Informe jurídico sobre la Casación Laboral Nº 31302- 2022-Huánuco

Abstract

En el presente informe jurídico se tiene como finalidad analizar la Casación Nº 31302-2022-Huánuco, la cual versa sobre el reconocimiento de la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, bajo los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), a un obrero municipal que fue contratado bajo las modalidades de locación de servicios y Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Se cuestiona si la decisión adoptada por la Corte Suprema, de no otorgar ningún tipo de tutela – restitutoria o resarcitoria –, vulnera el derecho al trabajo y a la tutela jurisdiccional efectiva. De igual manera, se tiene en consideración que el demandante cumplió setenta (70) años de edad durante el proceso judicial, lo que imposibilitó la procedencia de su pretensión de reposición. Sin embargo, esto solo se produjo debido al plazo excesivo – de 2 años y 5 meses - en el que fue emitida la Sentencia de Primera Instancia, desde la interposición de la demanda. Así las cosas, a partir del análisis normativo, jurisprudencial y doctrinario, tenemos que la Corte Suprema debió ordenar el pago de una indemnización, en tanto la imposibilidad de ejecución de la reposición obedeció a una causal sobreviniente originada por la vulneración del derecho al plazo razonable. Además, se advierte la existencia de un vacío normativo frente a este tipo de situaciones, por lo que, teniendo en cuenta los fines de la casación correspondía garantizar una protección efectiva frente a la vulneración de derechos fundamentales.

The purpose of this legal report is to analyze Cassation Nº 31302-2022-Huánuco, which addresses the recognition of the existence of an open-ended employment relationship, under the scope of the Consolidated Text of Legislative Decree No. 728, the Labor Productivity and Competitiveness Law (LPCL), for a municipal worker who was hired under civil contracts and Administrative Service Contracting (CAS) modalities. The question is raised as to whether the Supreme Court's decision not to grant any type of protection —restorative or compensatory— violates the right to work and to effective judicial protection. Likewise, it is taken into consideration that the plaintiff turned seventy (70) years of age during the judicial process, which precluded the admissibility of his reinstatement claim. However, this only occurred due to the excessive timeframe —2 years and 5 months— within which the First Instance Judgment was issued, from the filing of the claim. Thus, based on the normative, jurisprudential, and doctrinal analysis, the Supreme Court should have ordered the payment of compensation, since the impossibility of executing the reinstatement was due to a supervening cause originating from the violation of the right to a speedy trial. Furthermore, there is a regulatory gap in this type of situation, and therefore, considering the purposes of cassation, it was necessary to guarantee effective protection against the violation of fundamental rights.