Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Informe sobre Expediente E-2783, N° 00025-2021-PI/TC y N° 00028-2021-PI/TC (acumulados), proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N°31307, Nuevo Código Procesal Constitucional
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-23) Valdivia Santillan, Maricielo; Grandez Castro, Pedro Paulino
    La Ley 31307, que adoptó el "Nuevo" Código Procesal Constitucional, fue una de las leyes más polémicas promulgadas en 2021. Cabe señalar que los vicios de forma y de contenido minaron sustancialmente la legitimidad de esta ley a lo largo del proceso legislativo que condujo a su incorporación al ordenamiento jurídico. Ante estas circunstancias se presentaron tres recursos de inconstitucionalidad. Estas denuncias fueron presentadas por el Colegio de Abogados de La Libertad (Exp. 00025-2021-PI/TC) y la Procuraduría Especializada en Materia Constitucional en representación del Poder Ejecutivo (Exp. 00028-2021-PI/TC), respectivamente. El tercer caso de la Corte Suprema (Exp. 030-2021- PI/TC) fue recientemente resuelto por una conformación nueva del Tribunal, cabe precisar que este no será materia de estudio en el presente trabajo. A pesar de la trascendencia de la Ley 31307, el informe emitido por la entonces jueza Marianella Ledesma (Exp. 00025-2021-PI/TC y Exp. 00028-2021-PI/TC acumulados) se limitó a analizar los vicios de procedimiento de la ley sin abordar los fundamentos de su inconstitucionalidad. En consecuencia, la sentencia que se dictó a continuación fue considerada INFUNDADA por no alcanzar los cinco votos necesarios para ser declarada inconstitucional conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Con el fin de demostrar que la Ley 31307 es inconstitucional y que su aprobación y entrada en vigencia debilita y desnaturaliza los procesos constitucionales sin mejorar la eficacia de la justicia constitucional, que debe garantizar una tutela jurisdiccional sencilla, rápida y efectiva, el presente informe jurídico analiza los aspectos formales y de fondo de la ley.
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    Validez constitucional de la Ley 30558, que incorpora el supuesto excepcional de detención flagrante para casos de delitos cometidos por organizaciones criminales
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-26) de la Cruz Marticorena, Erick Eloy; Grandez Castro, Pedro Paulino
    La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el plazo de 24 horas para la detención policial por flagrante delito; es a partir de la Constitución de 1979 que se fijó un plazo excepcional de 15 días únicamente para tres delitos -tráfico de drogas, terrorismo y espionaje-. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos, aproximadamente 84 delitos. La norma materia de estudio es producto de la tensión existente ente la libertad y la seguridad, dialéctica que aqueja a nuestra sociedad. La seguridad viene ganando hegemonía producto del sentimiento de miedo que padecemos frente a fenómenos delictivos como el crimen organizado, este contexto empuja al legislador, con base en el populismo penal, a adoptar medidas procesales que restringen los derechos constitucionales. El problema frente al cual nos encontramos es determinar la validez constitucional de la Ley 30558. Para abordar dicha problemática se desarrolla el presente trabajo desde un enfoque procesal constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad de la acotada Ley que, lejos de ser una medida eficaz para luchar contra el crimen organizado, representa una amenaza inminente contra el derecho fundamental a la libertad personal. Un aspecto central de análisis es desarrollar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para concluir finalmente en la invalidez constitucional de la norma. La presente investigación se justificada teóricamente dada la necesidad de contribuir en el desarrollo doctrinario del derecho penal constitucional.