La discriminación por razón de género en la regulación de la impugnación de la paternidad matrimonial por parte de la mujer casada

Abstract

La presente investigación pretende demostrar que la regulación de la impugnación de la paternidad matrimonial por parte de la mujer casada vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las madres, por tanto, es discriminatoria por razón de género. Para ello, este trabajo se divide en tres partes. En el primer capítulo, se contextualiza el problema abordando el impacto de la Constitucionalización del Derecho de Familia en la regulación del sistema filiatorio, atendiendo a que en el marco de un Estado Constitucional la labor del legislador y demás autoridades estará supeditada a los principios y derechos fundamentales proclamados en la Carta Magna, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación. Asimismo, se analiza la institución de la filiación y su relación con el principio del interés superior del niño; así como los derechos fundamentales que deben sustentarla desde la perspectiva constitucional. En el segundo capítulo, se realiza una revisión de la regulación de la paternidad matrimonial, en particular, la presunción pater is y la acción impugnatoria. En tal sentido, se coteja lo planteado en la legislación aludida a la luz de la constitucionalización del Derecho de Familia, pretendiendo evidenciar los valores y estereotipos de género que subyacen a esta regulación y la fundamentan; así como que aquellos no son óbice para justificar la afectación de principios y derechos constitucionales. Finalmente, el tercer capítulo se centra en el estudio de diez casos sobre impugnación de paternidad matrimonial en que el que se identifica cómo los operadores jurídicos resuelven la incompatibilidad de la regulación de la impugnación de la paternidad matrimonial con lo estipulado en la Constitución. Para ello, se analizan los criterios relevantes utilizados en el razonamiento judicial, así como las deficiencias de este. Por último, esta investigación culmina con una revisión de proyectos de ley para modificar la regulación sobre la materia, concluyendo que continuar con una legislación que no respeta los derechos fundamentales ni los protege efectivamente, no se condice con lo que implica ser un Estado constitucional.