Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desde un enfoque basado en derechos y el buen gobierno.

Abstract

Es materia del presente trabajo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, la cual expone que contrariamente a los esfuerzos persiste como problema público la fragilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres, constituyéndose en uno de los importantes inconvenientes que tiene la sociedad, condición que, en contraste con los progresos en materia de gestión del riesgo de desastre, va en aumento y socavando el desarrollo alcanzado. No obstante, dicha Política afirma hallarse alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas, los cuales como sabemos tienen como objetivo garantizar los Derechos Humanos. De otro lado, el Enfoque Basado en Derechos concede a las políticas públicas un marco conceptual explícito, el mismo que ayuda a definir con mayor precisión sus obligaciones frente a los derechos humanos, tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos. Del mismo modo, el Buen Gobierno, garantiza el correcto ejercicio de la discrecionalidad de la función pública. Siendo esto así, resultan ser enfoques complementarios. Ante ello, tenemos que Enfoque Basado en Derechos y el Buen Gobierno resultan ser perspectivas complementarias al analizar cualquier forma de intervención del Estado, consecuentemente, pueden usarse al valorar el seguimiento y evaluación de las Políticas Pública.The subject of this work is the National Disaster Risk Management Policy for 2050, which states that contrary to efforts, the fragility of the population and their livelihoods in the face of disaster risk persists as a public problem, becoming one of the important drawbacks that society has, a condition that, in contrast to the progress in disaster risk management, is increasing and undermining the development achieved. However, this Policy claims to be aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, which as we know aim to guarantee Human Rights. On the other hand, the Rights-Based Approach grants public policies an explicit conceptual framework, which helps to more precisely define their obligations regarding human rights, both economic, social and cultural as well as civil and political. Likewise, Good Government guarantees the correct exercise of the discretion of the public function. This being so, they turn out to be complementary approaches. Given this, we have to say that the Rights-Based Approach and Good Governance turn out to be complementary perspectives when analyzing any form of State intervention, consequently, they can be used when evaluating the monitoring and evaluation of Public Policies.