Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Ítem Texto completo enlazado La razonabilidad en la aplicación de las medidas correctivas en el marco del procedimiento administrativo sancionador aplicado por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental : análisis de dos resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-03-02) Cordero Maldonado, Lorena del Pilar; Araujo Meloni, Jean Pierreel año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFAÍtem Texto completo enlazado La búsqueda de la titulación de la comunidad campesina Ccarhuac Licapa : aplicación de una norma y aparición de un conflicto social(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-06-01) Cordero Maldonado, Lorena del Pilar; Salvador Cárdenas, Gabriela Aída; Zambrano Chávez, Gustavo ArturoLas comunidades campesinas ven en sus tierras el espacio para el ejercicio de otros derechos relacionados a su identidad, cultura, soberanía alimentaria y, aquellos que permitan su subsistencia; así, la propiedad comunal defiende más que un espacio de tierra en el cual se edifican construcciones o cercan linderos. Pese a la importancia del tema, la falta de titulación de comunidades campesinas en nuestro país es un problema estatal aún no resuelto que generaría la indefensión de la propiedad comunal. Desde mediados de la década de 1960 hasta la actualidad se han emitido gran cantidad de normas y creado instituciones con distintos matices dependiendo de cada contexto, pero con la única finalidad de lograr la titulación1. Frente a ello resulta pertinente cuestionarse si las acciones estatales han logrado avances para titular a todas las comunidades campesinas del país; sin embargo, si uno revisa datos estatales, vemos que para COFOPRI al 2009 existían 1469 comunidades campesinas en todo el territorio nacional, por su parte según el CENAGRO del 2012 existían alrededor de 6277, mientras que para los gobiernos regionales al 2014 existían 4359 (Defensoría del Pueblo, 2014).