Revista de la Maestría en Derecho Procesal. Vol. 8 Núm. 1 (2020)

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Tabla de Contenido
  • Presentación Ariano, Eugenia; 3-4

    • Estudios y Notas
  • Notas al margen de una vida universitaria Proto Pisani, Andrea; 6-13
  • Principio de la buena fe procesal en el derecho procesal civil brasileño Didier Jr., Fredie; 14-33
  • Tutela de la evidencia Marinoni, Luiz Guilherme; 34-77
  • El carácter mítico de la cooperación procesal Crevelin de Sousa, Diego; 78-142
  • Tecnología y oralidad en el proceso civil peruano Cavani, Renzo; 143-173
  • Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad: A propósito de la inconstitucionalidad de las infracciones aplicadas por la Contraloría General de la República del Perú Velásquez, Raffo; 174-216
  • Límites de las multas coercitivas en el derecho comparado y su regulación en el Perú Ochoa Coripuna, Andrea Yahaira; 217-238
  • Contradicción por defensas personales en procesos ejecutivos: ¿Incoherencia entre el Código Procesal Civil y la Ley de Títulos Valores peruanos? Grau Castillo, Arturo Saúl; Castillo Yarlequé, Álvaro; 239-263

    • Remembranzas
  • Razón y acción Betti, Emilio; 265-307

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    Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Crevelin de Sousa, DiegoTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Cooperación procesal

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      El carácter mítico de la cooperación procesal
      (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-08-20) Crevelin de Sousa, Diego
      El trabajo examina críticamente dos autoproclamados pilares de la cooperación procesal elaborada por la “doctrina cooperativista” brasilera: la preocupación por una división equilibrada de tareas y el redimensionamiento del contradictorio hacia un sentido fuerte. Se defiende que el primero no se sustenta en sus propias premisas internas y que el segundo no es una peculiaridad que distinga al modelo cooperativo de los demás. De otro lado, se sustenta que los deberes de cooperación o son meras metonimias o son inconstitucionales, principalmente el deber de auxilio, que mantiene y amplía los poderes de dirección formal y material del proceso por el Estado-juez.