Un análisis práctico de la reforma de la Unión Europea de su Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales y directrices sobre acuerdos verticales

Abstract

The entry into force in June 2022 and for the next twelve years of the new Vertical Block Exemption Regulation (RECAV) and the Guidelines on vertical restraints affect the determination of the anti-competitive or pro-competitive nature of vertical agreements and the possibility of benefit from regulatory safeguard exemptions. This reform carried out by the European Commission is the first regulatory exercise of such magnitude on vertical restraints in response to the rise of marketplaces and e-commerce platforms. It also takes into account political priorities such as digital transition and sustainability. Among the main amendments include the different delimitation of particularly severe restrictions related to the internet, parity obligations, non-compete clauses and the determination of the selling price. On the other hand, significant changes have taken place in the criteria applicable to different models of distribution agreements. Moreover, provisions on online intermediation service providers and sustainability objectives have also been introduced.

La entrada en vigor en junio de 2022 y para los próximos doce años del nuevo Reglamento de Exención por Categorías para Acuerdos Verticales (RECAV) y de las Directrices relativas a las restricciones verticales afecta la determinación del carácter anti-competitivo o pro-competitivo de los acuerdos verticales y la posibilidad de acogerse a exenciones de salvaguardia regulatoria. Esta reforma llevada a cabo por la Comisión Europea es el primer ejercicio normativo de tal magnitud sobre las restricciones verticales, realizado como respuesta al auge de marketplaces y de plataformas de comercio electrónico. Asimismo, tiene en cuenta prioridades políticas como la transición digital y la sostenibilidad. Entre las principales modificaciones cabe resaltar la diferente delimitación de las restricciones especialmente graves relacionadas con internet, las obligaciones de paridad, las cláusulas de no competencia y la determinación del precio de venta. Por otro lado, han sufrido cambios significativos los criterios aplicables a los diferentes modelos de acuerdos de distribución. Asimismo, se han introducido disposiciones sobre proveedores de servicios de intermediación online y sobre objetivos de sostenibilidad.