Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ)

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El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica promueve, diseña y desarrolla proyectos de investigación académica y ofrece servicios de capacitación, consultoría y asesoramiento jurídico a entidades nacionales e internacionales. El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica fue creado en el año 2003 y constituye una sub-unidad del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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    La salud mental en el Perú: progresos hacia la desinstitucionalización
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2024) Ponce de León, José Carlos; Erausquin Ruiz, Maria Grazia
    En el 2012 se inició el proceso de reforma del sistema de salud mental en el Perú a partir del desarrollo de un nuevo marco legal que incorporó el modelo comunitario y el enfoque de derechos a los servicios de salud mental. Previo a ello, existían diversas deficiencias pertenecientes a un sistema de atención basado en el modelo psiquiátrico-hospitalario, modelo donde primaban dificultades como la centralización de los servicios en la capital, la insuficiencia de recursos humanos y prácticas que atentaban contra los derechos humanos de las personas institucionalizadas. El presente capítulo tiene el objetivo de caracterizar los hitos de la reforma peruana de salud mental, específicamente, aquellos de carácter normativo, presupuestal y estratégico. Asimismo, se discuten los avances de la reforma contrastando con el grado de cumplimiento de derechos humanos. Finalmente, se plantean las principales fortalezas y retos con el objetivo de ayudar a fortalecer los futuros pasos del proceso de reforma.
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    Salud mental y privaciones de libertad en Colombia: su entendimiento desde la norma y la jurisprudencia constitucional
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2024) Isaza Piedrahita, Federico
    En Colombia existen diversas normas y políticas públicas encaminadas a promocionar la salud mental como un asunto de vital importancia. Sin embargo, hay un escenario en la prestación de servicios que se mantiene en una zona gris a nivel jurídico y permite la eventual vulneración de derechos: la internación por motivos de salud mental. Esto se presenta en un momento histórico en el que a nivel internacional existen una serie de estándares en derechos humanos que modifican de manera trascendental la forma como se deben prestar estos servicios, partiendo de la necesidad de garantizar los derechos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Así mismo, el 26 de agosto de 2019 se sancionó la Ley n.º 1996 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” (Congreso de la República de Colombia, 2019) , que reconfiguró de manera radical la regulación sobre capacidad jurídica para personas con discapacidad en el país. El presente texto busca evidenciar la forma en que opera la internación por motivos de salud mental dentro del escenario de falta de regulación, regulación dispersa y una visión de la internación, primordialmente, como garantía del derecho a la salud por parte de la Corte Constitucional. Lo que genera importantes tensiones con estos estándares.
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    Fim dos manicômios judiciários e garantia dos direitos das pessoas com deficiência psicossocial em conflito com a lei no Brasil: mais perto do que longe?
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2024) Cerqueira Correia, Ludmila; De Almeida, Olívia Maria
    En Brasil, el tratamiento de las personas con discapacidad em conflicto con la ley todavía se centra predominantemente en el internamiento judicial en un manicomio, institución laica cuya dinámica de funcionamiento corresponde a la lógica carcelaria, y que acarrea una serie de violaciones a los derechos humanos. A partir de una revisión bibliográfica y análisis documental, este articulo presenta los cambios implementados em la política brasilera de salud mental a partir de las luchas del Movimiento Antimanicomial, protagonista de la promulgación de la Ley 10.216/2001; y discute su impacto en los los internamientos por mandato judicial y en las medidas de seguridad. También presenta la normativa referencia a la atención de personas con discapacidad psicosocial y la implementación de medidas de seguridad, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y destaca los desafíos actuales para reorientar el modelo manicomial a un modelo de cuidado en libertad, a partir de la Resolución 487/2023 del Consejo Nacional de Justicia. El artículo concluye que la perspectiva antimanicomial se muestra como paradigma, ya que prioriza el derecho a la salud y aboga por la atención de la salud mental en los servicios territoriales y comunitarios.
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    Esterilizaciones forzadas: verdad, justicia y reparaciones integrales
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2023-03) Cedano García, María Ysabel
    En el contexto del cambio de gobierno y la futura proclamación de un nuevo presidente Castillo, el presente artículo describe la situación de las mujeres indígenas víctimas de las esterilizaciones forzadas durante las dos últimas gestiones de Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, junto con los dos cortos gobiernos de Vizcarra y Sagasti. Explica cuál ha sido el proceso por el cual han atravesado, los avances, desafíos e injusticias que tuvieron que atravesar. Este transcurso se muestra desde los escritos hasta las audiencias, todo ello con el fin de obtener reparaciones integrales y justicia.
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    Las esterilizaciones forzadas a la luz del Derecho Internacional
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2023-03) Zafra, Rita Del Pilar
    El presente artículo busca explicar las esterilizaciones forzadas desde el derecho internacional. Por una parte, se encuentra el ámbito de los derechos humanos, el cual hace referencia a la responsabilidad del Estado por las esterilizaciones forzadas. Se utiliza como referencia la decisión tomada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en un caso de esterilizaciones forzadas peruano: el de Mamérita Mestanza. Este concluye con que la esterilización forzada y posterior muerte fue una vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal y a la no discriminación de la señora por parte del Estado peruano. Todo ello amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belém Do Para. Por otra parte, se puede analizar las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori bajo el derecho penal internacional, el cual tiene consecuencias concretas en el ámbito jurídico interno. Zafra describe cuáles son estas y si las esterilizaciones forzadas cumplen con los elementos de los crímenes dispuestos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En consecuencia, se contextualiza a las esterilizaciones forzadas en el marco de los crímenes de lesa humanidad.
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    Análisis de las víctimas de trata de personas a veinte años del Protocolo de Palermo: actuación estatal a la luz del enfoque de género y de derechos humanos
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2023) Gonzalez, Marisol; Carrion, Stephanie; Arellano, Marco
    El presente trabajo tiene como objetivo principal poner en evidencia, desde un enfoque de derechos humanos y de género, el impacto que ha supuesto la incorporación del Protocolo de Palermo en la normativa interna contra la trata de personas, así como evidenciar la problemática que supone el tratamiento de las víctimas y el reto que representa para el Estado su protección y prevención de este delito. Frente a ello, en primer lugar, identificaremos y analizaremos la situación en la que actualmente se viene desarrollando el delito de la trata de personas; en segundo lugar, analizaremos la situación y tratamiento que se le da a las víctimas desde un enfoque de género y derechos humanos; en tercer lugar, revisaremos y analizaremos cuáles han sido las actuaciones del Estado peruano y de sus principales autoridades entre el 2013-2020; y, finalmente, identificaremos y plantearemos estrategias para una correcta política de prevención y sanción de los casos de trata de personas. Todo ello permitirá poner en relieve a los grupos etarios que se ven afectados directamente por este delito, como lo son las niñas, mujeres migrantes y personas trans, al ser grupos con un mayor índice de vulnerabilidad dentro de la sociedad peruana.
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    Las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos frente a la trata de mujeres indígenas víctimas de explotación sexual en el Trapecio amazónico: acceso a la justicia y políticas públicas
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2023) Cayllahua Arizapana, Jalcy Guadalupe; Ruiz Ramos, Yazmine Leslie
    Si bien el Estado peruano ha implementado cierta legislación y políticas públicas en materia de trata de personas, parece que el delito y, por ende, las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres ticuna aún se encuentran vigentes. En otras palabras, no se puede decir que para el 2021 habrá un entorno seguro contra la trata de personas. Por tanto, para fortalecer los deberes de prevención, enjuiciamiento y protección es necesario incorporar los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violencia contra las mujeres y la protección de los pueblos indígenas, así como contrastar las políticas públicas realizadas con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Todo esto con el propósito de dar un efecto útil al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
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    La explotación y la trata laboral desde el contexto de la investigación participativa
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2023) Correa Da Silva, Waldimeiry
    Este estudio analiza la trata laboral y la explotación en el contexto rural de Andalucía, España. Se tiene como objetivo examinar categorías jurídicas complejas, como la trata de personas, o tipificaciones deficientes en el marco español, como la esclavitud (y sus formas contemporáneas) y el trabajo forzado. En la práctica, las tres son categorías relacionales que surgen en contextos de vulnerabilidad, desigualdad y explotación. A estos efectos, se parte del análisis interseccional con el uso de la investigación acción participativa (IAP). Las técnicas utilizadas para el recojo de información fueron: revisión bibliográfica y entrevistas semiestructuradas. Como resultado, se ha logrado realizar un acercamiento contextual de la explotación y la trata laboral en Andalucía, teniendo como referente el régimen complejo de enfrentamiento a la trata de personas.
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    Análisis de género de la responsabilidad de las empresas multinacionales por delitos de trata de personas
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2022) Márquez Tejón, Aintzane
    A pesar de la poca atención que ha recibido la experiencia de las mujeres y las niñas en la respuesta normativa a la responsabilidad de las empresas, este artículo trata de exponer la manera en que la regulación internacional y la regulación de la responsabilidad penal de empresas por delitos de trata, en España, podría dar respuesta a preguntas tan importantes y relevantes como la de cómo superar los obstáculos jurisdiccionales en los casos de vulneraciones de derechos por parte de empresas transnacionales.
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    Persecución penal del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual durante la pandemia de la COVID-19
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2022) Pardo Miranda, Marta
    Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y con posterioridad, se han sucedido una serie de medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia mundial, tanto económicas como de seguridad ciudadana, que afectan a todos los sectores. La criminalidad organizada no para y los tratantes encuentran vías para aprovecharse de las circunstancias de especial vulnerabilidad. Se teme que la COVID-19 esté haciendo que la tarea de identificar y dar asistencia a las víctimas de la trata de personas sea aún más difícil. Las víctimas de trata están más expuestas a contraer el virus, los organismos están menos equipados para prevenirlo, y las víctimas tienen menos acceso a los servicios de apoyo y a la asistencia sanitaria. El ajuste de las prioridades por parte de los gobiernos durante la pandemia, los incrementos dramáticos en el desempleo y la reducción de ingresos, especialmente para salarios bajos, han supuesto que un número significativo de personas que ya eran vulnerables se encuentren en una situación aún más precaria. Resulta por ello necesario sentar las líneas básicas de este delito para, después, cuestionarnos qué efectos está teniendo sobre él la situación excepcional provocada por la COVID-19 en las víctimas y qué medidas podrían adoptarse para mejorar su situación, así como para evitar que la pandemia afecte la incriminación del delito y quede impune la actuación del crimen organizado. El efecto de la pandemia puede ser diverso: en el ámbito jurídico, procedimientos, inspecciones policiales y laborales, asistencia a las víctimas o, incluso, modus operandi de las organizaciones criminales pueden verse alterados a consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos. La paralización de determinados servicios puede y ha podido repercutir en el delito. Cuestiones como ¿han aumentado los casos de trata de personas?, ¿se han paralizado actuaciones policiales y judiciales?, ¿han aprovechado las circunstancias los tratantes?, ¿las víctimas reciben el apoyo necesario?, ¿las ONG e instituciones han tenido problemas para llevar a cabo su labor?, ¿las consecuencias económicas de la pandemia van a afectar a la lucha contra la trata?, son solo algunas de las que se plantean en estos momentos.