Informe Jurídico sobre Exp N.°02566-2014-PA/TC, Proceso de Amparo por vulneración al derecho a la salud

Abstract

El presente informe jurídico cuestiona, a partir del proceso de amparo interpuesto por el señor Luigi Calzolaio(en adelante,Señor Calzolaio), si el Tribunal Constitucional puede pronunciarse en la ejecución de políticas públicas respecto a derechos esenciales, ya que en el caso en concreto, el señor Calzolaio había acudido a dos instancias anteriores; sin embargo, fue declarado como improcedente. El recurrente indicó que habían vulnerado su derecho a la salud, y al tratarse de un derecho fundamental, se reflexiona acerca de si corresponde que el Tribunal Constitucional pueda intervenir o deba ceñirse únicamente a sus competencias específicas.

Por ello, a partir de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, y los argumentos empleados por el mismo, se discute la competencia para intervenir en la ejecución de las políticas públicas referidas al derecho a la salud.

Los instrumentos normativos empleados son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que directamente hacen referencia al derecho a la salud como derecho social y revelan la garantía que tiene el Estado para proteger el goce de tal derecho. Asimismo, se tiene en cuenta la Constitución y jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional para poder abordar como principales conclusiones que pese a no tener una competencia específica, cuenta con una competencia implícita para poder pronunciarse en la ejecución de políticas públicas que afecten derechos esenciales.This legal report questions, based on the amparo proceeding filed by Mr. Luigi Calzolaio (hereinafter, Mr. Calzolaio), whether the Constitutional Court may rule on the execution of public policies regarding essential rights, since in the specific case, Mr. Calzolaio had appealed to two previous instances; however, it was declared inadmissible. The appellant indicated that his right to health had been violated, and since it is a fundamental right, it is considered whether the Constitutional Court should intervene or whether it should limit itself to its specific competences.

Based on the Constitutional Court's ruling and the arguments used, the competence to intervene in the execution of public policies related to the right to health is discussed.

The normative instruments used are the American Convention on Human Rights, the Protocol of San Salvador and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, since they directly refer to the right to health as a social right and reveal the guarantee that the State has to protect the enjoyment of such right. Likewise, the Constitution and jurisprudence of the Constitutional Court are considered in order to address as main conclusions that despite not having a specific competence, it has an implicit competence to pronounce on the execution of public policies that affect essential rights.