Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Titularidad y naturaleza jurídica de los títulos de carbono forestal en el Perú en el marco de los mercados de carbono AFOLU
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-25) López Bassa, Blanca; Capella Vargas, José Luis
    Este artículo tiene como objetivo proponer una definición completa y actualizada de la naturaleza jurídica de los títulos de carbono forestal y la titularidad de los mismos en el Perú, a la vez que compila los conceptos legales que son de utilidad para los tomadores de decisiones en materia de derecho sobre el carbono forestal y en el marco de los mercados de carbono AFOLU. Para ello, la autora desarrolla los conceptos biofísicos de captura y almacenamiento de carbono, y los relaciona a definiciones legales presentes en la normativa nacional vigente. Luego, sugiere tres fundamentos definidos a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que, considera, orientan los diferentes matices legales de los títulos de carbono forestal. Finalmente, la autora compila las diferentes interpretaciones jurídicas que han sido redactadas en la materia en el Perú y las revisa sobre la base de los conceptos y fundamentos identificados previamente. Concluye que los procesos de flujo de carbono y almacenamiento de carbono son servicios ecosistémicos inherentes a los recursos naturales. No obstante, los documentos de los títulos de carbono forestal se comportan como bienes muebles que contienen derechos personales de carácter transmisible. En relación a la titularidad, en tanto las autorizaciones, concesiones y permisos que otorgan un derecho de uso sobre los ecosistemas forestales incluyen también los servicios ecosistémicos de carbono, siempre y cuando incluyan el aprovechamiento de estos servicios en sus planes de manejo, estos titulares tienen la capacidad de transferir sus derechos sobre el carbono a un tercero. Por último, cabe precisar que en tanto el patrimonio forestal es Patrimonio de la Nación en el Perú en virtud del artículo 66 de la Constitución, el Estado es titular de los derechos sobre el carbono forestal en las áreas naturales protegidas y los bosques no categorizados de su territorio.
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    El Derecho Ambiental Peruano y su adecuación al Acuerdo de Escazú y los principios del Buen Gobierno
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-25) Gamboa Balbin, Cesar Leonidas; García Westphalen, Luis Enrique
    La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación de la presente investigación es la de aclarar el sustento de los argumentos jurídicos debatidos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República referidos a la conveniencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú con respecto a su impacto en la legislación ambiental peruana. Nuestra hipótesis de investigación es que la adecuación normativa de la legislación nacional ambiental al Acuerdo de Escazú extiende el alcance de los derechos de acceso ambiental (participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales) a nivel convencional, constitucional y administrativo. Sobre el marco teórico a emplear, utilizamos los contenidos del derecho internacional ambiental, los principios de buen gobierno y el constitucionalismo ambiental para el análisis de la mencionada adecuación normativa. La metodología empleada es la revisión documentaria de fuentes normativas y doctrinarias que nos permite identificar categorías jurídicas para dilucidar la interpretación integral de ambos cuerpos normativos. Una de nuestras más importantes conclusiones es que la adecuación de la legislación ambiental peruana al Acuerdo de Escazú dota de mayor protección constitucional y convencional los derechos de acceso a ambiental, limitando al legislador y el poder reglamentario de la administración a afectar la naturaleza jurídica de estos derechos, más bien guiándolos a desarrollar sus contenidos en base a la idoneidad de las normas ambientales, la transparencia y participación de los procedimientos administrativos relacionados a la evaluación ambiental, la rendición de cuentas y la efectividad de la administración en el marco de la fiscalización ambiental, es decir, a tener una legislación más consistente desde el enfoque de los principios de buen gobierno