Derecho y modernidad en el Perú del ochocientos

Abstract

La ciencia jurídica —entendida como reflexión teórica— carga en nuestro país con un pesado lastre: el positivismo; y lleva consigo un anatema: su carácter insular. Los juristas han preferido desentenderse del contexto social y cultural que rodea, impulsa o detiene la producción normativa o su declinación. Su objeto central de estudio ha sido nuestro ordenamiento legal. Ciertamente, para emprender este análisis no se han servido solo de nuestra estructura legislativa; han apelado también a órdenes normativos de otros países haciendo uso de la «comparación jurídica». Sin embargo, sería injusto atribuirles que la suya ha sido una construcción puramente legal, puesto que la dogmática más autorizada ha recurrido también a la doctrina nacional y extranjera. Muy pocos osaron penetrar en otra de las fuentes formales reconocidas: la jurisprudencia de los tribunales que, de una forma u otra, recogía al derecho vivo. No se aproximaron a ella, ya porque había poco que encontrar (nuestra jurisprudencia no ha sido especialmente fecunda) o simplemente porque la desdeñaban en lo poco que tenía de rescatable. Las reformas que demandaba nuestra legislación se fundaban más en las virtudes de otras legislaciones o en la versación de los autores que en los datos proporcionados por la realidad. El resultado: trabajos preciosistas que buscaban ante todo el mejoramiento de la redacción y de la sistemática defectuosas y que se planteaban el examen de los códigos sin atender a consideraciones «extrajurídicas». De este modo, cuando mucho se lograba captar al derecho desde una de sus perspectivas —valiosa por cierto pero insuficiente—: la dogmática. La experiencia jurídica era, así, empobrecida. Dos de sus dimensiones: la filosófica y la sociológica, resultaban enervadas.