Contradicciones de la política migratoria chilena (2018-2022)

Abstract

Under the slogan of “putting the house in order”, the government of Sebastián Piñera, since his presidential inauguration in 2018, has imposed various requirements on human mobility, which have hindered the entry and regular stay of groups such as Haitians and Venezuelans. These measures have been accompanied by a commitment to the militarization of the northern border and the mediatization of expulsions, along with a rhetoric that dichotomizes displacements into positive/negative, according to their administrative situation, thus conditioning the rights of migrants. This paper examines, from the paradigm of migration governance and through a documentary analysis, the Chilean migration policy from 2018 to 2022, investigating from a qualitative and exploratory approach the main measures implemented and the rhetoric used. It is concluded that in this presidential period a policy has been intensified that, through a human rights narrative, restricts certain flows, increasing irregularity and the precariousness of the crossings, consequences that contradict the premise of “orderly, safe and regular migration” on which the government administration is based. This dynamic has been strongly expressed in the Tarapacá Region, a territory that has become the epicenter of the migratory situation.Bajo el lema de «ordenar la casa», el gobierno de Sebastián Piñera, desde su asunción presidencial en 2018, ha impuesto diversos requerimientos a la movilidad humana, que han dificultado el ingreso y la permanencia regular a colectivos, como el haitiano y el venezolano. Estas medidas se han acompañado de una apuesta por la militarización de la frontera norte y la mediatización de expulsiones, junto con una retórica que dicotomiza los desplazamientos en positivos/negativos según su situación administrativa, condicionando así los derechos de los migrantes. Este artículo examina, desde el paradigma de la gobernabilidad migratoria y mediante un análisis documental, la política migratoria chilena de 2018 a 2022, indagando desde un enfoque cualitativo y exploratorio las principales medidas instauradas y las retóricas esgrimidas. Se concluye que en este periodo presidencial se ha agudizado una política que, a través de una narrativa de derechos humanos, restringe ciertos flujos, incrementando la irregularidad y la precarización de las travesías, consecuencias que contradicen la premisa de «migración ordenada, segura y regular» en que se sustenta la gestión gubernamental. Esta dinámica se ha expresado con fuerza en la Región de Tarapacá, un territorio que se ha transformado en el epicentro de la coyuntura migratoria.