Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Tortura y discriminación en la población LGTBIQ : un análisis de la insuficiente definición del delito de tortura en el Código Penal peruano a raíz del caso Azul Rojas Marín
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-29) Juscamaita Tito, Elizabeth Rosalí; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    En el Perú existe una insuficiente definición de tortura en el Código Penal y la aplicación de esta afecta los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Mediante el análisis del reciente caso de Azul Rojas Marín ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se busca demostrar cómo el Estado no ha tomado las medidas correctas con respecto al tratamiento del delito de tortura a la población LGTBIQ al interpretar este delito de manera limitada y no acorde a las normas del Derecho Internacional, omitiendo principalmente el enfoque de no discriminación.
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    Los muros fronterizos en la era de la globalización : una aproximación desde el derecho internacional
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-02-13) Enrico Headrington, Alessandra; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    El objetivo central de la investigación presentada es demostrar que un muro fronterizo puede ser ilegal a la luz de las obligaciones de los Estados en materia de Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y el Derecho internacional humanitario (DIH). Para tales efectos, se abordan conceptos claves en el Derecho internacional; en primer lugar, se desarrollan las dimensiones y evolución del concepto de soberanía y sus implicancias a la luz del surgimiento de los derechos humanos. En este punto se hace referencia a jurisprudencia de tribunales internacionales que abordan este aspecto, así como a fuentes doctrinales que permiten entender el desarrollo actual y progresivo de ambos conceptos. Asimismo, se describe el proceso de humanización del Derecho internacional, su importancia y las principales críticas. Esto permite comprender por qué los Estados, aun en el marco de su dominio reservado, deben de respetar y garantizar las obligaciones en materia de derechos humanos. En segundo lugar, se desarrolla las implicancias de la aplicación extraterritorial de obligaciones convencionales en materia de derechos humanos en zonas tan sui generis como las fronteras. Esto permite analizar cómo el término jurisdicción ha evolucionado, es decir, que los Estados no solo tienen obligaciones en su propio territorio, sino también en aquellos espacios en donde ejerzan algún tipo de control. En este ámbito se desarrolla el concepto de control efectivo. En el marco de ambos argumentos, se enlistan los derechos humanos y obligaciones de DIH que podrían verse restringidas o vulneradas con la presencia de un muro fronterizo. Finalmente, a partir de la identificación de estos derechos y obligaciones, se hace referencia al concepto de responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Esto conlleva a desarrollar las consecuencias jurídicas de la responsabilidad, como la reparación.
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    El enfoque interseccional como propuesta para una adecuada protección jurídica internacional de la niña en el marco de los conflictos armados
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-09) Gallardo Siguas, Alejandra Estefanía; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    En el marco de un conflicto armado, las niñas se ven especialmente perjudicadas. Esta situación se ve promovida por la discriminación estructural que sufren también en tiempos de paz, principalmente, con ocasión de la intersección de dos factores: su edad y género. Para garantizar su adecuada protección jurídica desde el derecho internacional, la presente investigación sostiene que el enfoque interseccional contribuye significativamente a ello; puesto que, por una parte, permite el entendimiento de su especial situación de vulnerabilidad al analizar el resultado de la interacción de los factores de vulnerabilidad convergentes. Por otra parte, facilita la identificación e interpretación de los estándares jurídicos aplicables al caso en cuestión y constituye una herramienta que coadyuva a garantizar el cumplimiento debido del principio de igualdad y no discriminación, al abordar la situación de discriminación estructural que sufre la niña, al mismo tiempo que orienta las acciones a tomar para la erradicarla. Para sustentar lo dicho, en primera instancia, se sostiene que la niña sufre de una especial vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. En segunda instancia, se argumenta que, tal como están planteados, los estándares jurídicos internacionales no garantizan la protección adecuada de la niña en el marco del conflicto armado, a pesar de que haya una creciente visibilización de la niña en la sociedad internacional. En tercera instancia, se demuestra que la niña sufre, en la práctica, de la afectación de sus derechos de una manera diferenciada sin obtener una respuesta jurídica adecuada. Finalmente, se analizan las contribuciones específicas del enfoque interseccional para garantizar la adecuada protección jurídica de la niña en el marco del conflicto armado.
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    El matrimonio igualitario: Marcando un hito en la lucha contra la discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual aplicado al acceso al matrimonio en el Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-11-20) Castro Barnechea, Claudia Lucía; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual.
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    La implementación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el Perú : un análisis del instrumento internacional desde el contexto peruano
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-07-12) Cortés Cabieses, Micaela; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    Los derechos humanos son considerados como aquellos atributos que tiene el ser humano en su condición de tal. En las últimas décadas, el debate concerniente a la forma en la que las empresas impactan sobre estos y la responsabilidad que ello conlleva ha ido creciendo y cobrando mayor importancia a nivel internacional. Las empresas, como sabemos, se han convertido en un actor muy importante a nivel internacional que, en muchos casos, influye en las actuaciones de los Estados y llegan a afectar su soberanía. Si bien distintas iniciativas han buscado regular ello (ya sean provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos u otros), ninguna ha generado un cambio real. Mientras tanto, una gran cantidad de personas ha sido víctima del desarrollo de las operaciones empresariales, sean del sector minero, textil, hidrocarburos, construcción, banca, salud, entre otros. A nivel nacional e internacional, el sector privado vulnera los derechos humanos y son muchos los Estados (principalmente los subdesarrollados) que han experimentado las complejidades inherentes a la gestión y regulación de este aspecto. Frente a ello, en 2011 (y tras algunas iniciativas poco exitosas de regulación) surgieron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante Principios Rectores), iniciativa impulsada por la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU). Este instrumento buscó, desde un principio, brindar lineamientos para los Estados y las empresas en tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, en miras a evitar una vulneración de los derechos humanos por parte del sector privado.
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    Estándares internacionales de justicia para la transición en el conflicto armado colombiano
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-05-16) Olivera Astete, Jean Franco; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    El conflicto armado no internacional (CANI) que se vive en Colombia lleva más de cincuenta años de existencia. Si bien, como suele suceder en los conflictos armados, no se puede definir una fecha de inicio de las hostilidades, los antecedentes directos al CANI colombiano se pueden rastrear en el periodo conocido como La Violencia (1946-1958), en el cual los partidarios políticos de los liberales y conservadores se enfrentaron en situaciones de tensión que dejaron alrededor de 16 mil personas muertas y 321 mil desplazados.1 Este periodo concluye con el pacto entre ambos partidos tradicionales, mediante el cual se forma el Frente Nacional que es “una coalición entre las élites políticas y económicas dirigidas a proteger sus intereses mutuos, acordado por las facciones liberal conservadora tradicionales, institucionalizando la no competencia entre los actores pactantes”.2 El informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de la Guerra y Dignidad, publicado por el Grupo de Memoria Histórica en el 2013, dividió el conflicto colombiano en cuatro etapas, siendo el comienzo del primer periodo la toma del poder por parte del Frente Nacional en 1958. Dichas etapas son las siguientes: (i) la violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva (1958-1982); (ii) la expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996); (iii) los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva, y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005); y, por último, (iv) las Autodefensas Unidas Colombianas negocian y se desmovilizan. El Estado empuja a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hacia su retaguardia (2005-2012).
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    La trata de personas en el derecho internacional de los derechos humanos un proceso en doble vía: de la esclavitud a la autonomía, de la represión penal a la protección de las víctimas
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-10-13) Marinelli, Chiara; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    La trata de personas es un fenómeno que cada año somete a miles de víctimas en todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes son captados, transportados y explotados dentro y fuera de sus Estados de origen, por grupos criminales organizados o por personas de su propio entorno, perdiendo día a día su libertad, el ejercicio de sus derechos y su dignidad como seres humanos. No existen fronteras ni barreras legales que impidan estos hechos y los mecanismos de acción para la persecución y juzgamiento de los victimarios terminan siendo ineficaces ante la magnitud del problema. No existen cifras precisas sobre la cantidad de víctimas de trata de personas, sin embargo las estimaciones realizadas por distintas organizaciones internacionales plantean números escalofriantes. La Organización Internacional para las Migraciones (en adelante, OIM) considera que en el mundo existen 2 millones de víctimas; mientras que la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) señala que 2.4 millones de personas se encuentran sometidas a trabajo forzado como forma de explotación final del proceso de trata. A pesar de ello, las denuncias formales de casos de trata de personas a nivel internacional son aproximadamente 40 000, lo que deja en evidencia la dificultad respecto de la prevención y persecución de este delito.
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    Fuerza pública y derechos humanos: fundamentos del empleo estatal del arma de fuego en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-09) Villanueva Bogani, Pedro Enrique; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    El empleo de la fuerza pública contra las personas no debe considerase per se una violación de los derechos humanos. La fuerza estatal es una medida excepcional pero válida para el restablecimiento del orden y éste, a su vez, es requisito indispensable para el pleno ejercicio de cualquier derecho fundamental. Según los estándares internacionales, solo cuando existe arbitrariedad en el empleo de la fuerza estatal se configura una violación de los derechos humanos. En el caso del empleo del arma de fuego la regla no es diferente. Sin embargo, por tratarse de una medida potencialmente letal, la jurisprudencia y doctrina internacionales le han puesto mayor atención han generado interesantes reflexiones en torno a tal empleo, enriqueciendo los contenidos de los instrumentos internacionales y delineando de un modo más fino el concepto de arbitrariedad. Factores objetivos y subjetivos de razonabilidad y aspectos aún más técnicos vinculados con la balística, complementan los ya conocidos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el empleo del arma de fuego, aportando una interpretación más equilibrada del nexo existente entre este recurso de fuerza y los derechos humanos “vida” e “integridad física”. La presente tesis apunta a aproximar al lector al más reciente desarrollo doctrinal y jurisprudencial internacional en la materia, vinculando tales contenidos con los conceptos generales de derechos humanos y facilitando una interpretación más mesurada de las causas, formas y consecuencias del empleo del arma de fuego. Con esta base, la tesis analiza seis situaciones reales y cotidianas –usualmente controvertidas-,en las que el arma de fuego es empleada y donde las posturas a favor de la seguridad o a favor de los derechos humanos parecen irreconciliables. Este trabajo busca tender puentes entre ambas posturas y demostrar que un equilibrio no solo es posible sino necesario.
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    Un salto por dar: el derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad en los colegios privados
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-06-01) Constantino Caycho, Renato; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    La presente investigación tiene como objetivo el demostrar la igual obligación de los colegios privados de brindar educación inclusiva a niños con discapacidad. Esto deberá proveerse incluso si genera costos. La tesis está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, se ve cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales en América Latina con respecto los servicios públicos. De la misma forma, se discuten los efectos de las políticas posteriores al Consenso de Washington y cómo se hace necesario una nueva participación del Estado para impedir que la privatización afecte la satisfacción de derechos humanos. Luego de ello, se aborda la razón jurídica de esta determinación: las obligaciones de derechos humanos de los privados. Para justificar esto se plantea cómo el efecto horizontal de derechos humanos afecta a los privados y al mismo tiempo, genera la obligación de proteger por parte del Estado e incluso modifica la tradicional idea de contrato. En el segundo capítulo, se construye la idea de la educación inclusiva. Para lograr ello, se explica cómo surge este concepto educativo y cómo impacta en la vida de las personas con discapacidad. Se muestra cómo la educación siempre fue entendida como un derecho inalienable que no permitía la discriminación ni la segregación. A pesar de tal aparente universalidad, en el caso de las personas con discapacidad se permitieron prácticas que los excluían de la educación regular y los segregaban del resto de niños. Posteriormente, se aborda cómo esta visión cambia y se establece la educación inclusiva como una obligación estatal ineludible (aunque sometida a la progresividad). Este progreso se puede evidenciar en las discusiones que llevaron a la adopción de la CDPD. Adicionalmente, se estudia cómo la implantación de la educación inclusiva como obligación puede generar tensiones con el derecho a la libertad de educación que también se analizarán. El capítulo finaliza explicando cómo el discurso de la educación inclusiva encuentra un soporte filosófico en la teoría de las capacidades de Nussbaum. Esto permite señalar que existe justicia detrás de esta forma de educación y la necesidad de que exista una “solidaridad obligatoria” con respecto a los privados que ofrecen servicios educativos. Finalmente, en el tercer capítulo se aborda cuáles son las obligaciones de las instituciones educativas privadas con respecto a la educación inclusiva. En este sentido, se analiza qué medidas debería tomar un colegio privado para cumplir con los estándares de inclusión que se requieren a partir de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad A partir de estos estándares se analizará la normativa peruana a través de leyes, reglamentos y directivas que han dirigido la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. El análisis buscará confrontar la realidad actual y plantear la necesidad de reformas sobre la educación inclusiva y también sobre el papel de los privados en la prestación del servicio educativo. Por ello, la tesis finaliza con una pequeña propuesta de regulación que busca mejorar los estándares de inclusión existentes.
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    La verdad como forma de reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación a la transición peruana
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-09-05) Olivera Astete, Jean Franco; Salmón Garate, Elizabeth Silvia
    Las sociedades que han superado regímenes dictatoriales o conflictos armados en los cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos presentan dificultades para su regulación desde el Derecho. Ello se debe a que estas sociedades suelen carecer de instituciones fuertes, producto de los hechos ocurridos, por lo que legislar e implementar las normas y políticas públicas necesarias para poder superar la situación en la que se encuentran es una tarea compleja. Desde el Derecho existen dos acciones que usualmente son prioritarias: i) el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y ii) adoptar una legislación adecuada que genere políticas públicas para poder superar las circunstancias adversas en la que estas sociedades se encuentran y se pueda alcanzar la paz. De esta manera, el Derecho en sociedades en transición se relaciona con los objetivos de la justicia transicional como la búsqueda de la verdad, el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, las reparaciones y las garantías de no repetición. Por ello, si bien la justicia transicional surgió como una respuesta frente a algunas limitaciones de la justicia ordinaria, hoy en día, producto de la evolución en los estándares de derechos humanos, se considera que deben ser áreas complementarias y no excluyentes.