Derecho Público y Buen Gobierno

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    La participación ciudadana ambiental efectiva como mecanismo de buen gobierno : Análisis de los casos “Las Bambas y “Tía María”
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-04-08) Queirolo Romero, Ana Paula; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo académico se realizó bajo el método histórico, documental y comparativo, y aborda desde la visión de buen gobierno a la participación ciudadana efectiva. Para ello se comienza explicando que se entiende por participación ciudadana de forma general y luego que es participación ciudadana ambiental. Es ahí donde se hace una breve descripción del marco legal y los aspectos institucionales del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de cara a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana durante los procesos de evaluación de impacto ambiental, dentro de los cuales se encuentran el enfoque multicultural y el enfoque de género; y luego se analizan dos casos emblemáticos, correspondientes a los proyectos mineros “Tía María” y “Las Bambas”, dado los aspectos socioambientales que involucran. La finalidad del presente trabajo académico es hacer un recorrido en cuanto a la regulación nacional aplicable a la participación ciudadana ambiental y centrarla en el contexto político actual de auge de la inversión privada, sobretodo en cuanto a los proyecto mineros y como ha sido la actuación del Estado frente a ello, dado que el objetivo es verificar si los mecanismos que ha implementado para recuperar la falta de confianza por parte de la población de cara a los intereses del privado están dando resultados. Finalmente se concluye que aún persiste el gran reto de seguir trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, pues el cumplimiento formal de las normas por sí solas no basta, siendo necesaria la implementación del concepto de buen gobierno como derecho fundamental.
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    La aplicación de las cláusulas abusivas en el código de protección y defensa del consumidor y la posible vulneración de los artículos 58° y 59° de la Constitución de 1993
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-04-01) Herrera Carrasco, Kristiam; Higa Silva, César Augusto
    Las cláusulas abusivas sirven para evitar contratos de consumo exorbitantes o injustificados para el consumidor sin que éste haya sido advertido, lo cual afecta directamente al desarrollo del mercado. La discusión, por lo tanto, surge si la existencia de esta regulación está debidamente justificada para corregir las fallas del mercado. O, por el contrario, sobreprotege al consumidor bajo la débil premisa de que estas cláusulas evitan el supuesto abuso de las empresas sobre los servicios o productos que ofrecen en el mercado, a pesar de que el consumidor debería ser diligente al leer y conocer todas las cláusulas de un contrato. De este modo, el presente trabajo busca responder las interrogantes que podemos encontrar en la aplicación de las cláusulas abusivas en el contrato de consumo bajo el marco constitucional. Ante ello, este debate nos hace preguntarnos si la falta de diligencia del consumidor al leer las cláusulas de un contrato para que decida libremente si opta o no por el servicio o producto, justifica la sobreprotección del Estado frente al error de no leer las condiciones establecidas por el proveedor. Finalmente, este trabajo concluye que la regulación de las cláusulas abusivas origina, en algunos casos, la vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en la Constitución, en especial a la libertad de organizar su modelo un negocio que sí cumple con brindar la información e idoneidad requerida. Como consecuencia, la Administración muchas veces interviene para establecer cómo se tiene que conducir una empresa a pesar de que cumpla con los principios y derechos de información e idoneidad, sin considerar las razones económicas que tiene cada negocio para el desarrollo de su actividad empresarial, afectando de esta manera el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el derecho a equivocarse del consumidor no justifica una sobreprotección del Estado si se refuerza la regulación de la información e idoneidad en vez de las cláusulas abusivas. Puesto que puede ocurrir como el conocido caso de Cineplex vs Aspec, en el que la Sala ha asumido un derecho inexistente en nuestro ordenamiento, el cual esta investigación ha denominado: “el derecho a ingresar con productos alimenticios adquiridos fuera del establecimiento para acceder a ver una película”, ya que de esta sería la única manera que justificaría su intervención en el caso analizado para proteger al consumidor.
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    La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Díaz Kong, Alejandra Saraí; Higa Silva, César Augusto
    Dada la distinción doctrinal entre las marcas notoriamente conocidas, las cuales han obtenido gran reconocimiento en el sector donde se comercializan los productos o servicios y las marcas renombradas, las cuales han obtenido gran reconocimiento más allá del sector pertinente, la sala de propiedad Intelectual del Indecopi en el precedente de observancia obligatoria Resolución 2951-2009/TPI-INDECOPI, no solo no realiza la distinción entre ambas, sino que asigna el riesgo de dilución, riesgo reservado a las marcas renombradas, a las marcas notoriamente conocidas, perjudicando a diferentes actores del mercado, dada la protección excesiva a este tipo de marcas.
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    Reflexiones sobre la Naturaleza del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Herrera Olivares, Oscar Eduardo; Higa Silva, César Augusto
    El procedimiento administrativo de eliminación de Barreras burocráticas ha sido el centro de un debate entre juristas que argumentan a favor de posturas encontradas: algunos sugieren que este procedimiento es de naturaleza trilateral con características especiales y otros una minoría opinan que este procedimiento no calza en ninguna forma especial tal y como lo señala la ley del procedimiento administrativo general de modo que al no ser trilateral ni sancionador sería un procedimiento administrativo como cualquier otro. Es así que el presente artículo inicia estudiando las generalidades de los distintos tipos de procedimiento administrativo ( El general y los especiales -trilateral y sancionador), las características del procedimiento de eliminación de Barreras burocráticas y rasgos fundamentales, así como un repaso de los conceptos relacionados para finalmente dar una respuesta y plantear una conclusión.
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    La aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas para casos médicos en materia de protección al consumidor
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Terrazas Cosio, Bresia Rosalid; Higa Silva, César Augusto
    La teoría de la carga probatoria dinámica, jurisprudencialmente reconocida y aplicada en el Perú -especialmente en casos médicos en materia de Protección al Consumidor- fue utilizada discrecionalmente a criterio de los Colegiados del INDECOPI y, respecto a su momento de aplicación, recién planteada en las resoluciones finales de las denuncias presentadas por los consumidores. Al respecto, en el presente trabajo se propone la fijación de ciertos requisitos mínimos que permitirían un mejor entendimiento y aplicación de la teoría en mención en nuestro país, valiéndose de la doctrina res ipsa loquitur. Asimismo, se plantea que el juzgador ponga en conocimiento de las partes la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica antes de la emisión de la resolución final, con el fin de no vulnerar el derecho de defensa de las mismas y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
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    El estado de necesidad justificante como eximente de responsabilidad administrativa: análisis del procedimiento administrativo sancionador por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión por municipalidades de zonas rurales y de preferente interés social en el Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Linares Ormeño, Glendy Mishell; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención.
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    La intervención de los organismos reguladores en los procesos arbitrales entre el Estado y la empresa privada a propósito del Decreto Legislativo N°1224
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Fernández Rodríguez, Yulli Silvana; Higa Silva, César Augusto
    El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Esta nueva ley mantiene el artículo que dispone que se podrán someter a arbitraje nacional o internacional las controversias de carácter patrimonial derivadas de las concesiones y establece en su artículo 23°:
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    Buen gobierno y fiscalización: implicancias de la actividad de policía en el desarrollo estatal
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-05) Calderón Jiménez, Annie Teressa Guadalupe; Higa Silva, César Augusto
    Cuando hablamos acerca del Estado de Derecho es inevitable hacer referencia a la defensa de los derechos fundamentales de las personas dentro de la sociedad, sin embargo el Estado de Derecho se encuentra estrechamente vinculado con los conceptos de Buen Gobierno y de Gobernanza. El primero hace referencia a la actuación de los poderes públicos en el marco de sus competencias constitucionales mientras que el segundo se encuentra vinculado al proceso de formación de nuevos y flexibles marcos regulatorios para orientar la interacción entre una pluralidad de actores públicos y privados en el proceso de toma de decisiones respecto de asuntos públicos. En el contexto del ejercicio de las funciones gubernamentales, la gobernanza es el proceso por el cual los gobiernos adoptan sus decisiones, conducen los asuntos públicos y gestionan sus recursos. Por lo tanto la gobernanza se encuentra referida “al conjunto de procesos de formación de marcos regulatorios mediante los cuales el Estado desempeña sus funciones o, en otras palabras, que determinan la forma en el que el Estado ejerce el poder” (Castro 2015:02)