Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Oficina General Especializada en Derechos Humanos para enfrentar la inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980 a 2000, vigentes al 2020
    (Pontificia Universidad Católica del Perú., 2024-04-17) Bautista Cebrian, Judith Elizabeth; Coronel Benites, Marilyn; Ramos Morales, Leonidas Lucas
    El Perú, entre los años 1980 y 2000, vivió un periodo de violencia política, de acuerdo con lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento estableció la violación de derechos humanos en miles de personas y recomendó que las denuncias sean investigadas por el Ministerio Público La labor se realizó desde 2004, tras la constitución de un subsistema especializado en la materia. Empero, de un estudio al año 2020, se detectó casos que continuaban en trámite correspondiente al periodo de violencia, ante lo cual se infirió la posible “inoportunidad”, así como un inadecuado desempeño de los servicios fiscales. Se identificó el problema público: “Inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980-2000, vigentes al 2020”. Al jerarquizar las causas, se verificó que la carencia de información actualizada y exacta genera mayor impacto en el problema, al impedir su impulso. Esta investigación plantea una solución innovadora para enfrentar el problema identificado: crear una Oficina General Especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, que asuma el rol de diseñar, proponer y evaluar la situación de casos de violación de derechos humanos. También sugeriría estrategias para viabilizar el impulso de las investigaciones y procesos en instancias fiscales o judiciales, y contribuiría con la asunción de un rol efectivo del Ministerio Público, en favor de la sociedad.
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    ¿Denunciar o no denunciar? : una apreciación sobre la importancia de la presencia de instituciones del Estado en la visibilización y reporte de casos de violencia contra la mujer
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-02-04) Carrillo Ramírez, Lucía Alejandra; León Jara Almonte, Juan Jesús Martín
    La violencia contra la mujer es un problema que persiste en la sociedad peruana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses (ENDES, 2016). En este contexto, resaltan los esfuerzos del sector público por atender situaciones de violencia doméstica. Entre ellos, la instalación de instituciones especializadas conocidas también como Centros de Emergencia Mujer (CEM). Así, desde el año 2002 hasta agosto 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha logrado implementar 275 CEM a nivel nacional, brindando cobertura al 100% de las provincias. En este sentido, el Estado se ha vuelto un agente activo y con personal especializado en la atención de casos de violencia doméstica; no obstante, no hay evidencia formal sobre los resultados de dichos esfuerzos. En este marco, esta investigación propone lo siguiente: (1) Identificar ciertos elementos clave en la violencia contra la mujer y cómo estos han variado (o no) en los últimos años, (2) Brindar alcances sobre cuáles son los principales determinantes en la elección de denunciar un caso de violencia y (3) Identificar si la cercanía a servicios especializados de atención primaria ante casos de violencia es una variable relevante en la elección de elegir denunciar o no una agresión. Para cumplir con los objetivos, se realizan estimaciones econométricas en tres etapas: el modelo de probabilidad lineal (Probit) y el modelo probit bivariado (Bi probit). Los resultados sugieren que ha habido algunos cambios en los patrones de las víctimas entre 2012 y 2017. Asimismo, las estimaciones señalan que, si bien se han reforzado las estrategias de apoyo a víctimas de violencia, la presencia de los CEM no parece ser significativa para las víctimas en su decisión de denunciar un acto de violencia.