Gestión de la política forestal en los bosques de producción permanente y su influencia socioeconómica en los centros poblados mestizos de Vinuncuro y Puerto Putaya, cuenca intermedia y alta del Río Tamaya, distrito de Masisea, Región Ucayali; área crítica de frontera con Brasil

Abstract

La gestión de la política forestal en los Bosques de Producción Permanente – BPP en nuestra Región, tiene como base legal primigenia la Resolución Ministerial Nº 026-2002-AG, del 7 de enero del 2002, que crea en el departamento de Ucayali los BPP con una superficie de 4 089 928 ha; dispositivo ejecutado por el Ministerio de Agricultura – MINAG 1 sin el trabajo de campo pertinente, legalizando la superposición de los BPP sobre de los centros poblados de la Región. Se toma como referencia para el presente estudio, los centros poblados mestizos de Vinuncuro y Puerto Putaya de la cuenca intermedia y alta del río Tamaya por el atraso socioeconómico en el campo de la producción, educación, salud y orden interno de estos pueblos. Los BPP en la región Ucayali luego de redimensionamientos efectuados tienen como superficie 3 461 469,93 ha; entregados a empresas madereras bajo la modalidad de concesiones forestales, y a las ONG como concesiones de conservación y ecoturismo. Del trabajo efectuado se presentan hallazgos, conclusiones y recomendaciones que generan la propuesta final del estudio. Se propone la formulación de un plan de acción para superar el problema de superposición de los BPP, previo al cual el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Ucayali – GORE Ucayali, conformará una comisión de trabajo presidida por el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI2 a través del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR; e integrada por: el GORE Ucayali, la secretaría técnica del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza - CONADIF, autoridades de los centros poblados, el MINAGRI a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios; quienes deberán elaborar y ejecutar las acciones necesarias para lograr el resarcimiento de los derechos de la población afectada.