Límites en la aplicación de sanciones administrativas en el sector público. Caso: Contraloría General de la República

Abstract

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.