Informe sobre expediente N° 2001-0166-0-1016-JM-CI-01 indemnización de daño y perjuicios derivado de un accidente de trabajo

Abstract

En el presente informe jurídico se analiza la controversia existente respecto al pago de una indemnización por daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo mortal en la Empresa de Generación Eléctrica de Machupicchu S. A. a favor de Carmen Alicia Boni Ordoya, en su calidad de madre y única heredera del trabajador Mario Emilio Pacheco Boni. En la demanda, la señora Carmen Boni reclama ante el juzgado civil la reparación del daño emergente y lucro cesante, al afirmar que la muerte de su hijo se produjo porque la empresa no adoptó las medidas de protección necesarias. La relevancia del informe radica en poder analizar cuatro problemas jurídicos con relevancia laboral, procesal y civil, que no son muchas veces tomados en cuenta de forma integral desde una perspectiva conceptual y procedimental. Asimismo, en el desarrollo del informe se analiza (a) si los juzgados laborales o civiles son competentes para resolver demandas presentadas por los sucesores, (b) si en 1999 existió un deber implícito al deber de protección, (c) si los informes periciales pueden ser una herramienta que permita cuantificar objetivamente las indemnizaciones y (d) si es posible que los sucesores reclamen las remuneraciones dejadas de percibir del trabajador fallecido como una indemnización de lucro cesante. Para responder a los problemas jurídicos planteados se partirá de una definición conceptual de las instituciones jurídicas, luego se tomará en cuenta el desarrollo doctrinal y jurisprudencial a nivel nacional, internacional y emitida por el Organismo Internacional del Trabajo (OIT). Los resultados de la investigación y análisis realizados evidencian que existe una inadecuada comprensión por parte de los juzgados civiles y laborales sobre el deber de protección, las normas de competencia procesal, informe pericial, prueba de oficio y los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Este uso inadecuado de las instituciones jurídicas fomenta a que se generen perjuicios, no solo al demandante sino a la empresa demandada que tiene que pagar excesivas indemnizaciones.