La inversión pública ejecutada por el sector privado en el marco del mecanismo de obras por impuestos cuenta con características que permiten su reporte como parte de las políticas de responsabilidad social empresarial del sector minero
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Abstract
Existen numerosos documentos que vinculan y aportan a la regulación del mecanismo de Obras por Impuestos con el desarrollo de infraestructura pública haciendo hincapié en los conceptos financieros, la evaluación de proyectos de inversión y su aplicación por el sector privado en general. En ese contexto, la relevancia del presente documento se encuentra dada por establecer la asociación del mecanismo de Obras por Impuestos con el concepto de responsabilidad social empresarial para el sector minero. Así, el presente trabajo tiene por objetivo mostrar que el sector minero peruano puede reportar como parte de una política de Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura y servicios públicos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, aun cuando los fondos que se destinan para su ejecución sean de naturaleza pública. Este documento no tiene por finalidad ahondar en el desarrollo regulatorio de Obras por Impuestos. Con la finalidad de lograr dicho objetivo se ha optado por realizar una investigación descriptiva que permita responder la principal pregunta que sustenta este documento ¿Es posible que el sector minero peruano pueda reportar como Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura pública mediante el uso del mecanismo de Obras por Impuestos? Asumiendo como hipótesis una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿Cuál es la vinculación entre el desarrollo de infraestructura pública por el sector minero y la responsabilidad social empresarial? Finalmente concluiremos que la ejecución de obras y servicios públicos por parte de las empresas mineras haciendo uso del mecanismo de obras por impuestos cuenta con características que permiten ser reportados como parte de una política de responsabilidad social empresarial, ya que su gestión implica ir más allá de lo
exigible de manera voluntaria. Asimismo, implica destinar recursos tangibles e intangibles a favor del desarrollo de infraestructura y servicios públicos que redituará en competitividad empresarial, del gobierno y país