Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Alternativas para acreditar en un procedimiento administrativo de protección al consumidor la autorización de operaciones con tarjeta de débito en la Banca Digital
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-22) Pinillos Salinas, Verónica del Rocío; Higa Silva, César Augusto
El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo proponer medios probatorios adicionales que permitan acreditar que el cliente autorizó operaciones con tarjeta de débito en la Banca Digital, en aquellos procedimientos administrativos de protección al consumidor en los que el cliente desconozca haberlas realizado. Actualmente, las entidades del sistema financiero han invertido en el desarrollo de nuevas plataformas digitales que permiten a sus clientes realizar operaciones con cargo a sus cuentas de ahorros con el ingreso de claves secretas. No obstante, pese a que la normativa reconoce este mecanismo (claves), la jurisprudencia evidencia la falta de certeza sobre qué medios probatorios generarían convicción en la autoridad administrativa (INDECOPI) sobre la correcta autorización de este tipo de operaciones. Para ello, proponemos ofrecer como medio de prueba adicional la Revisión de Procedimientos Acordados que, conjuntamente con las impresiones del sistema de la entidad bancaria, permitirá garantizar el correcto funcionamiento de los controles de seguridad en la Banca Digital, así como evidenciar que las operaciones con cargo a la cuenta de ahorros se autorizaron con las claves del cliente- denunciante. Adicionalmente, ante el futuro escenario que la autorización se otorgue con mecanismos distintos a las claves, proponemos la figura del Sand Box Regulatorio que permitirá, antes del lanzamiento de estas innovaciones digitales, contar con las recomendaciones del regulador (SBS) y demostrar al INDECOPI la trazabilidad efectiva de la seguridad de sus plataformas virtuales. Para tales efectos, se considera una metodología de investigación interdisciplinaria, al convocarse al Derecho Bancario y la Protección al Consumidor; así como el método exegético por el análisis de la normativa sectorial y jurisprudencial sobre la materia.
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Los requerimientos de capital en la legislación bancaria del Perú, su relación con la salvaguarda de los recursos del público y los nuevos estándares de Basilea
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-01-28) Ferrari Quiñe, Mario Alberto; Monteagudo Valdez, Manuel
El presente trabajo analiza la evolución de los requerimientos de capital a los bancos en la legislación bancaria nacional, su relación con la salvaguarda de los recursos del público confiados a la banca y los efectos de los nuevos estándares propuestos en los Acuerdos de Basilea con relación a esta materia. Primero describimos como se ha concebido la función del capital social de los bancos. La base de esta descripción es la Ley de Bancos 7159, de 1931, que además de asignar al capital las funciones tradicionales del derecho societario, le atribuía una función de garantía para los depositantes y terceros acreedores. El nuevo rol asignado al capital era reforzado porque este era empleado como un parámetro para determinar la cantidad de dinero u obligaciones que los bancos podían tomar de los depositantes y otros acreedores. Como consecuencia, los bancos debían incrementar su capital para crecer en sus negocios bajo el enfoque de que cuanto mayor era este, mayor era la garantía que ofrecía a sus depositantes y acreedores. Adicionalmente, la Ley fijaba una cantidad mínima de capital requerido para operar un banco. De este modo, se asignó al capital otras funciones adicionales, como servir de valla de acceso a la actividad para quienes deseaban ser accionistas de un banco, imponer un tamaño mínimo de empresa y determinar el monto de dinero que podía captar el banco. Sin embargo, como analizamos en este trabajo, la concepción inicial sobre el capital varió en el tiempo conforme la actividad bancaria creció e incrementó su participación en la vida económica de los países. La preocupación de los reguladores se acentuó en la necesidad de exigir, no solo capital, sino una mayor solvencia como mecanismo de protección a los depositantes y acreedores frente a los riesgos. En 1974, producto de las crisis bancarias en la década de los años 70 del siglo pasado, se creó el Comité Supervisión Bancaria de Basilea. Este organismo internacional propuso el establecimiento de mecanismos que exigían niveles mínimos de solvencia para reducir la desigualdad competitiva entre las instituciones financieras sujetas a regulaciones diferentes en cada país. El Comité de Basilea aprobó los Acuerdos de Basilea I, II y III desde 1988 hasta la fecha. Estos se enfocan en exigir mayor respaldo patrimonial a los bancos en función de la calidad de sus activos y los riesgos que afrontan. Para ello, se propone mejores sistemas de supervisión y regulación bancaria como mecanismos esenciales para mejorar la garantía o cobertura que deben ofrecer los bancos a sus depositantes y acreedores. La parte final de este trabajo se enfoca en analizar cómo la legislación peruana viene adoptando estos Acuerdos y las interrogantes que podrían presentarse por su incorporación en la regulación bancaria.

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