paulino
El presente artículo cuenta con mi experiencia en asuntos penitenciarios en Colombia y Perú. Es una reflexión sobre los beneficios de la reincorporación del Juez de Ejecución Penal (JEP) en el sistema penitenciario del Perú. Se expondrá que los procedimientos en los establecimientos penitenciarios (EP) peruanos registran mayor complejidad al estar a manos del Juez de la Investigación preparatoria, pronunciamiento del Ministerio público y de la administración la potestad decisora. Estas circunstancias influyen negativamente en los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social.
Texto completo enlazado
Desafíos de la declaración de estado de cosas inconstitucional en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-06-05) Arias Suárez, Carlos Francisco; Grandez Castro, Pedro Paulino
El presente trabajo se centra en el análisis de la técnica de declaración de estado de cosas inconstitucional (en adelante ECI) utilizada no solo por el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional del Perú; sino también, por órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. En ese sentido, se propone determinar el fundamento constitucional para la declaración de un ECI, basado no solo en el artículo 44° de la Constitución Política, sino a partir del concepto de tutela de derechos fundamentales por parte del órgano jurisdiccional. Por otro lado, establecer la legitimidad del juez constitucional para efectuar tal declaración ¿Este puede intervenir en la formación de las políticas públicas? La respuesta a esta interrogante se desarrollará en la investigación; toda vez que, partiendo de la clásica división de poderes, estos – en principio – no deberían inmiscuirse en temas que sería de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, se explicará por qué es necesaria la presencia de la justicia constitucional ante la vulneración masiva y sistemática de varios derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas.
Texto completo enlazado
Informe Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05214-2016- PA/TC
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-12-06) Morales Pérez, Silvia Carolina; Grandez Castro, Pedro Paulino
El presente Informe Jurídico tiene como finalidad entender la categoría del trabajador de confianza, siendo que este cargo a la actualidad produce aún incertidumbre entre los trabajadores, empleadores y genera discusiones académicas en el medio; todo esto usando como fuente el Expediente N° 05214-2016-PA/TC, referido a la desnaturalización del contrato de trabajo del Sr. Edgar Raúl Zúñiga Morán. Es en ese sentido, que el presente documento busca determinar no solo las características propias de esta categoría según el ordenamiento jurídico peruano, sino también analizar las vías procesales idóneas con las cuales se puede acceder a una correcta tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, efectuar una debida diferenciación entre la vía procesal laboral ordinaria y cuáles son los aspectos que resuelve, así como la necesidad de revisar algún tema de carácter laboral en el Proceso de Amparo. Para lograr este objetivo, he efectuado la determinación de los hechos del caso en conflicto, la selección y análisis de validez e idoneidad del material normativo, así como la aplicación de este material a los hechos del caso. Finalmente, conforme al criterio de resolución empleado por el Pleno del Tribunal Constitucional, justificar y criticar constructivamente la Sentencia.
Texto completo enlazado
Informe Jurídico sobre la Resolución N° 5, de fecha 28 de setiembre de 2022 del Expediente N° 00195-2022-0-1817-SP-CO-01, emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-08) Mayhuire Vivero, Moises Samuel; Grandez Castro, Pedro Paulino
En el presente informe jurídico se evalúa la motivación del laudo arbitral emitido como consecuencia de la controversia entre el señor Juan Giancarlo Castañeda Cabanillas y Provias Nacional, en el marco de la adquisición del predio denominado “El Tamarindo”, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de la Libertad. El proceso arbitral tuvo como objeto revisar la tasación comercial realizada por Provias Nacional al referido inmueble, pues a consideración del señor Castañeda, aquella era incorrecta al no haber considerado la existencia de plantaciones de espárragos. Para ello, el Árbitro Único ordenó la realización de una pericia de oficio, cuyos resultados fueron prácticamente transcritos en el referido laudo, para, de esa manera, declarar fundada la pretensión referida a la revisión de la tasación. En ese sentido, explicaremos los defectos de motivación en el referido laudo, en el cual, debido a una incorrecta valoración de la pericia de oficio, el árbitro no brindó ningún tipo de justificación de las razones por las cuales el referido medio probatorio le generó tal convicción. A partir de ello, se analizará la Resolución N° 5 del Expediente N° 00195-2022- 0-1817-SP-CO-01, en la cual la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el recurso de anulación de laudo interpuesto por Provias Nacional, cumpliendo con los límites legales establecidos en el artículo 62° de la Ley de Arbitraje.
Texto completo enlazado
Informe jurídico sobre la sentencia del expediente 00573- 2020-0-1801-JR-DC-11
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-29) Yrribarren Agama, Jonathan Alexis; Grandez Castro, Pedro Paulino
El informe tiene como fin el análisis de la sentencia del caso de Ana Estrada y la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, para permitir la eutanasia y la regulación de su ejecución. El tema abordado en la sentencia es trascendente porque expone como un artículo como el citado entra en conflicto acerca de los derechos fundamentales y las acciones que tiene el Estado al respeto. Al abordar un procedimiento como la eutanasia, se crean problemas legales y éticos que involucran derechos y deberes del Estado y sus instituciones con respecto a Ana Estrada . Para analizar el sustento de dicho pedido y lo resuelto por el juzgado, se evalúan las cuestiones procesales acerca del proceso de amparo y el ejercicio del control difuso para permitir la inaplicación de la norma. Esto nos lleva a examinar la Constitución, su Código Procesal, así como el resto de normativa pertinente nacional. Para abordar el análisis de fondo, focalizaré en las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana, destacando también los pronunciamientos del tribunal ecuatoriano y español. Asimismo, se incorporará una perspectiva nacional, con énfasis en las normativas y jurisprudencias peruanas. La conclusión a la que se arriba es que la inaplicación del artículo mencionado es válida, y, por tanto, que se permita la eutanasia; así como que la muerte digna es un derecho fundamental que avala el pedido de Ana Estrada.
Texto completo enlazado
Informe jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional 302/2023
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-10-21) Migone Uribe, María José; Grandez Castro, Pedro Paulino
El informe jurídico analiza la Sentencia 302/2023 – Caso de los parámetros urbanísticos II, del Tribunal Constitucional del Perú, que aborda el conflicto competencial entre los Gobiernos Locales, representados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Barranco, y el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El principal foco del análisis se centra en cómo esta sentencia afecta el derecho fundamental de acceso a la vivienda digna y la seguridad jurídica de los tenedores de títulos habilitantes en el marco del Reglamento Especial emitido por el MVCS. El informe examina tanto los antecedentes como los aspectos legales, sociales y urbanísticos involucrados, destacando el impacto de la sentencia en la regulación de la Vivienda de Interés Social (VIS). También aborda las implicaciones que este fallo podría tener en el desarrollo urbano y en la protección efectiva del derecho a la vivienda digna, subrayando la importancia de evaluar las regulaciones urbanísticas actuales a la luz de este fallo del Tribunal. Además, el informe justifica la relevancia académica de este análisis, ya que permite comprender mejor los amplios efectos que la sentencia tiene en el ámbito jurídico, social y urbanístico, ofreciendo una visión detallada de los desafíos y oportunidades que se presentan en la regulación de la planificación y de vivienda social en el Perú.
Texto completo enlazado
Informe sobre Expediente E-2783, N° 00025-2021-PI/TC y N° 00028-2021-PI/TC (acumulados), proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N°31307, Nuevo Código Procesal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-23) Valdivia Santillan, Maricielo; Grandez Castro, Pedro Paulino
La Ley 31307, que adoptó el "Nuevo" Código Procesal Constitucional, fue una de las leyes más polémicas promulgadas en 2021. Cabe señalar que los vicios de forma y de contenido minaron sustancialmente la legitimidad de esta ley a lo largo del proceso legislativo que condujo a su incorporación al ordenamiento jurídico. Ante estas circunstancias se presentaron tres recursos de inconstitucionalidad. Estas denuncias fueron presentadas por el Colegio de Abogados de La Libertad (Exp. 00025-2021-PI/TC) y la Procuraduría Especializada en Materia Constitucional en representación del Poder Ejecutivo (Exp. 00028-2021-PI/TC), respectivamente. El tercer caso de la Corte Suprema (Exp. 030-2021- PI/TC) fue recientemente resuelto por una conformación nueva del Tribunal, cabe precisar que este no será materia de estudio en el presente trabajo. A pesar de la trascendencia de la Ley 31307, el informe emitido por la entonces jueza Marianella Ledesma (Exp. 00025-2021-PI/TC y Exp. 00028-2021-PI/TC acumulados) se limitó a analizar los vicios de procedimiento de la ley sin abordar los fundamentos de su inconstitucionalidad. En consecuencia, la sentencia que se dictó a continuación fue considerada INFUNDADA por no alcanzar los cinco votos necesarios para ser declarada inconstitucional conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Con el fin de demostrar que la Ley 31307 es inconstitucional y que su aprobación y entrada en vigencia debilita y desnaturaliza los procesos constitucionales sin mejorar la eficacia de la justicia constitucional, que debe garantizar una tutela jurisdiccional sencilla, rápida y efectiva, el presente informe jurídico analiza los aspectos formales y de fondo de la ley.
Texto completo enlazado
Los límites judiciales para imponer una pena superior a la acordada en el marco de la conclusión anticipada
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-23) Lopez Lopez, Renzo Saul; Grandez Castro, Pedro Paulino
Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia.
Texto completo enlazado
El peligro de obstaculización en el mandato de prisión preventiva por delitos de función militar policial
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-30) Farfán Gamarra, Johhanna Nathalie; Grandez Castro, Pedro Paulino
El presente trabajo tiene por finalidad, demostrar la necesidad de implementación de criterios de valoración del peligro de obstaculización en la Jurisdicción Militar Policial, toda vez que el Código Penal Militar Policial establece en su artículo 322 los requisitos de las medidas de coerción, sin embargo, no instituye criterios expresos para calificar el peligro de obstaculización y se aplica supletoriamente lo establecido en el artículo 270 del Código Procesal Penal, por lo que los autos de prisión preventiva no cuentan con una motivación adecuada o suficiente respecto a este peligro, dándolo por cierto, no precisándose los criterios objetivos y solidos de la existencia del peligro de obstaculización. Es por ello que resultaría necesaria la aplicación de los criterios establecidos por la Jurisdicción Ordinaria a fin de determinar las circunstancias que concurren para determinar el peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización. Es así que, en el presente trabajo se realizara un análisis de los criterios de valoración adoptados por la Jurisdicción Ordinaria, que determina en específico que conductas del imputado constituyen serios elementos para la concurrencia del peligro de obstaculización, los mismos que deben ser valorados en conjunto, y de cómo estos podrían ser aplicados en la Jurisdicción Militar Policial
Texto completo enlazado
La posibilidad de discusión de derecho de alimentos en un proceso de desalojo por ocupante precario entre familiares
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-03-07) Tolentino Zelarayan, Marisol Caroline; Grandez Castro, Pedro Paulino
El presente artículo toma como punto de partida los casos de desalojo por ocupación precaria entre familiares y la posibilidad de discutir temas de derecho de alimentos en este tipo de procesos. Esto debido a que, actualmente, la Corte Suprema ha señalado que no es posible esta discusión; sin embargo, mediante el siguiente análisis doctrinario, jurisprudencial y normativo, nos propondremos comprobar lo contrario. De esta manera, en una primera sección estableceremos que cuando el demandado se encuentra en estado de necesidad, entonces tendrá un derecho a la vivienda que debe ser brindado por el demandante cuando son familiares. Para ello, primero estableceremos la relación entre el derecho de alimentos y el derecho a la vivienda. Luego, analizaremos la relación entre el derecho de alimentos y el estado de necesidad. En la segunda sección abordaremos específicamente los argumentos que nos permitirían la discusión del derecho de alimentos en un proceso de desalojo por ocupante precario entre familiares. Esto es, teniendo en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, el diseño procesal actual del proceso de desalojo por ocupante precario y otras cuestiones procesales como la utilización del principio de iura novit curia y que se aperture un nuevo contradictorio. Finalmente, veremos ejemplos de derecho comparado en Argentina y España, lo cual ayudará a reafirmar nuestra postura respecto de que sí es posible esta discusión en la parte considerativa de la sentencia y que, por todo lo analizado en este artículo, la postura asumida por la Corte Suprema, no sería la más justa.
Texto completo enlazado
Presupuestos para declarar una nulidad de oficio en segunda instancia
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-10) Vela Espinoza, Robinson Rubén; Grandez Castro, Pedro Paulino
peruano. Toma en cuenta la problemática actual en torno a la nulidad declarada de oficio en segunda instancia y cómo estas decisiones pueden vulnerar los derechos de los sujetos procesales, así como crear distorsiones en el sistema de justicia. En ese sentido, con el fin de plantear presupuestos básicos para garantizar una adecuada protección de derechos fundamentales a los justiciables, pasamos a revisar doctrina que desarrolle dicha institución, destacando los presupuestos conceptuales de la nulidad y una definición adecuada para el proceso penal atendiendo a los fines del proceso en un estado constitucional de derecho. También, realizamos un recuento de las principales decisiones de la Corte Suprema y Salas Penales del país, evidenciando una ausencia en el desarrollo de la nulidad de oficio, sus presupuestos y límites. Con el fin de aportar al debate en cuestión, planteamos presupuestos para el análisis y, eventual, de una nulidad decretada de oficio en segunda instancia.
Texto completo enlazado
La prisión preventiva y su afectación a la presunción de inocencia
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-08-14) Alfaro Tinajeros, Nils Pavel; Grandez Castro, Pedro Paulino
Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento.
Texto completo enlazado
Probando el contexto: reflexión sobre el análisis sustancial para la admisibilidad de una acusación respecto al delito de feminicidio y su grado de tentativa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-25) Ato del Avellanal Carrera, Patricio; Grandez Castro, Pedro Paulino
El artículo 108-B del Código Penal tipifica el delito de feminicidio indicando que la persona “que mata a una mujer por su condición de tal” será reprimida con pena privativa de la libertad. La redacción de aquel artículo ha suscitado controversia respecto a cómo entender la configuración del tipo penal. Luego de que el Fiscal cierra la etapa preparatoria con la formulación de la acusación, emite un requerimiento al juez, el cual corre traslado a las partes para que cuestionen la acusación y después de diez días el juez cita a una audiencia en donde se efectuará, en primer lugar, un control formal de la acusación. De no necesitarse subsanación formal de la acusación, el juez realizará un control sustancial de la acusación. Es en el marco del control sustancial de la acusación en donde el juez evaluará los elementos fácticos (debate sobre los hechos), jurídicos (tipificación) y probatorios (admisibilidad) para determinar si dictará un auto de sobreseimiento o de enjuiciamiento. De la presente evaluación es que se desprenden las interrogantes frente a lo que debe probar el fiscal en su acusación para crear convicción en el juez y así emita un auto de enjuiciamiento en los casos referentes a la comisión del delito de feminicidio o en su grado de tentativa.
Texto completo enlazado
El razonamiento probatorio cautelar en la prisión preventiva para el caso del peligro procesal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-04) Herrera Contreras, Hilhmar; Grandez Castro, Pedro Paulino
La prisión preventiva en el ámbito procesal penal viene a ser una medida cautelar que tiene carácter personal y su finalidad es garantizar el proceso penal y el cumplimiento de una eventual pena que pudiera imponerse. Esta medida no puede, ni debe tener otra naturaleza que la pudiera convertir en una medida de seguridad y mucho menos, en una pena anticipada. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es determinar los fundamentos del estándar probatorio referido al peligro procesal en la medida cautelar de la prisión preventiva como justificación de las garantías del proceso penal; realizándose para tal fin una investigación jurídica de tipo dogmático, normativa, teórica y jurisprudencial, por lo cual, la presente investigación demostrara los abusos que se vienen cometiendo con la prisión preventiva en la actualidad, no siendo congruentes con las normas y derechos fundamentales de toda persona inmersa en un proceso penal. Concluyendo que los operadores de justicia deberían adoptar sus decisiones sobre la base de un debido razonamiento probatorio en cuanto al tercer presupuesto material de la prisión preventiva. En el presente trabajo analizamos la aplicación de un razonamiento probatorio cautelar y además estándares de prueba en materia de prisión preventiva, ello vinculado al peligro procesal, lo cual supondría una garantía al momento de resolver el requerimiento de esta medida cautelar. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales para dictar esta medida de carácter excepcional, entendida como la más gravosa del proceso penal
Texto completo enlazado
La reconvención en el proceso de tenencia en el marco del interés superior del niño
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-26) Flores Yanqui, José; Grandez Castro, Pedro Paulino
En el presente artículo se analizará una problemática actual respecto a los procesos de tenencia, relacionado al hecho que cuando ambos padres pretenden ostentar el ejercicio de la tenencia de su hijo o hija, el proceso único restringe la participación del padre que no demanda, al no permitírsele reconvenir por expreso mandato del artículo 171° del Código de Niños y Adolescentes que señala la “no procedencia de la reconvención en el proceso único”, resultando ello una limitación en el accionar de los padres y una puerta abierta a que se genere el aumento de la carga procesal, dado que el padre que no pueda reconvenir en muchos casos se verá en la necesidad de demandar la Tenencia cuando ello no resultaría necesario si es que se permitiera la reconvención. El objetivo del presente trabajo es demostrar que mediante una adecuada argumentación jurídica resulta posible resolver todas las controversias afines a la restricción legal referida. Para ello consideramos que resulta importante apartarnos de la literalidad expresada en la norma que prohíbe la reconvención en los procesos de familia para que en el marco del principio del Interés Superior del Niño, así como en base a los principios procesales de celeridad procesal, economía procesal, y en amparo del Tercer Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia se pueda aplicar la reconvención en los procesos de Tenencia.
Texto completo enlazado
Reflexión sobre la privación de la libertad ante infracciones de adolescentes como un último recurso en el Perú: el caso de la Casación Nº 1721-2019-Piura
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-03-27) Quispe Gámez, Carla Patricia; Grandez Castro, Pedro Paulino
Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado en las propuestas legislativas que se presentan cada tiempo al respecto de la disminución de edad para la imputabilidad penal, pero también puede reflejarse en que, sostenidamente, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido apostar por la medida más gravosa para la resolución de estos casos: el internamiento. Debido a este abordaje de la problemática que rodea a los y las adolescentes infractores/as, se plantea la pregunta principal: “¿Se emplea la privación de libertad como medida de último recurso en el sistema de justicia penal juvenil peruano en concordancia con los fines de la justicia penal juvenil y un sistema integral de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales establecidos en la materia?”. Tras la revisión teórica y el examen de su aplicación práctica en nuestro sistema de justicia penal juvenil, finalmente se llegarán a cuatro conclusiones puntuales que abordarán los fundamentos del uso de las medidas privativas de libertad como recursos de ultima ratio, su correlato en la práctica peruana, y la tres posibles causas de la disonancia entre la teoría y a la práctica a partir de un caso.
Texto completo enlazado
Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-19) Vigo Urpeque, Rober Alonso; Grandez Castro, Pedro Paulino
La presente investigación es un breve análisis sobre la aplicación del artículo 97° del código penal en el marco de un proceso cautelar seguido dentro de la Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. Al respecto el citado dispositivo normativo ofrece una interesante aproximación al derecho a la reparación y la efectividad de las resoluciones judiciales, ofreciendo una aplicación similar a la acción pauliana del código civil. En dicho contexto esta investigación aborda la relación del derecho a la reparación, la presunción de inocencia, estándares probatorios y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales. En dicho sentido, a través del análisis de la Resolución N° 1 se ha pretendido pretendemos aportar de alguna manera al adecuado entendimiento de las pretensiones civiles en sede penal, su correcta aplicación dentro de la tutela cautelar y como el derecho de inocencia requiere que se superen ciertos estándares probatorios mínimos con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los particulares, o hacerlos soportar cargas que resulten arbitrarias
Texto completo enlazado
Validez constitucional de la Ley 30558, que incorpora el supuesto excepcional de detención flagrante para casos de delitos cometidos por organizaciones criminales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-26) de la Cruz Marticorena, Erick Eloy; Grandez Castro, Pedro Paulino
La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el plazo de 24 horas para la detención policial por flagrante delito; es a partir de la Constitución de 1979 que se fijó un plazo excepcional de 15 días únicamente para tres delitos -tráfico de drogas, terrorismo y espionaje-. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos, aproximadamente 84 delitos. La norma materia de estudio es producto de la tensión existente ente la libertad y la seguridad, dialéctica que aqueja a nuestra sociedad. La seguridad viene ganando hegemonía producto del sentimiento de miedo que padecemos frente a fenómenos delictivos como el crimen organizado, este contexto empuja al legislador, con base en el populismo penal, a adoptar medidas procesales que restringen los derechos constitucionales. El problema frente al cual nos encontramos es determinar la validez constitucional de la Ley 30558. Para abordar dicha problemática se desarrolla el presente trabajo desde un enfoque procesal constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad de la acotada Ley que, lejos de ser una medida eficaz para luchar contra el crimen organizado, representa una amenaza inminente contra el derecho fundamental a la libertad personal. Un aspecto central de análisis es desarrollar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para concluir finalmente en la invalidez constitucional de la norma. La presente investigación se justificada teóricamente dada la necesidad de contribuir en el desarrollo doctrinario del derecho penal constitucional.